Los fiscales que investigan delitos de corrupción en la provincia, son blanco de permanentes cuestionamientos por parte de los abogados defensores de funcionarios investigados. El último hecho que ocurrió en este sentido fue la denuncia contra el procurador General Jorge García. El abogado Carlos Reggiardo, defensor del ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi -dos veces condenado-, hizo una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento por falta de idoneidad, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de sus funciones. Por eso, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos emitió un comunicado expresando “preocupación” y remarcó la existencia de los “carriles institucionales para refutar las decisiones tomadas”.
Las críticas se vienen sucediendo desde hace tiempo. Podría decirse que es un permanente intento de correr del eje los hechos investigados por corrupción y argumentar que sólo se trata de una cuestión política. En esa línea se inscriben hechos como la denuncia al procurador García y el planteo para sacarle la causa de los contratos truchos de la Legislatura a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Entre los argumentos esgrimidos, se ha dicho que la causa de los contratos tiene origen en una puja entre poderes -el Legislativo y el Judicial-, que comenzó con los intentos de jury al ex vocal Carlos Chiara Díaz y la vocal Claudia Mizawak. También se suma a esa idea, por ejemplo, el argumento esgrimido en distintos procesos en trámite, que sostiene la imposibilidad de investigar hechos administrativos que ya pasaron por los organismos de control como el Tribunal de Cuentas, abonando la idea de la intromisión de funciones entre un poder y el otro.
En este contexto, La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos manifestó “su preocupación por los continuos cuestionamientos que reciben quienes tienen a su cargo investigar delitos contra la administración pública entrerriana”. En un comunicado enviado a ANÁLISIS DIGITAL, señalaron que “la entidad, que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales de la provincia, se expresó así a raíz de la denuncia de destitución que se interpuso contra el Procurador General, Jorge Amilcar García, como también, al pedido que efectuó un grupo de abogados para inhibir a la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la causa donde se investiga los contratos en la Legislatura entrerriana”, precisaron.
Por eso remarcaron que “existen carriles institucionales para refutar las decisiones tomadas y, por esa vía, canalizar los reclamos o cuestionamientos a los actores del proceso judicial, conforme a las reglas que rigen al Estado Constitucional y de Derecho”. (Análisis)
