La presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, dispuso la baja del director Departamental de Escuelas de Tala, Pablo Alejandro Buchhamer, luego del escándalo que explotó esta semana a partir de que se conociera que cobra un contrato en la Cámara de Diputados de la provincia. El ahora exfuncionario incluso se había justificado argumentando que “uno tiene que tener un dinero más”.
La resolución a la que se tuvo acceso, fue dictada este sábado y argumenta la irregularidad, las incompatibilidades y las graves faltas en las que incurrió Buchhamer al acceder a un cargo público, por el que no cobraba un sueldo por elegir percibir su jubilación, pero al mismo tiempo acceder a un contrato de obra que nada tiene que ver con su función.
Ahora se evaluarán las posibles sanciones que le podrían imponer.
Pablo Alejandro Buchhamer fue contratado en la Cámara de Diputados por el decreto N° 13 de este año. El contrato, cuyo monto se desconoce, fue solicitado por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, en el 145° período legislativo que comenzó el 15 de febrero de este año. Se tramitó a través el expediente N° 404. En Maciá fue precandidato a intendente por JxER en las últimas elecciones. Perdió las PASO ante el ex presidente municipal Román Troncoso y finalmente el peronismo se quedó con el municipio, que hoy gobierna Ariel Müller.
Por una cuestión de incompatibilidad, al ser designado en el CGE Buchhamer optó por continuar percibiendo su jubilación de docente y no el sueldo de funcionario. No obstante, complementó sus ingresos con el contrato legislativo sin cumplir funciones en ese ámbito.
El miércoles, en el programa Dimensión con Todos (Radio Dimensión) de Rosario del Tala, Buchhamer intentó explicar la situación del contrato: “Se sobrentiende que uno tiene que tener un dinero más en el bolsillo porque si no me quedo en casa. Yo soy jubilado. Me jubilé el 31 de diciembre de 2023”, dijo.
La baja
En primer lugar, la resolución destaca que las autoridades educativas de la provincia tomaron conocimiento de la situación a partir de la información publicada por la Cámara de Diputados sobre los contratos y subsidios otorgados.
Luego, citó la Ley que reglamenta el régimen de incompatibilidades en Entre Ríos; “El Personal de la administración pública provincial que a la fecha de la presente ley, desempeñe más de un empleo en la misma o en la administración pública nacional o municipal, ya sea que dicha acumulación se produzca en una o más de las citadas administraciones, deberá optar por uno solo de los empleos. A tal efecto el Poder Ejecutivo reglamentará el plazo, modo y forma en que dicha opción concretarse, dictando las medidas que aseguren el cumplimiento de la ley”, sostiene el artículo 1°.
Más específico aún es el artículo 6 de dicha norma: “El personal profesional y técnico de la administración pública provincial tiene incompatibilidad absoluta para asesorar, representar, patrocinar o contratar servicios, con personas físicas o jurídicas en asuntos judiciales, extrajudiciales; o administrativos, en los que sea parte o tenga interés la provincia, la nación o los municipios. Esta incompatibilidad se extiende a aquellos casos en que dichas personas gestionen o sean parte en contratos, convenios u operaciones con entes oficiales, provinciales, nacionales o municipales o sean concesionarios o permisionarios de obras y servicios públicos. En aquellos casos en que se establezca la dedicación exclusiva del personal profesional y técnico, deberá suspender el ejercicio profesional.”
La situación de Buchhamer se complica más aún al observar el artículo 8 que cita Fregonese en la resolución para darle la baja al cargo, donde se refiere que todos los cargos del CGE, incluido por supuesto el de Director Departamental de Escuelas, “son de dedicación exclusiva y por lo tanto incompatibles con cualquier otra actividad ajena a los mismos, incluyendo las horas de cátedra (…)”.
Por todo esto, la presidenta del CGE sostiene: “Es factible inferir que el Prof. Buchhamer ha infringido el Régimen de incompatibilidad vigente en la Provincia de Entre Ríos, actuando de manera contraria a los deberes de honestidad, probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia que debe regir en el actuar de los Funcionarios designados como también de los agentes del Estado”.
“Es voluntad de esta administración, de acuerdo a los principios de Juridicidad y Legalidad, desvincular al Prof. Buchhamer de sus funciones, y poner en conocimiento al Tribunal de Calificaciones y Disciplina del Consejo General de Educación, para que evalúe si el obrar del Docente resulta pasible de una sanción, garantizándose previamente el correspondiente descargo, en pos de una correcta Tutela Administrativa Efectiva, conforme el Artículo 65 de la Constitución de la Provincia”.
Es decir, intervendrá el organismo que evaluará las sanciones correspondientes para el docente jubilado.
La medida, se aclaró, también fue dispuesta en el marco del proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública presentado en la Legislatura provincial por la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En esta iniciativa dispone que todos los funcionarios procedan a “(…) Desempeñarse con observancia y respeto por los principios y pautas éticas establecidos en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia, buena fe e imparcialidad. (…)”, exigiendo a los mismos “(…) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello (…)”.
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