El área creada en 1985 quedó bajo la lupa luego del crimen de Micaela García. Una jueza advierte que no cumple con las pautas de asistencia.
El brutal femicidio de Micaela García ocurrido hace más de un año generó un verdadero terremoto político y judicial en la provincia de Entre Ríos. La salida bajo el régimen de libertad condicional de Sebastián Wagner, por disposición del juez Carlos Rossi, le costó la vida a la estudiante gualeya de la forma más aberrante: fue secuestrada, violada y asesinada. El autor del crimen cumplía una condena de nueve años de prisión por dos violaciones y un informe profesional desaconsejaba su salida, un antecedente que Rossi prefirió ignorar y que lo expuso a la condena social.
El caso, cuya repercusión se multiplicó por una amplia cobertura mediática, también puso bajo la lupa el rol del Patronato de Liberados, pero en especial el funcionamiento del sistema judicial entrerriano. El discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa volvió a poner en foco la necesidad de implementar reformas en el Poder Judicial y adecuar la estructura del Patronato de Liberados a la realidad del siglo XXI. En la semana que pasó ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la existencia del organismo, según confirmaron a UNO fuentes gubernamentales.
La iniciativa se basa en tres ejes conceptuales: la elección de un director por concurso, la creación de cuatro delegaciones regionales y órganos colegiados auxiliares (una mesa interdisciplinaria de abordaje y un gabinete de control y seguimiento) que deberán contribuir a la misión de «reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional». No es el único proyecto legislativo referido al tema, ya que el año pasado la diputada Ayelén Acosta (Cambiemos-Paraná) había elaborado una propuesta que ingresó en la Cámara Baja.
En sus considerando establece la creación de la Dirección Provincial del Patronato de Liberados, que deberá estar a cargo de un profesional universitario que provenga de las Ciencias Sociales; también habrá tres jefes de áreas operativas, que estarán acompañados de oficiales de libertad condicional y un equipo técnico interdisciplinario, entre otros aspectos. Condiciones precarias El Patronato de Liberados tal como se lo conoce fue creado mediante la ley Nº 6280 en febrero de 1985 durante el primer mandato de Sergio Montiel.
La institución se había disuelto en 1991 por ley 8613 y por decreto 2539 del año 2005 se creó la Dirección del Patronato de Liberados que depende de la Secretaría de Justicia. Actualmente el organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, depende directamente del Ministerio de Gobierno y Justicia. A lo largo de los años el área sufrió varias transformaciones en su estructura en función de la voluntad política de los gobiernos de turno. Por la dirección del Patronato se recuerda el paso de Mario Eduardo Díaz Vélez, y en la actualidad se desempeña en el cargo Gisela Wagner, designada cuando el ministro de Gobierno era Mauro Urribarri.
Cecilia Bértora, titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, concedió una entrevista a UNO en la que analizó el servicio del Patronato de Liberados y la relación con los distintos organismos del Poder Ejecutivo.
—¿Cuál es el trabajo que se viene realizando con el Patronato de Liberados?
—Ellos trabajan, lo que no tienen son medios, no tienen recursos. No es un problema de la gente, no es que se la pasan comiendo tortas fritas. Por más que quieran no pueden.
—¿Qué dice la Ley de Ejecución de Penas respecto de la asistencia pospenitenciaria?
—Ellos deben tener un vínculo muy fuerte con Acción Social, porque es la que tiene que darles la base. Esto quiero que se entienda: no puedo darle salida a internos que vienen bien porque no tienen dónde ir, los tengo que dejar en la calle. Entonces está preso porque es pobre. A algunos los hemos puesto en el Centro Integrador Comunitario (CIC), pero si son abusadores sexuales los sacan a las patadas, no la gente del CIC, que deja traslucir que es un abusador sexual y el resto se encarga de sacarlo. Los abusadores sexuales normalmente son raleados de su vínculo familiar, porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Entonces Acción Social tiene que tener un anclaje muy importante en esta ley.
—¿El Patronato cumple con su propósito de reinsertar socialmente a los internos?
—La única función que cumple a medias es el control desde la oficina. Pero imaginate cómo es la dinámica. Vos sos un preso, saliste, trabajás, estudiás, tenés que vivir en un determinado lugar bajo una libertad condicional o asistida. Entonces digo que tenés que vivir en tal lugar, pero te mudaste, mientras vos te presentés y digás que vivís en el mismo lugar está todo bien. A partir de ahí no se detecta nada que no sea lo que dijo el propio liberado. Ellos no van a ningún lado a controlar nada, alguna cosa puede ser, pero esto de la atención pospenitenciaria, es decir que hayan terminado la condena y se le dé alguna ayuda; no sucede. Nosotros lo hemos hereforma. Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo y otro que pertenece a una diputada, proponen readecuar el rol del organismo Según la observación de Bértora, el Patronato no tienen los medios para controlar y asistir a los liberados. cho a través de Derechos Humanos de la provincia, quienes han conseguido algún subsidio para que le paguen a una persona que está con medidas de seguridad. El Servicio Penitenciario les lleva las camas, entre todos juntamos un poco. Es así, no funciona. No tienen instrumentos, mecanismos, recursos, para decir que el Patronato se encarga de esto.
