La normativa elaborada por ediles de Juntos por el Cambio en Concordia busca prevenir y castigar la falta de cumplimiento de la obligación a los chicos. Los objetivos que persigue la sanción por incumplimientos de cuota alimentaria.
Mediante una aprobación unánime en Concordia se creará un Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos. La normativa persigue una doble finalidad: por un lado, prevenir el incumplimiento de los deberes asistenciales y por el otro, reparar la situación de desamparo en la que se encuentra el niño.
Se trata de un proyecto presentado por los concejales de Juntos por el Cambio, Carola Laner y Luciano Dell’Olio. La norma está conformada por 15 artículos, en los cuales se establece que en el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos se deberán atender diversas funciones como por ejemplo la creación de una base de datos; extensión de certificado de Libre Deuda Alimentaria, comunicación con Tribunales; inscripción o baja en el Registro; además de hacer una convocatoria a los sectores de la sociedad que tengan incumbencia en los objetivos de la ordenanza, entre otros aspectos.
“Este registro constituye una herramienta de protección para aquellos que pese a tener reconocido judicialmente su derecho alimentario, se ven imposibilitados de recibirlo. Es una medida de acción positiva que el Estado ha adoptado, teniendo en miras el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de prevenir y sancionar la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria y compeler al deudor a regularizar su situación”, explicó a Uno la edil Carola Laner.
Los autores de la normativa agradecieron a los integrantes del Instituto de Investigación para la Igualdad y Equidad de Géneros; a la Comisión de Noveles y a la familia del Colegio de Abogados, como así también a los Jueces de Familia por sus aportes para enriquecer el proyecto de ordenanza que finalmente y tras dos años de espera, fue aprobado por unanimidad.
“Se busca evitar que se vulneren los derechos de los niños y con ello lograr una mejor calidad de vida en aquellos que, por esta evasión, se hallarían en calidad de desamparados”, agregó la edil. Para el logro en el cumplimiento de la medida se necesitará de una acción articulada entre el municipio y el sistema de justicia local.
“Esta normativa persigue una doble finalidad; por un lado, busca prevenir el incumplimiento de los deberes asistenciales y por el otro, reparar la situación de desamparo en la que se encuentra el niño”, agregó.
“Resulta una obligación del Estado proteger a los sectores más vulnerables contra los abusos de aquellos que, llamados por la ley a cumplir con su principal obligación, decidan deliberadamente y en perjuicio de su familia, eludir dichas obligaciones”, detalló.
Además, Laner hizo hincapié en que constituye una herramienta para afrontar uno de los tipos más comúnmente infundados y menos abordado sobre la mujer y la familia, “como lo es la violencia económica y patrimonial receptada por el art. 5 inciso 4 de la Ley N° 26.485 adherida por nuestra provincia mediante Ley N°10.058”. En fin, la indicó: “Esta obligación pesa no sólo sobre el progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también, sobre el progenitor no conviviente».
El registro público de deudores alimentarios morosos creará una base de datos en aquellas personas que adeuden parcial o totalmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados y homologados por sentencia firme.
Dentro del marco regulatorio, los organismos y dependencias de la Municipalidad otorgarán habilitaciones, permisos, concesiones, licencias de todo tipo, previa presentación de Certificado de Libre de Deuda Alimentaria exigida por el Registro de Deudores Alimentarios, cualquiera sea su situación de dependencia.
