Luego de que ANÁLISIS revelara la existencia de posibles excepciones en las bajas que se están ejecutando en el Senado, trascendió que en los primeros días de esta semana habrá una reunión de seguimiento entre autoridades del gobierno provincial y de la Vicegobernación. “No va a haber excepciones”, sostuvo una fuente del Poder Ejecutivo consultada. No se descarta el impulso de procesos judiciales contra quienes cobraron sin cumplir con su función e incluso se piensa en el recupero de los fondos.
El caso más saliente que trascendió de los presuntos “salvados” es el del ex diputado provincial Rubén Almará, propietario de Radio La Voz, quien desde tiempos de la Vicegobernación de Adán Bahl cobra mensualmente un sueldo del Senado sin trabajar, bajo distintos formatos de contratación.
Su situación de revista, designado en planta permanente por la ex vicegobernadora Laura Stratta en el último tramo de la gestión anterior, es similar a la de muchas personas a las que ya les comunicaron la cesantía. Pero sus intensas gestiones a distintos niveles produjeron llamados al más alto nivel político e hicieron pensar en la posibilidad de una excepción. La distinta vara molestó en ámbitos legislativos y varios de los desplazados amenazaron con ir a la justicia con ese argumento.
Según pudo saber ANÁLISIS, la situación de Almará y la de otros que presionan por quedarse -entre ellos varios ex funcionarios del gobierno de Gustavo Bordet- están siendo miradas de cerca desde el Poder Ejecutivo. Sucede que, tal como comunicó en su momento la vicegobernadora Alicia Aluani, fue el propio gobernador Rogelio Frigerio el que dio la orden a los presidentes de ambas cámaras de sanear las designaciones irregulares.
En la Cámara de Diputados continúa en desarrollo un proceso que se inició apenas comenzada la gestión y que cobró notoriedad por el apartamiento de dos hijos de Bahl que, según se detectó, no concurrían a trabajar. En el Senado, recién comenzaron a conocerse algunos desplazamientos, en el marco de fuertes presiones tanto desde el peronismo como desde el gremio de empleados legislativos que conduce el presidente de la UCR, Fuad Sosa.
“Se avanzó más lento de lo que nos gustaría”, confió a este medio una fuente del Poder Ejecutivo. También informó que en los primeros días de esta semana habrá una reunión con autoridades del Senado para hacer “un seguimiento” de lo que viene sucediendo. Y aseguró que “no va a haber excepciones”.
Otro punto en estudio es la posibilidad de judicializar el tema, una vez que se tenga un panorama integral de lo que se encontró en las revisiones realizadas en la Legislatura. Puntualmente, se analiza la posibilidad de promover acciones penales bajo la figura de fraude a la administración pública, tanto contra los designados que cobraron y no cumplieron con su trabajo como contra quienes firmaron las designaciones en cuestión, autorizando simultáneamente licencias en decenas de casos, lo que se está viendo no como situaciones aisladas, sino como una maniobra en perjuicio del Estado. Según se indicó, medidas de esta naturaleza tendrían como consecuencia la exigencia de la devolución de los fondos en cuestión.
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