La justicia aceptó que la Unidad de Información Financiera sea querellante en el caso de la cueva financiera que manejó Yamil Benavidez, oriundo de Diamante.
La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió aceptar como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa judicial por la cueva financiera que tiene a cinco personas acusadas de actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y lavado de activos, entre otros delitos. «La Rosadita», como se conoció la financiera, funcionó hasta 2023 en un departamento del exclusivo Complejo Amarras Center, en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe.
El principal acusado de la causa es el entrerriano Yamil Benavídez, alias “Turco”, de 40 años. Oriundo de Diamante, militó activamente en la UCR de esa ciudad y que luego se radicó en Santa Fe, donde estudió Derecho en la UNL y continuó con su militancia política.
Asimismo, en 2016 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control; y en 2017 fue nombrado por José Corral, por entonces intendente de Santa Fe, como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial. También fue asesor del Concejo Deliberante de Santa Fe.
A principios de febrero, el juez federal Carlos Vera Barros le otorgó la prisión domiciliaria y le impuso el pago de una fianza, por un monto no menor a $ 900.000.000. Los delitos que le endilgan, son: “intermediación financiera no autorizada”, “defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito” (39 hechos), “lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad”, y “recepción de bienes provenientes de un ilícito penal”.
La cueva financiera funcionó hasta septiembre de 2023, cuando un allanamiento descubrió la trama. Más de 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, cuyas cuentas se utilizaban para la compra y venta de dólares, fueron incautados en el allanamiento al departamento que habitaba Benavidez y que dio origen a la investigación.
Según la acusación, Benavídez no actuaba solo, sino que la empresa ilegal tenía a su expareja y contadora María Laura Miassi, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, primo de Benavídez, también oriundo de Diamante; así como Carlos Raúl Quartucci, quien habría actuado como cómplice en las maniobras de lavado de activos, a su vez socio en la Consultora La Resistencia.
A todos les atribuyeron distintos roles en torno a “actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos”, que desarrollaron principalmente “desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023”.
El día señalado como el fin de la actividad de la “cueva” financiera, la policía de Santa Fe realizó un allanamiento en un departamento situado sobre calle Sara Pinasco de Julierac N°1760, del Complejo Amarras Center, Torre 2, piso 12 “c”, en un exclusivo condominio de la ciudad de Santa Fe. La intervención de la fuerza de seguridad se concretó por otro motivo: el inquilino había sido denunciado en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia por retención de bienes. Sin embargo, a partir del hallazgo de gran cantidad de “elementos compatibles con la existencia de delitos contra el orden económico y financiero”, se dio intervención al fiscal federal Rodríguez.
A juicio
A fines de octubre de 2024, el fiscal Rodríguez dio por concluida la investigación y, junto a los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante Juzgado Federal.
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