La discusión por la fuga de un preso durante un traslado para una visita familiar de carácter humanitario desató una polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Desde el Gobierno se publicó una nota lamentando el suceso y detallando los gastos que demandó la medida dispuesta por el juez de Gualeguaychú, Ignacio Telenta. Desde la Justicia se informó que se trató de una decisión que dispone la Ley de Ejecución de Penas, que contaba con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal.
Luis Alberto Saavedra fue condenado a tres años de prisión efectiva por un asalto ocurrido en Victoria, en abril del año pasado. Cumplía la pena en la Unidad Penal N° 5 de Victoria, hasta este jueves.
El juez de feria de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, dispuso su traslado hacia la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde por el término de dos horas debía tomar contacto con su pareja que está muy enferma. Personal del Servicio Penitenciario cumplimentó la medida este jueves.
Desde el Gobierno se señaló que “debieron recorrer más de 300 kilómetros para llegar al domicilio, lo que ocasionó una inversión de 180.000 pesos del erario del Estado provincial”.
Cuando llegaron al domicilio, ubicado lindero a un barrio marginal, “el interno Saavedra se hallaba con su mujer, este, mediante violencia física, empujo a uno de sus custodios y salió corriendo por un pasillo, dándose a la fuga introduciéndose en ese barrio”, se informó.
“El personal hizo un esfuerzo sin resultado para lograr su detención”, afirmaron desde el Gobierno, y agregaron en la nota de prensa: «Lamentablmente y en concreto, de nuevo este delincuente, que había sido traslado por orden del citado juez, se halla nuevamente en las calles y el personal del servicio penitenciario sumariado”.
Las consultas realizadas por ANÁLISIS sobre esta situación, fuentes judiciales informaron que el traslado del interno por dos horas obedeció a un pedido de la defensa de Saavedra, debido a que su pareja se encuentra grave, con cáncer. El juez Telenta corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó favorablemente. De este modo, se ordenó la visita bajo segura custodia del Servicio Penitenciario.
Asimismo, se indicó que la medida se dispuso de acuerdo con lo establecido por la Ley de ejecución de Penas 24.660, que habilita salidas especiales por cuestiones humanitarias. Fuentes tribunalicias indicaron que no haber accedido al pedido de Saavedra podría afectar Derechos Humanos esenciales del condenado, lo cual habilitaría a demandas con consecuencias de responsabilidad internacional hacia el Estado entrerriano por eventual violación de los Derechos Humanos y a las reglas de detención.
El Ministerio de Seguridad informó que tras la fuga de Saavedra se activó el protocolo de emergencia, y “se han desplegado todos los recursos disponibles para dar con el paradero del interno, lo que implica nuevas inversiones para su búsqueda”.
“Destacaron que el Servicio Penitenciario trabaja de manera incansable para garantizar la seguridad de los internos y el cumplimiento de las normas establecidas. Lamentablemente, hechos como este ponen de manifiesto la complejidad de la tarea de custodiar a personas privadas de su libertad”, concluyeron. (Análisis)
