Por un lado, Pino Baggio acusó a sus hermanos Alejandro y Aníbal de quedarse con el directorio y dejarlo fuera de la empresa. Pero los denunciados por el primero contraatacaron afirmando que la intención del primero es competir de manera desleal con dos empresas que fabrican lo mismo que RPB y de querer perjudicar a la fábrica familiar. Denuncias ante la Justicia, amenazas y una pelea encarnizada y antológica que se potenció tras el fallecimiento de la madre de los involucrados.
RPB SA es, quizás, una de las tres empresas más importantes de Gualeguaychú. Con proyección nacional e internacional, la planta instalada en el Parque Industrial produce un abanico amplio de productos y es una fuente abundante de empleo a nivel local.
Haciendo un poco de historia, la compañía, con base en Gualeguaychú, es una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados del país y su origen data de 1959, cuando fue creada por Rufino Pablo Baggio, quien se inspiró en su padre Juan, que comercializaba damajuanas en la zona desde la década del 20.
Hasta acá la historia conocida, la tradición que todos conocen, pero tan conocido es lo que pasa puertas adentro de la empresa, donde los descendientes del fundador Rufino Pablo Baggio están en una guerra descarnada, con acusaciones de fraudes y estafas, con denuncias de desplazamientos y traiciones, un clima espeso y negativo que se potenció en abril pasado, cuando Celia Munilla de Baggio, la madre de Rufino Pablo hijo, Alejandro y Aníbal, falleció y sus hijos decidieran atacarse mutuamente por el control de la fábrica familiar.
Lo cierto es que a comienzo de esta semana comenzó una movida mediática impulsada por Rufino Pablo Baggio hijo –más conocido como Pino–, quien mediante un comunicado denunció a sus hermanos, Alejandro y Aníbal, de haberlo desplazado del directorio de RPB SA a pesar de tener él apenas un mínimo porcentaje mayor al 50% del paquete accionario.
Todo esto sucedió el 8 de junio pasado, cuando se celebró una asamblea a instancias de Rufino Pablo: “En ella ocurrió algo insólito. Sus hermanos Alejandro y Aníbal no le permitieron designar un nuevo directorio sin alegar motivo alguno. Este atropello, de la minoría, no mereció observación alguna por parte del Síndico, quien debió velar por la legalidad de la asamblea”, explicaba el comunicado difundido por el equipo legal de Pino Baggio.
Ese mismo día de agosto, Alejandro Baggio renunció al directorio de RPB SA. y su hermano Aníbal fue nombrado como nuevo director, dejando fuera del juego a Rufino Pablo.
“Rufino Pablo Baggio hijo tiene la mayoría accionaria de la empresa, pero mientras vivió la madre, Celia Munilla, ella hacía usufructo de la empresa. Cuando falleció la señora madre de los dueños de la empresa, se llamó a una asamblea donde no se respetó la mayoría accionaria que tiene mi cliente. Para trazar una analogía, es como si fuera una dictadura o un gobierno de facto, pero en una empresa privada”, afirmó sobre este hecho Ignacio Pérez Núñez, abogado de Pino Baggio.
“Entendemos que la actitud tomada por los otros socios, de no respetar la mayoría accionaria en la asamblea que se realizó en junio pasado, es con la clara intención de tapar malos manejos que se vienen realizando en la empresa desde hace varios años”, agregó.
¿Pero a qué se refiere Pérez Núñez con ‘malos manejos’? Son dos: el primero y más conocido fue el sucedido en enero de 2020, cuando se denunció la desaparición de casi 7 millones dólares. En ese tiempo –e inclusive es una de las líneas que investiga la Justicia Federal sobre el destino de este dinero– se habló de una empleada que, supuestamente engañada con técnicas de phishing, transfirió ese dinero a varias cuentas en Hong Kong que luego fueron vaciadas. Todo esto sucedió siendo Alejandro Baggio el director de RPB SA.
Sin embargo, el comunicado difundido por el equipo legal de Pino Baggio puso un manto de sospechas al decir que “el motivo por el cual impiden el ingreso de Rufino Pablo –al directorio de la empresa– estaría basado en un intento de ocultamiento de una situación de crisis económica que atraviesa la empresa, originada” en principio por “el avance de la causa por el supuesto caso de ‘phishing’ por más de 7 millones de dólares, que fue elevado a juicio con dos imputados que eran jerárquicos de la empresa”.
Pero además, Pérez Núñez puso sobre la mesa un segundo hecho de similar magnitud en cuanto al dinero que supuestamente habría perdido la compañía: “También hay una causa que denunciamos en febrero de este año, que es por una compra de envases tetrabrik a una empresa de Brasil pagando sobreprecios, también por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Entendemos que ese sobreprecio no es producto de un descuido, sino que corresponde a un desvío de fondos a un fideicomiso que hay a nombre de Juan Alejandro Baggio en las Islas Vírgenes”, sostuvo, direccionando de esta manera la atención hacia un supuesto vaciamiento de RPB SA.
“La empresa RPB es uno de los máximos contribuyentes del país y además genera más de dos mil fuentes de trabajo en todo el país. Entonces creemos conveniente hacer público todo esto que está sucediendo, para que la opinión pública y fundamentalmente los empleados de la empresa, sepan la realidad por la que atraviesa la empresa”, insinuó Pérez Núñez.
