Hubo un principio de acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias para cofinanciar en partes iguales la Tarifa Social. Sin embargo, habría reparos en la rebaja de impuestos. Sobre los municipios no podrán avanzar por su autonomía.
El Gobierno nacional y representantes de al menos 17 provincias alcanzaron un «principio de acuerdo» para «cofinanciar» en partes iguales la denominada Tarifa Social.
Los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y del Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron con ministros y secretarios de Energía de las provincias para intentar reducir el impacto del ajuste de tarifas y la reducción de subsidios en los usuarios residenciales de gas.
«Hay principio de acuerdo. Ninguna provincia ofreció un rechazo. Alguna tienen que ratificar la postura consultando a sus gobernadores y otras deberán avanzar con acuerdos políticos en sus legislaturas», explicó un colaborador de Frigerio.
El cofinanciamiento de la Tarifa Social representa un desafío económico para las provincias, pero los gobernadores podrán avanzar a través de decretos; pero la reducción impositiva deberá ser sometida a evaluación de las Legislatura porque existen impedimentos jurídicos para aplicarlo.
El objetivo de estas medidas impulsadas por la administración de Mauricio Macri es aliviar las boletas que los usuarios de gas por red reciben en sus domicilios, principalmente en los meses del invierno en los que el consumo del fluido crece en forma exponencial.
En el encuentro los representantes del gobierno prometieron también que no se modificará el cuadro tarifario para los que actualmente cobran la tarifa social.
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, confirmó que el gobierno le pidió a las provincias que se hagan cargo del 50 % del costo fiscal en las tarifas sociales.
El funcionario cordobés dijo que su provincia «va a acompañar» la baja impositiva en las tarifas de servicios públicos porque «hay una decisión política del gobernador (Juan Schiaretti) que no va a dejar que ningún cordobés quede sin gas en los meses de invierno».
Explicó que las provincias le pidieron al gobierno que «los municipios de todo el país también eliminen de las facturas las tasas que cobran, porque no están vinculadas con el servicio público del gas».
«En algunos casos, como en Córdoba, tienen una incidencia del 20 por ciento en las facturas y a veces estas tasas también afectan a los beneficiarios de las tarifa social», sostuvo.
Indicó que las provincias le pidieron al gobierno que «se avance hacia una tarifa social federal en todos los servicios públicos».
Quitas de impuestos
La iniciativa del Gobierno para quitar impuestos no encontró rechazos contundentes, aunque los ministros plantearon reparos y pidieron tiempo para evaluar los escenarios económicos y jurídicos de cada distrito con los mandatarios. Entre los argumentos se repitió que en varios casos no hay tributos provinciales o no son tan significativos como en Buenos Aires. También que sobre los municipales no podrán avanzar por su autonomía. En Córdoba se desató un conflicto entre Juan Schiaretti y Ramón Mestre cuando el peronista impulsó un proyecto para eliminar los extras de las boletas. Aranguren quedó en enviarles un informe anoche con los tres principales puntos de la discusión -desmalezamiento impositivo, tarifa social y pago en cuotas de dos bimestres de gas- y pidió una devolución en la mañana del martes.
En Buenos Aires
El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, afirmó hoy que la anulación de los impuestos provinciales en las tarifas de los servicios públicos tendrá un costo fiscal de 3.000 millones de pesos.
Agregó que la provincia «va a asumir con recursos propios este costo fiscal de estos impuestos que tienen 40 años de vigencia para poder relajar el bolsillo de los usuarios», al ingresar al Palacio de Hacienda.
Lacunza agregó que el gobierno bonaerense presentará un proyecto para que los municipios bonaerense adhieran al régimen. (El Once)
