Su ex pareja es el único acusado del hecho. Afronta una imputación por homicidio triplemente calificado y si es condenado podría pasar más de 30 años en prisión.
La situación de Ramón De La Cruz Ortiz es muy complicada. Prácticamente no tiene muchos argumentos como para contrarrestar su situación. Desde que se conoció el crimen, el fiscal Martín Gil fue abonando la teoría que la ex pareja de Susana Villarruel estaba implicado en la muerte y a medida que fueron pasando los días se fueron recogiendo indicios que llevaron al hombre de 39 años al lugar donde está.
Las cámaras del Banco Galicia, la tarjeta de cobro de Susana y el teléfono secuestrado en su casa, son los principales elementos que tiene la Fiscalía para exponer su caso ante el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, que estará encabezado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y el juez de garantías Guillermo Biré que reemplazará a Alicia Vivian.
La desaparición y la detención
Susana Villarruel desapareció el 10 de julio. Lo último que se supo de ella fue lo que aportó su ex marido, que la acompañó hasta la parada del colectivo. Ella vivía en el barrio Totó Irigoyen; era madre de cuatro hijos y el lunes por la mañana se iba a encontrar con un abogado por un tema relacionado a su vivienda.
Susana nunca llegó a la cita. Su ex fue quien alertó a la Policía sobre la desaparición. El hombre de 38 años, que en ese entonces convivía con un hermano de la víctima en el asentamiento de calle Tropas, brindó una declaración poco convincente. Le dijo al fiscal Gil que había concurrido a la casa de su ex mujer para llevarle dinero por la mantención del hijo que tenían en común y que luego la acompañó a tomar el colectivo «porque en el barrio le gritaban cosas y la molestaban».
Gil no creyó el papel de marido celoso de Ortiz y siguió interrogándolo. El hombre agregó que dejó a Susana en la parada sin ver si efectivamente se subía al colectivo, mientras que él prefirió retirarse en un remis y dirigirse al centro. En este punto, el Fiscal se preguntó ¿Por qué no la llevó con él en el auto? ¿Por qué si se acercó hasta el barrio sólo para llevarle algo de dinero y acompañarla a tomar el colectivo, se fue antes dejándola sola? Además hubo otra cuestión. Hay vecinos que confirmaron haber escuchados «gritos desgarradores cerca de las 7.15», el mismo horario en que supuestamente Villarruel había concurrido a tomar el colectivo.
Entre los matorrales
El cuerpo de Susana fue buscado durante todo el 11 de julio. Los rastrillajes se concentraron en el Arroyo El Cura y se practicaron durante todo el día con perros y personal de Prefectura, pero recién apareció al otro día por la mañana. Fue encontrado a un costado el arroyo, en una zona de pastizales, tenía golpes y heridas cortantes que habían sido ocasionadas con un arma blanca. Solo una hora se tardó en identificarla oficialmente.
«El detenido es nuestro principal sospechoso», fue lo que dijo Gil en ese momento, cuando lo único que tenía era el inconsistente relato de Ortiz. Se buscó el arma homicida una y otra vez, pero nunca se la halló. Desde ese momento se inició una investigación para dar con otro tipo de pruebas: los indicios.
Lo recabado en la IPP
Las pruebas que existen contra Ortiz son muchas y difíciles de sortear para la defensa. La más importante de todas está relacionada con la tarjeta de cobro de la Asignación Universal por Hijo que el hermano de Susana Villarruel encontró en su casa tras la detención de Ortiz y entregó a la Justicia.
Gil le había solicitado al Banco Nación que le informara si estaba vigente el plástico y cuándo se había registrado el último movimiento. La respuesta de la entidad fue reveladora. La tarjeta estaba vigente y había sido utilizada por última vez el 10 de julio a las 9.27, es decir el día que Susana Villarruel dejó la casa tras la discusión con De La Cruz Ortiz y la hora en la que se cree que ya estaba muerta.
El Fiscal pidió los registros fílmicos del Banco Nación en ese horario, pero no se encontró nada de lo que se buscaba. Los interrogantes llevaron a descubrir la incógnita. El Banco Nación trabaja con la red Link y la tarjeta de Villarruel pertenece a la red Banelco, por lo que se encomendó un nuevo trabajo investigativo. Comenzaron a buscar en el resto de las entidades bancarias que trabajan con cajeros automáticos Banelco y la novela llegó a su fin. Cuatro cámaras de seguridad filmaron a Ramón De La Cruz Ortiz retirando fondos de la caja de Susana Villarruel a las 9.27 del 10 de julio.