Ignacio Pérez Núñez en los estudios de Ahora Radio Cero.
La otra campana
Ahora ElDía intentó a lo largo de esta semana comunicarse con Alejandro y Aníbal Baggio, y si bien el segundo prefirió no hablar, el primero informó a este medio que el viernes se iba a emitir otro comunicado escrito por los abogados de RPB SA –de la cual afirmó ya no formar parte– hablando en nombre del directorio en la cual iban a hacer todas las aclaraciones requeridas y exponer “los dichos –falsos e ilícitos– vertidos por el abogado Ignacio Pérez Núñez. Efectivamente, el viernes por la mañana llegó el comunicado y el contraataque contra el raid mediático que se inició a comienzo de la semana por parte del equipo legal de Pino Baggio.
“Es totalmente falso que la sociedad atraviese un proceso de vaciamiento, que tenga dificultades para entregar sus productos, que las fuentes laborales corran riesgo alguno, que exista déficit de stock de algunos productos o insumos y/o que tenga su giro comercial relación con fideicomiso en el exterior”, afirmaron luego de enumerar el crecimiento que RPB SA. tuvo durante la última década, cuando el directorio estuvo compuesto por Aníbal Baggio, Juan Alejandro Baggio, Celia Munilla de Baggio (fallecida), Sergio Court, Mauricio Corfield, Alfredo Settimi, Pablo Camarotta y Héctor Curotto.
“En cuanto a Alejandro Baggio cabe indicar que (…) no se encuentra vinculado a proceso penal alguno y que nunca fue citado en la supuesta acusación que le formula el abogado Pérez Núñez ante medios periodísticos de modo irresponsable. En los hechos, Alejandro Baggio es el Presidente de Citrus Mocoretá, Juplast SA y Baplast, mientras que Aníbal Baggio es el presidente de RPB SA, y todas estas firmas son parte del funcionamiento desde siempre y forman la conocida empresa Jugos Baggio”, manifestaron.
Sin embargo, la parte más interesante del comunicado difundido durante el viernes es cuando se explica la razón por la cual Pino Baggio no pudo imponerse en el directorio a pesar de tener más del 50% del paquete accionario: lo acusan de querer perjudicar a RPB SA. mediante una competencia desleal para favorecer a dos compañías Bigar SA y Jugos del Uruguay SA, fabricantes y comercializadora de los jugos BIG C. De ambas empresas, Rufino Pablo hijo es parte accionaria en ambas empresas, según informó el abobado Pérez Núñez cuando se lo consultó al respecto.
“Como consecuencia de estos graves actos de competencia desleal vinculados a productos de la competencia, la sociedad decidió el inicio de acciones legales por competencia desleal y daños y perjuicios contra Rufino Pablo Baggio y la firma Bigar SA, con la decisión incluso de quien en vida controlara RPB SA, Celia Munilla de Baggio”, denunciaron en el comunicado difundido el viernes; denuncia que, según los abogados de RPB SA, contaba con el visto bueno de la propia madre de Pino Baggio.
“Casualmente, y ante el fallecimiento de Celia Munilla de Baggio, Rufino Pablo Baggio solicitó una convocatoria a asamblea en RPB SA (a los 2 días de fallecida su madre) para tratar de suspender la decisión de la empresa por las acciones legales en contra suya y en contra de Bigar SA. Es decir, el propio Rufino Pablo Baggio trató de suspender las acciones judiciales decididas por RPB SA en su contra por competencia desleal y daños y perjuicios”, afirmaron los abogados de Jugos Baggio.
“Fue en esa asamblea del 8 de junio pasado, y con sustento en normas de orden público y de la propia ley de sociedades, que a Rufino Pablo Baggio no le fue computado su voto, pues no puede votar quien tiene intereses contrarios, ajenos o se encuentra en conflicto con la sociedad”, explicaron a continuación.
Según Pérez Núñez, negó estas acusaciones: “Es absolutamente falso que mi cliente realice competencia desleal, por el hecho de ser parte accionaria en otras empresas. Mi cliente es accionista de otras empresas, pero no significa eso que sea una competencia desleal, de hecho no tenemos conocimiento de que haya una denuncia realizada en contra de mi cliente por medio de la firma RPB SA. En dos causas han renunciado sus abogados y los abogados de planta han renunciado en la misma empresa, lo que habla a las claras de lo poco serias que son las aventuras judiciales en las que ha incursionado la empresa en contra de mi cliente”.
Finalmente, en el comunicado proveniente de RPB SA apuntaron, precisamente, contra el abogado Pérez Núñez, quien fue el encargado de realizar el raid mediático en defensa de los intereses de Rufino Pablo hijo durante los últimos días.
“Las manifestaciones vertidas por Pérez Núñez no solo son falsas, calumniosas e injuriantes, sino que estarían vinculadas a un despiadado proceso de competencia desleal que tiene por fin incrementar la posición en el mercado de productos comercializados por Bigar SA y Jugos del Uruguay S.A., a través de Rufino Pablo Baggio. Las manifestaciones de Pérez Núñez incluso tienden a generar temor en los empleados, proveedores y clientes de la firma RPB SA, lo que será objeto de acciones penales y civiles por daños y perjuicios”, concluyeron.
Por Amílcar Nani, ElDía
