Los representantes legales de la joven acusada del crimen de Fernando Pastorizzo formalizaron ayer una denuncia contra el juez de Garantías Mario Figueroa y el fiscal Sergio Rondoni Caffa de que existen “sobrados indicios de violencia psicológica y física en contra Nahir Galarza” que fueron pasados por alto en la IPP.
Fue la contestación de la parte defensiva al requerimiento de la Fiscalía y las querellas de la remisión de la causa a juicio y por esta denuncia de “violencia institucional”, los abogados plantean la nulidad de la remisión y de las pruebas obrantes en el Legajo.
Los cuatro defensores expresan que la investigación no se encuentra agotada y que su reclamo no tiene un fin dilatorio, “pero cuando la defensa escucha tantas apreciaciones desprovistas de rigor profesional –tal vez motivadas en el temor o clamor social- y que inciden en el resultado de las resoluciones, nos obligan a articular los resortes necesarios a los efectos de que al menos se tome con seriedad el planteo”.
El reclamo está fundamentado en la ley 26.485, que en su artículo 4º expresa que la violencia contra las mujeres es “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
Para respaldar esto, describen en la denuncia extractos de declaraciones de amigos de Fernando Pastorizzo y otros testigos de la causa en donde se manifiesta el tipo de relación que había en la pareja y las evidencias de las supuestas agresiones que sufría la acusada. “Esta definición desconocida de violencia de género por parte de los operadores de este proceso, la cual fue denunciada en varias oportunidades por quienes nos precedieron en la defensa, es que se formula la denuncia de Violencia Institucional al privar a mi asistida de tener acceso a un servicio de justicia imparcial e igualitario, porque la misma fue víctima de violencia de género, basada en una relación desigual de poder”.
En la denuncia critican los dichos del Fiscal en la audiencia del viernes 16 de marzo, que habría manifestado que “no existe victima pasiva de violencia de género porque el agresor ya no existe”. “Es decir que conforme la interpretación realizada por el Fiscal, nadie podría alegar Legítima Defensa o Emoción Violenta porque en realidad, o el agresor en la legitima defensa, o el provocador en la emoción violenta, en el caso de un homicidio ya no existe. Una interpretación, peligrosa que afecta el principio de legalidad y debido proceso”, se indicó.
Los defensores entienden que la investigación se encuentra inconclusa y se deben producir las pruebas que fueron solicitadas durante la Investigación Penal Preparatoria. Además, entre el gran número de oposiciones, se oponen a la incorporación del acta testimonial de Nahir Galarza del 29/12/2017, que “debió ser nulificada atento a que luego declaró como imputada”. (El Día)
