Se les atribuye la creación de certificados de retención de IVA falsos, que eran vendidos a diferentes contribuyentes, para crear «créditos fiscales ilegítimos» con los cuales habrían perjudicado al Fisco.
El Juez Federal Subrogante, Dr. Pablo Andrés Seró, está al frente de una investigación que se sustancia para determinar la responsabilidad de Roberto Mario Izaguirre Ibáñez, Luis Salvador Morelli, Alicia Aurora Ibáñez y Sergio Oscar De Araquistaín ?los tres primeros oriundos de Paraná, en tanto que De Araquistaín, es nacido en Buenos Aires?, quienes están sospechados de integrar una organización «destinada a cometer los delitos de simulación dolosa de pago previstos en la ley nacional 24.769, contactando a distintos contribuyentes de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, que registraban deuda ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a quienes les proporcionaban certificados falsos de retenciones ficticias sufridas en apariencia por otros contribuyentes, que generaban un saldo de libre disponibilidad que era inmediata e indebidamente utilizado para la cancelación de distintas deudas fiscales; interviniendo en la gestión y trámite ante el Fisco por el que se hacían valer dichos certificados falsos», según publicó El Diario.
Estos hechos habrían sucedido entre septiembre de 2010 y mayo de 2015. En la imputación se sostiene que de la maniobra participaron «otras personas cuya identidad no se ha establecido aún». Se les endilga el delito de Asociación ilícita tributaria en carácter de coautores «en sus roles de jefes u organizadores».
No se investiga a los empresarios
En el auto de procesamiento, el juez sostuvo que «cabe destacar que si bien en la imputación se mencionan a los contribuyentes Marizza, Szczech y Galeazzo, mediante la figura de la Asociación ilícita tributaria no se sancionan los hechos delictivos cometidos en concreto, como tampoco se requiere que sean cometidos por todos los integrantes de la organización». Así, los empresarios no son investigados en esta causa porque el delito atribuido a los cuatro imputados tiene como perjudicado al Fisco, es decir a la sociedad, y la legislación que lo comprende sanciona «la inclusión en una organización que cumple con la acción preparatoria para la comisión de un delito tributario y no la participación en el delito».
Una denuncia anónima
La investigación comenzó a sustanciarse a partir de una denuncia anónima recibida en la sede Paraná del Juzgado Federal «dando cuenta de la existencia de una Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas Alianza Empresaria LTDA, la cual estaría involucrada en la venta de certificados de retención falsos para defraudar al Fisco y cuyos integrantes son Roberto Mario Izaguirre y Luis Salvador Morelli, quienes fueron llamados a indagatoria por simulación dolosa de pago en la causa caratulada Marizza, Miguel Ángel s/Infraccion Ley 24.769».
Declaraciones del imputado
Según surge de la declaración de imputado de De Araquistaín, que expresó su «arrepentimiento» por lo que consideró un «error cometido», las vinculaciones de esta supuesta organización comprenderían a reconocidas firmas a nivel nacional, como OCA. En este sentido, De Araquistaín precisó que «lo que veo que hay temas que es la cooperativa CAEL, hay otro tema que es Constructora Caballi. La Cooperativa de provisión de servicios y Alianza Empresaria Limitada, denominada CAEL, fue creada por OCA en un proceso de venta de OCA, que la manejaban tres gerentes, Alfredo Romero, Jorge Aste y Jorge Silvestre. En ese proceso de compra y venta, Romero se queda con la firma, la compra, Romero es el cuñado de Horacio Heit, quien es quien crea la cooperativa junto a Romero. El alcance de esa cooperativa era porque tenían mucho personal que no estaba blanqueado e incluyen en esa cooperativa todas esas personas, la iban incluyendo con el tiempo. El proceso de inclusión del personal era personal que retiraba las órdenes de trabajo desde las bocas de OCA o centros de distribución, ese personal lo fueron incluyendo en la cooperativa».
Consejo de administración
Además, el contador señaló que «Horacio Heit para la composición del consejo de administración de la cooperativa buscó a personas para ocupar esos cargos, como ser Claudia Espoturno, el único que no está en ese directorio es Heit que es el real dueño de la cooperativa» y añadió que «el dueño es OCA con Romero y Heit. Hacen un contrato con OCA, lo formalizan, y empieza a ocurrir las liquidaciones, que se hacen desde la empresa madre, que es OCA. Venían las liquidaciones de OCA a la cooperativa con los listados estableciendo cuanto debía cobrar cada personal y la cooperativa pagaba».
Las medidas de prueba
Entre las medidas probatorias que se realizaron se encuentra que desde AFIPDGI se remitió «documentación relativa a la empresa OCA SRL y CAEL, dando cuenta de que ésta última sería una sociedad pantalla de la primera para encubrir la verdadera relación laboral de la primera con sus asociados». Como así también que desde la Secretaría de Ejecución Tributaria y Previsional del Juzgado Federal N° 2 de Paraná se informó que, desde 2008 al momento del inicio de la investigación Ibáñez actuó como representante del Fisco en veinte causas seguidas contra Guillermo Gabriel Galeazzo, Pablo Gabriel Galeazzo, Santiago Alberto Gaitán Facello, Constructora del Norte SRL y Construcciones Antonio Caballi S.A.
No hay deuda
De Araquistaín sostuvo también que «la operación era que las declaraciones juradas que tenían saldo de la cooperativa a pagar, se compensaban con un crédito que otra firma tenía con la AFIP, podía ser persona física, se hacía de forma electrónica, lo hacían en esta oficina el señor Leopoldo Gómez. Nunca vi ningún certificado, ni me dieron ningún certificado. Todo esto se hacia dentro del sistema de cuentas tributarias de la AFIP al que se ingresa con clave fiscal. La cooperativa deja de recibir intimaciones de la AFIP, porque no hay deuda». Fuente: (El Diario).
