Aunque no se lo incluyó en los partes de prensa ni se publicó en la web institucional, ANÁLISIS accedió al proyecto de resolución aprobado por unanimidad anoche en el Senado. La iniciativa apunta a resistir el cumplimiento del fallo judicial que ordena dar a conocer nóminas de personal del cuerpo, dictado a raíz de un pedido de información pública impulsado por una ONG. El texto también advierte la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal. En 2007 hubo un antecedente que terminó con legisladores imputados por desobediencia judicial y pedidos de desafuero.
La ONG Entre Ríos sin corrupción presentó en mayo pedidos de información pública a ambas cámaras legislativas para conocer las nóminas de personal de planta y contratados, haberes y funciones desde 2022 hasta la actualidad.
El Senado contestó con información que, a juicio de los solicitantes, fue considerada incompleta y la Cámara de Diputados directamente no respondió. Ante ello, la entidad acudió a los Tribunales con un recurso de amparo.
Luego de una primera sentencia favorable, las dos cámaras apelaron y los recursos llegaron al Superior Tribunal de Justicia, que falló a favor de la ONG y ordenó a la Legislatura dar a conocer los datos en un plazo de 15 días hábiles.
A las pocas horas de conocerse la resolución del alto cuerpo, en la sesión de este miércoles se aprobó por unanimidad y sobre tablas un proyecto de resolución en el cual los legisladores consideraron que “se impone la realización de un análisis pormenorizado y profundo de la motivación y la razonabilidad de la sentencia para, en su caso, proceder a interponer un recurso extraordinario federal”.
El tratamiento de la iniciativa no mereció ningún debate y quien pidió su incorporación, el presidente del bloque del PJ, Martín Oliva (Uruguay), lo mencionó por el número de expediente sin hacer alusión alguna a su contenido. Con un evidente consenso previo con la bancada de JxER, se logró en cuestión de segundos la aprobación por unanimidad.
“Más allá de la permanente disposición para el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales debe tenerse presente que por aplicación del artículo 65º de la Constitución provincial resulta necesario un exhaustivo análisis y control de la sentencia”, indicaron los senadores en el texto.
El artículo de la Carta Magna establece que “las sentencias judiciales serán fundadas suficientemente y decididas en tiempo razonable”.
“En tal sentido, entendemos que se debe realizar una profunda evaluación de la razonabilidad, conforme lo que impone el artículo 28º de la Constitución”, añadieron los senadores de ambas bancadas.
El artículo 28º indica que “las asociaciones con autorización para funcionar tienen legitimación procesal para interponer acción de amparo o inconstitucionalidad contra cualquier acto que viole derechos que ellas tengan como objeto proteger o promover”.
“En razón de todo ello es que se impone la realización de un análisis pormenorizado y profundo de la motivación y razonabilidad de la sentencia para, en su caso, proceder a interponer el recurso extraordinario federal”, concluye el texto aprobado, en el que de esta manera se advierte la posibilidad de apelar la resolución judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un debate que recién empieza
Ante la publicación en medios de la apresurada y furtiva aprobación de la iniciativa, ANÁLISIS pudo saber que el senador Oliva manifestó su descontento con el tratamiento dado a la información. Según trascendió, el legislador habló de “malas intenciones” y minimizó la maniobra diciendo que sólo están “pidiendo tiempo” para analizar la cuestión.
Distintos juristas consultados por este medio advirtieron algunas inconsistencias que seguramente serán materia de debate en los próximos días.
Por ejemplo, llamó la atención que no haya habido necesidad unánime de analizar oportunamente el pedido información ni el fallo de primera instancia que fue apelado por la Legislatura, lo que permite suponer que el proyecto de resolución aprobado no apunta realmente a estudiar el tema sino a dilatar la cuestión. «Es evidente que hay una gran resistencia que no distingue partidos para dar a conocer la información solicitada», indicó un profesional a este medio.
Consultada oportunamente en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9) acerca de esta solicitud de información, la vicegobernadora Alicia Aluani adujo cuestiones normativas para no entregar los datos. Algo similar expresó en ese espacio el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
Ambos entendieron que la información que se pide reviste carácter reservado, lo que en principio quedó despejado con abundante jurisprudencia citada en la sentencia del STJ, que incluso hace mención a fallos de la Corte, ámbito al cual los senadores podrían recurrir.
Un antecedente de desobediencia
La situación presenta una puja entre los poderes legislativo y judicial que no es la primera vez que se produce en Entre Ríos.
En 2007, durante el último gobierno de Jorge Busti (PJ), se judicializó la impugnación de un concurso del Consejo de la Magistratura, hubo un amparo y el STJ ordenó al Senado abstenerse de aprobar dos pliegos.
Hubo legisladores no acataron el fallo, enfrentaron pedidos de desafuero y fueron imputados por desobediencia judicial.
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