El Ministerio de Gobierno y Justicia procedió a darles destino a los bienes decomisados en juicios abreviados por infracción a la ley de narcomenudeo en la provincia. Una camioneta fue destinada a Salud, en tanto que un vehículo y una moto fueron a la Policía.
Dicha distribución se da en el marco decreto 2193, que reglamenta la creación del Registro de Bienes Decomisados y Beneficios Económicos para la Ley de Narcomenudeo, que comenzó a regir en mayo en Entre Ríos.
La ley provincial N° 10.566 que adhiere a la ley Nacional N°23.737 de lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, prevé una distribución porcentual de los bienes decomisados, para las áreas del Estado que trabajan en la problemática tanto desde el combate del delito como de la prevención y contención.
Al respecto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, explicó: “El delito de narcomenudeo afecta grandemente a nuestra población, sobre todo a nuestra juventud. Es por eso que en la ley se pensó que las incautaciones de bienes que se realicen sean destinadas en un 40 por ciento para la Policía de Entre Ríos; un 40 por ciento a Salud y un 20 por ciento a Desarrollo Social, convirtiéndose en un círculo virtuoso, porque son bienes que vienen del delito pero terminan en una función estatal de bien público”.
A través de la resolución 563, el Ministerio de Gobierno y Justicia destinó una camioneta Ford Eco Sport al Ministerio de Salud, en el marco de la causa “Duarte Silvina, Tagleabue Rafael, Albornoz Joaquín y Gómez Sergio por infracción a la ley 10.576”, juicio abreviado del juzgado de garantía Nº1 de Paraná.
Asimismo, por resolución 562 se destinó a la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos un vehículo marca Chevrolet Prisma, un motovehículo marca Honda Titán modelo GC 150 cc y una balanza digital, en el marco de las causas “Latorre Maximiliano Rubén, Diego Andrés y Hugo Javier, por infracción a la ley 23.737“, juicio abreviado juez de garantías Nº2; y “Duarte Silvina, Tagleabue Rafael, Albornoz Joaquín y Gómez Sergio, por infracción a la ley 10.576”.
