Comprende a los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, excepto que desempeñen tareas como «personal esencial», personas con enfermedades o con hijos en edad escolar. De lo contrario, el otorgamiento será optativo para el empleador.
Las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a las licencias por el coronavirus con el pago de las remuneraciones habituales al igual que el resto de los trabajadores.
Esto significa que comprende a los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, excepto que desempeñen tareas como «personal esencial», como por ejemplo el cuidado de una persona que requiere una asistencia permanente.
También abarca a las trabajadores/as considerados grupos de riesgo, como diabéticos o con enfermedades cardíacas, o trabajadoras embarazadas. Y a los trabajadores/as con hijos en edad escolar.
El personal doméstico menor de 60 años que no integra los grupos de riesgo o no tienen chicos en edad escolar y prestan servicios en casas cuyos empleadores tienen más de 60 años no dispone de esas licencias obligatorias. En esos casos, el otorgamiento de la licencia es optativa para el empleador.
Por esa razón, Matías Isequilla, abogado laboralista y asesor de organizaciones sindicales ante la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares le dijo a Clarín que no obstante que «el trabajo doméstico se presta casi invariablemente en hogares o casas particulares, no se ha dictado resolución alguna que exima a las trabajadoras domésticas de concurrir a sus lugares de trabajo en los casos en los que sus empleadores o algún miembro de su familia y/o grupo conviviente se encuentran en «cuarentena» y/o integran los grupos de riesgo».
Por eso, agregó, diversas organizaciones sindicales que integran la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares reclamaron «el dictado de una norma que específicamente disponga una licencia con goce de haberes también para esos supuestos».
Según el INDEC, en los hogares privados con servicio doméstico hay 1.730.000 puestos de trabajo, de los cuales 515.000 están registrados ante la Seguridad Social y 1.214.000 trabajan en la informalidad. De los registrados suman 45.221 los mayores de 60 años.
Este alto nivel de informalidad dificulta en mayor medida, en el contexto de esta emergencia, el cumplimiento de las normas sanitarias y laborales.