La otra prueba fundamental está relacionada al teléfono celular secuestrado en la casa que compartía Ortiz con su cuñado en el asentamiento sur de calle Tropas. La Fiscalía tenía fuertes sospechas de que pertenecía a la víctima, porque en ese teléfono se encontraron fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. A fines de agosto, una hija de Susana Villarruel fue sometida al reconocimiento y sin dudar afirmó que el aparato pertenecía a su madre y que lo tenía con ella el día que desapareció.
Robarle a mamá
Si bien el imputado no tiene antecedentes, y esto podría ser un atenuante para los jueces, tras el crimen de Susana Villaruel se descubrió un hecho muy grave y que por muy poco no le cuesta la vida a otra persona. Esa víctima no es más ni menos que la madre de Ortiz, que decidió denunciarlo por lo sucedido a principios de año cuando el hombre la golpeó en la cabeza para robarle.
El caso sucedió el 18 de enero por la noche en un domicilio de avenida Del Valle y Montevideo. La pareja de Beatriz Espíndola llegó a su casa luego de un día de trabajo en una planta del Parque Industrial de Gualeguaychú, con la incertidumbre de qué había pasado con su mujer, con la que había dejado de tener contacto telefónico a las 17. Preocupado por esto, solicitó en el trabajo salir una hora antes y cuando llegó la encontró tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre.
Espíndola quedó hospitalizada en Terapia Intensiva en el Hospital Centenario y debido al hundimiento de cráneo que había sufrido, se decidió su traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay, donde permaneció poco menos de una semana en coma farmacológico.
Afortunadamente logró recuperarse, pero cuando declaró ante el fiscal Martín Gil dijo no recordar nada. Lo curioso de todo esto es que Espíndola fue atacada por la espalda y tras golpearla fuertemente en la cabeza con un fierro, le colocaron un almohadón en la cabeza y le prendieron un ventilador a su lado.
Todo era muy raro, pero nadie abrió la boca. Fue recién después de la muerte de Susana Villarruel que la madre del principal sospechoso del femicidio habló y denunció a su hijo. Dio detalles de cómo De La Cruz Ortiz entró a su casa y de la forma en que fue agredida. Contó le había pedido dinero días antes, pero ella se había negado. Ese 18 de enero llegó acompañado de otro hombre y cargando unas herramientas para «arreglar algo». Le pidió gaseosa de la heladera y cuando ella se dio vuelta, le pegó con un fierro en la cabeza. Todo esto se lo dijo con lujos y detalles al fiscal luego del crimen de Villarruel. Antes -y por ser su madre ? no lo quiso denunciar.
Más para investigar
Conocida la autoría de Ramón De La Cruz Ortiz en lo sucedido con Beatriz Espíndola, se abrió una nueva línea de investigación en otro hecho que sucedió pocos días después, entre el 21 y el 22 de enero en el mismo barrio donde vivía Susana Villarruel, y que tenía mucha similitud con el otro caso.
Fueron los vecinos de Antonio Morales los que lo encontraron tirado en el piso de su casa. Era domingo por la mañana cuando vieron la puerta entreabierta y apenas ingresaron lo hallaron desmayado, en un charco de sangre, y con un fuerte golpe en la cabeza.
El hombre de 63 años fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral. Permaneció en coma inducido hasta que poco a poco recuperó su lucidez y regresó a Gualeguaychú para continuar con su recuperación.
En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre. Por este hecho se involucró a dos jóvenes gracias al testimonio de un testigo privilegiado: Ramón De La Cruz Ortiz.
Cuando De La Cruz pidió ayuda
De La Cruz Ortiz convivía con Villarruel en el barrio Totó Irigoyen en enero de 2017, y así lo certifica un mensaje que envió a ElDía el 24 de junio en donde escribe: «Quería contar mi caso. Hace una semana que vivo en la calle. Me echaron de mi casa con lo puesto. Mi mujer me dio 5 días para llevarme mis dos hijos de 9 y 12 años conmigo. Fui al Juzgado y por ser hombre no tengo derechos. No sé qué hacer, ni dónde ir a pedir ayuda».
Ortiz está imputado de homicidio triplemente calificado por alevosía, por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que podría demandarle una pena de prisión perpetua, pero podría también ser llevado a juicio por lo sucedido con su madre y si se comprueba su participación en el ataque a Antonio Morales. (El Día)
