La iniciativa plantea esa emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, período en el que se garantizará “la cobertura de todas las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para todas las personas con discapacidad con domicilio en la provincia, a cargo del Estado Provincial”.
”El Estado Provincial deberá garantizar también el acceso al diligenciamiento y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en los organismos provinciales que correspondan, en tiempo oportuno y bajo condiciones que aseguren un trato digno e igualitario”, agrega el proyecto.
Integrantes de instituciones entrerrianas vinculadas a la discapacidad mantuvieron un encuentro de trabajo con diputados del bloque PJ, durante el cual manifestaron su apoyo al proyecto de ley para declarar la “emergencia en discapacidad” en la provincia, a fin de proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas comprendidas en esta situación, promoviendo su inclusión y participación plena en la sociedad. En ese marco, reiteraron el reclamo para que la Legislatura provincial trate la iniciativa presentada por el justicialismo y también solicitaron ser escuchados en las comisiones legislativas que la analicen.
Diego Vélez, titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), dijo que el organismo “viene trabajando en forma conjunta” con las entidades que mantuvieron encuentro con los legisladores de la oposición.
-Esas agrupaciones han planteado las dificultades a las que se enfrentan algunas familias para lograr la renovación del certificado de discapacidad.
-No hay ninguna dificultad, para nada. Al contrario: si nos fijamos en los tiempos de otorgamiento del certificado de discapacidad, bajamos notablemente los plazos. Antes tenías en turno de cuarenta y cinco a sesenta días en el tratamiento del certificado, y ahora estamos trabajando dentro de los veinticinco días. Hay que tener en cuenta que el certificado de discapacidad se entrega por la secuela que deja la patología, no por una discapacidad en sí. Y de acuerdo al tipo de certificado que se solicita, se pide la presentación de distintos requisitos. Es de acuerdo a la discapacidad. Y va acompañado con la historia clínica de la persona que solicita el certificado de discapacidad y en función a eso se le otorga o no se le otorga. Es la Agencia Nacional de Discapacidad la que emite los certificados. Nosotros en Entre Ríos somos un ente intermedio, digamos, entre el beneficiario y la Agencia Nacional, que son los que tramitan. Hay certificados que se emiten por un año, por cinco, por diez o en forma definitiva.
-¿No se dieron casos de trabas o demoras?
-Pudo haber casos puntuales. Pero descartamos que esto sea algo generalizado. Nosotros venimos trabajando con los municipios con las distintas juntas evaluadoras. Nosotros tenemos diecisiete juntas evaluadoras en toda la provincia y actualmente se han creado tres más. O sea, lo importante de esto es destacar que la mirada del Iprodi es poder acercar y hacer más accesible el trámite, que las personas puedan tramitar el certificado, que no tengan que viajar del interior para poder tener que tramitarlo.
-¿Usted cree necesario que se declare en emergencia como impulsa ahora el bloque de diputados del PJ? ¿Es necesaria una emergencia en discapacidad en la provincia?
-Lo que pasa es que en realidad se ha desvirtuado mucho todo. Creo que el problema tiene que ver más con el tema de las pensiones no contributivas. Lo que hay que dejar claro es que las prestaciones no se han cortado.
Entre Ríos Ahora
