El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, se refirió al enfrentamiento que mantiene el gobierno nacional con algunas provincias por la coparticipación federal de impuestos y comentó la situación de Entre Ríos.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes reveló que la pelea de Milei con las provincias por la coparticipación se viene “siguiendo atentamente en varios ámbitos; en primer lugar, desde el gobierno de la provincia el gobernador permanentemente da instrucciones respecto a cómo es la relación fiscal entre la Nación y la provincia, que es compleja porque todo lo que hace a los recursos coparticipables, fondos afectados, fondos especiales, recursos del Presupuesto nacional para determinados gastos o inversiones que se hacen en la provincia, todo eso conforma un entramado jurídico muy complejo al que permanentemente estamos controlando e informándonos”.
Al respecto explicó que “el tema del derecho de la coparticipación es fundamental, es un tema constitutivo del país. La construcción del derecho de la coparticipación no es del Congreso de la Nación argentina, no es del Poder Ejecutivo nacional ni de las Legislaturas provinciales sino que es un derecho que se va armando, se va constituyendo a partir de pactos fiscales que son luego ratificados por el Congreso y por las Legislaturas. Así viene siendo desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y así se viene plantando en toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que no se pueden modificar unilateralmente las reglas de juego de la distribución de recursos, porque hay que partir de la base de que los recursos no son ni de la Nación ni de las provincias, son de todo el país, y después hay un sistema por el cual se los redistribuye, pero hay que ser muy respetuosos de ese sistema porque es un sistema de pactos, y a eso la Corte lo tiene dicho en muchas causas”.
Como ejemplo, mencionó una causa que planteó la provincia “en 2019 cuando el entonces Presidente modificó el impuesto a las Ganancias y el IVA, se planteó una cautelar que nos hizo lugar la Corte y después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando hubo una modificación de la coparticipación, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis que obtuvieron la inconstitucionalidad de las prórrogas de determinados pactos fiscales unilateralmente. Es decir, este es un derecho que exige el compromiso de todas las partes y no es modificable discrecionalmente ni unilateralmente”.
Sostuvo que “en estos días, este tema se habla permanentemente a partir de que se suspendió la remisión de fondos para el transporte, porque ya ahí Chubut tuvo una primera acción, llamada autosatisfactiva planteada en el Juzgado Federal de Chubut, y luego una segunda acción que planteó el gobernador en el mismo Juzgado y que obtuvo una medida favorable”.
No obstante, aclaró que “si bien esto ha sido muy difundido, nosotros tenemos nuestra visión respecto a que los temas de coparticipación la competencia la ejerce la Corte Suprema de Justicia, no hay que llamarse a engaño y ver bien con mucha precisión que quizás una sentencia de un Juzgado Federal en Chubut no tiene la eficacia que debe tener. Realmente las controversias entre la Nación y las provincias son materia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Confirmó por otra parte que el goteo por coparticipación hacia la provincia de Entre Ríos “funciona regularmente de acuerdo a la ley 23.548 y hay una comisión federal de impuestos con representación de todas las provincias que controla que esa ley se cumpla. Esa ley se viene cumpliendo, no hay denuncias de incumplimiento en la comisión federal de impuestos por parte de Entre Ríos, pero parece ser que Chubut tuvo este problema porque le descontaron de otro contrato que tenían con el fondo fiduciario y que habían comprometido concesión de la coparticipación. Por allí viene el conflicto, pero Entre Ríos hasta el momento tenemos esta situación de que la coparticipación de impuestos, IVA y Ganancias, no ha sido afectada, no podría ser afectada y no hay motivos para que lo sea”.
De todos modos, advirtió que “toda la discusión está dada sobre otras cuestiones, como por ejemplo el caso de obras públicas que la provincia contrató pero que el financiamiento es nacional, ahí hay un problema; o aquel viejo problema del financiamiento del déficit previsional de la provincia que siempre fue insuficiente, a pesar de que se firmó un pacto fiscal en 2017 –cuando el ministro del Interior era el actual gobernador de Entre Ríos-, y especialmente desde 2020 fue insuficiente el mecanismo de financiamiento de ese déficit. Esos son los temas que están en análisis, en observación, pero no el mecanismo de la coparticipación en sí misma”.
Consultado por la existencia de reclamos presentados en esta gestión ante Fiscalía de Estado, Rodríguez Signes apuntó que “estamos en una situación bastante regular, muy expectantes porque nosotros nos nutrimos en un 75% de los recursos de coparticipación y en un 25% aproximadamente de recursos propios –ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor- y la custodia del cumplimiento del régimen de coparticipación es un tema importante, pero hasta ahora venimos regularmente con ese tema. Después los juicios de la provincia son los de siempre, los que normalmente afrontamos, ya salimos de la feria judicial y no hay una situación distinta de la que ha habido en otros años”.
Aclaró que “si hay reclamos por falta de envío de ciertos fondos serán administrativos pero todavía no ha tenido una expresión judicial” y admitió: “Lo que a mí me preocupa y al gobierno, son los contratos que ha hecho la provincia con financiamiento nacional, porque si se cortó ese financiamiento, hay que revisar si tenemos algún tipo de acción pendiente”.
Y agregó que “lo otro importante es que cuando se produjo la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias, la provincia se vio perjudicada y ahí nosotros pedimos un informe al Ministerio de Economía de la provincia que nos dijo que había una disminución de la recaudación de coparticipación federal producto de esa modificación que se hizo en época del ex ministro (Sergio) Massa. Hay provincias como Mendoza y Corrientes que han demandado y el resto de las provincias estamos estudiando si hay una alteración ilegitima del sistema de coparticipación, porque ahí sí hay una modificación en perjuicio de las provincias”.
Consultado por la estructura de la Fiscalía de Estado, puntualizó que el organismo “tiene 130 empleados entre abogados, contadores, administrativos y demás; tenemos una planta estable desde que soy fiscal de Estado porque nunca pedí mayor cantidad de cargos, pero lo que pueden darse son situaciones de transferencia de personal porque el gobernador de la provincia dictó un decreto en el cual prorrogó las adscripciones y los contratos temporarios hasta el 29 de febrero –o sea hasta mañana- y en ese plazo había que ir regularizando situaciones, trabajo que hemos hecho. De ninguna manera se da el caso que se dio en la Cámara de Diputados o Senadores donde hubo designaciones de tipo político, acá eso no existe, acá los ingresos son de profesionales que hacen su carrera dentro de la Fiscalía y nuestra fortaleza está ahí, en la profesionalización. En el caso del ingreso del ex presidente del Copnaf, Gabriel Leconte, pasó a la Dirección de Sumarios como un asesor más de la Fiscalía pero viene con una transferencia de cargo, así como nosotros hemos cedido personal a otras oficinas. Esto es normal”.
“Además veo positivo ese decreto que estableció la prórroga de los contratos para analizarlos caso por caso, pidiendo que cada organismo haga su informe y justifique fehacientemente la contratación o la adscripción, y en el caso de que la adscripción sea de mucha antigüedad, hacer las transferencias de cargos y regularizar las situaciones. Veo en el gobernador una preocupación por hacer un ordenamiento de la administración que me parece muy positiva y muy sana y en esa línea estamos trabajando”, concluyó.