—A partir de todas esas situaciones que usted cuenta, ¿no hay más posibilidades de reincidencia?
—Te diría que sí. El problema es el control, tiene que haber control porque cuando uno le da una libertad a alguien no sabés qué es lo que va a pasar. Es mucho más alto el grado de falla que tienen estas personas, porque ya fallaron una vez y sabemos que pueden volver a fallar; algún problema psicológico ya ha sido detectado. A nosotros que estamos sueltos todavía no se nos ha detectado que somos una bomba circulando. Pero ellos ya tienen un punto donde se produjo una marca y se puede decir que esta persona puede volver a fallar. No lo podes mensurar por eso toda la vida, pero sí tenés que poner un poco más de control. Las salidas sociofamiliares y sociolaborales las controlamos entre las unidades penales que correspondan y mi equipo técnico, con lo que es cercano a Paraná. No lo puedo mandar a Concordia para que vea si la persona está trabajando o no. Cuando le doy la libertad condicional, que es más importante todavía por las numerosas normas de conducta, si algún pariente o alguien no denuncia o si el propio interno no informa que se cambió de domicilio, no sé dónde está viviendo, no sé qué está haciendo.
—¿Hace mucho tiempo que no se realizan visitan domiciliarias?
—Se pueden haber hecho cuando Retamoso estuvo acá (N. de la R.: Miguel Retamoso fue juez de Ejecución de Penas de Paraná) y eran alrededor de 80 presos los que dependían de este Juzgado. En el juzgado de (Carlos) Rossi sucedía algo similar. Y con 200 presos en toda la provincia, alguna visita se podía hacer. Por lo menos una vez al año alguien se hacía presente. Libertad condicional Según datos proporcionados por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, en la actualidad son entre 97 a 100 los internos bajo el régimen de libertad condicional. La magistrada adelantó que el 18 de abril se reunirá con otros operadores del Poder Judicial para analizar el proyecto de ley y para plantear las cuestiones que se quieran modificar. «Desde que está Pablo Biaggini, en la Secretaría de Justicia, y Rosario Romero, en el Ministerio de Gobierno, se está trabajando movilizados por el caso Micaela y por todas estas cosas que han ido sucediendo. Pero Micaela explotó porque es Micaela, pero acá hay muchos otros muertos así: las chicas del Volcadero, las víctimas de Ávalos. Ese caso tuvo todos los informes negativos, pero el juez se encaprichó que se lo tenía que dar, sin ningún análisis de nada. Cecilia Goyeneche, que era fiscal de cámara en ese momento, recurrió. Se va en Casación al Superior Tribunal de Justicia, y el STJ confirma sin ningún elemento, sin nada. En menos de tres meses mató a la mujer que había conocido en el penal y a la hija, que estaba embarazada», analizó la funcionaria.
—Para mejorar el funcionamiento del Patronato, ¿es necesaria una reforma integral?
—Me alcanza con una posibilidad de un control real y efectivo, que es lo que sí o sí necesitamos. Y un montón de patas en los otros ministerios, que funcionen, que cuando nosotros los convocamos han funcionado. Pero lo que nosotros necesitamos es que eso esté aceitado, que haya una habilitación que va de la mano de los temas políticos. Si está la ley e impone las obligaciones, nadie puede discutir nada. Cuando internaba a personas en una institución de salud mental me los devolvían, porque eso no presentaba criterios de acuerdo a la nueva ley. Eso se arregló cuando tuvimos varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y de Acción Social. Nos dieron un marco importante para plasmar algunos acuerdos que hemos hecho relacionados con el tema de Salud Mental. Objetivos de la nueva ley El Patronato tendrá que, entre otras funciones y objetivos, llevar un registro para control de aquellas personas que gozan de la libertad condicional; promover la capacitación de los liberados con conocimientos técnicos que le permitan encontrar una salida laboral, a través de dictado de talleres en oficios; posibilitar la reinserción laboral de liberados en distintos ámbitos, implementado acciones con distintos sectores de empleo público y privado.
Según estipula el proyecto de ley, el organismo estará a cargo de un director general designado por concurso y deberá ser «una persona con título de grado que acredite idoneidad para el cargo y trayectoria en el compromiso con los Derechos Humanos» y tendrá facultades para disponer la organización interna de la dirección a través de resoluciones. De sancionarse el proyecto, el Patronato tendría cuatro delegaciones regionales en el interior de la provincia: una con asiento en Concordia y jurisdicción sobre los departamentos Concordia, Federación, Feliciano y Federal; la segunda con asiento en Concepción del Uruguay (Uruguay, Colón, San Salvador y Rosario del Tala); la tercera en Villaguay (Villaguay, Victoria y Nogoyá) y la cuarta en la localidad de Gualeguaychú (Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy). Además, la sede central de la dirección en Paraná tendrá jurisdicción en los departamentos Paraná, La Paz y Diamante. Cada delegación regional estará a cargo de un coordinador general, que estará al frente de un equipo técnico interdisciplinario y deberá reunir los mismos requisitos que el director general. Los equipos interdisciplinarios estarán integrados, al menos, por un trabajador social, un psicólogo/a, un médico psiquiatra, y un policía. (UNO)
