Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión por corrupción.
La noticia se confirmó este lunes por la mañana a ANÁLISIS. El exgobernador y exembajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, ya está de vuelta en el país. Según se precisó, el exmandatario permanece en su departamento de Capital Federal, ubicado en calle Lafinur, una de las propiedades que componen su patrimonio junto al chalet de calle Garat en Concordia y la mansión del Lago, entre otros bienes.
Urribarri fue condenado por un tribunal de Juicios y Apelaciones en Paraná, el 7 de abril pasado. Recibió 8 años de prisión por los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Fraude. Desde entonces, presentó su renuncia al cargo de embajador, la que fue rápidamente aceptada por Cancillería y la Presidencia de la Nación. Sin embargo, el trámite quedó a despacho sin firmar y eso demoró la vuelta del exgobernador al país. Incluso, despertó cierta indignación en algunos sectores cuando se lo observó participar de actos patrios en la embajada de Israel, por los festejos del 25 de Mayo.
Actualmente, las cinco causas acumuladas que se ventilaron desde los últimos días de septiembre de 2021 y terminaron en la condena del 7 de abril pasado, están en trámite de apelación, tras un recurso presentado por el equipo de defensores en la Cámara de Casación Penal de Paraná.
Esas no son las únicas causas por corrupción que enfrenta el exgobernador entrerriano. Posteriormente a la sentencia condenatoria, Urribarri y dos exfuncionarios de su gobierno fueron sobreseídos en una causa que investiga cohecho, y que también involucra al empresario paraguayo y amigo personal de Urribarri, el contratista del Estado, Diego Armando Cardona Herreros; y al exministro de Trabajo de la provincia e hijo del recientemente jubilado vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Smaldone, entre otras personas. Para este legajo ya se hizo el requerimiento de elevación a juicio y también está en trámite de apelación.
Asimismo, el exmandatario provincial y varios de sus familiares tienen abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ese proceso está en plena etapa de investigación, dado que se realiza una pericia contable.
Las causas que aquejan al exgobernador, funcionarios de su gobierno y familiares, fueron coordinadas por la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal (MPF), Cecilia Goyeneche. Después de la condena a Urribarri, la fiscal enfrentó un jury de enjuiciamiento que la destituyó del cargo. En su defensa, ubicó a Urribarri como motor detrás de la embestida en su contra. Actualmente, ese proceso y la decisión del Jurado de Enjuiciamiento están, también, en trámite de apelación.
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