Este martes por la mañana, se desarrolló en la Sala de Audiencias de la OGA de Concepción del Uruguay, la audiencia solicitada por la Fiscalía de la doctora María Occhi, para tratar la situación procesal del individuo acusado de ser el autor de la nota de amenaza de muerte a la fiscal María Becker y la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero.
Se trata de Franco Omar González de 38 años de edad, que fuera detenido luego de que la Policía lograra individualizarlo, analizando imágenes de cámaras y levantamiento de rastros sobre las misivas.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz, encontrándose presentes en sala, el imputado y su defensora oficial, la doctora Romina Pino, así como la fiscal interviniente.
González fue acusado de que el día 24 de julio pasado, concurrió a los Tribunales de La Histórica y tratando de disimular su fisonomía, entró con un buzo con capucha, para dirigirse al mostrador de atención al público de entrada a las Fiscalías, donde entregó un sobre con dos notas, señalando que era para la fiscal, tras lo cual se retiró.
Al abrir dicho sobre se encontraron con la nota manuscrita en letras de imprenta donde se amenazaba de muerte a ambas funcionarias del poder Judicial y otra que aparentemente se trataba de desviar la atención, para que no se pudiera dar con quien fuera el autor.
Este martes, la doctora Occhi, confirmó que la amenaza se relaciona a un hecho de violencia, ocurrido en la Terminal de Concepción del Uruguay, cuando el acusado y su primo, fueron a golpear a un tal Pity, que según ellos, le había robado dinero la madre de Gonzalez y se fue de la pensión sin pagar.
Tras la intervención policial, este individuo y su primo fueron detenidos y se les inició una causa penal, no habiendo pruebas de que Pity hubiera realmente robado.
Este procesamiento sería lo que molestó a este individuo, que evidentemente enojado escribió las notas y las llevó, pudiéndose constatar que sería él quien las llevó, ya que en las mismas se encontraron huellas digitales de dos dedos de su mano izquierda, gracias al trabajo minucioso de la División Criminalística de la Departamental Uruguay.
La Fiscalía sostuvo que para realizar la investigación y seguir adelante con el proceso garantizado y sin riesgos de las funcionaras amenazadas, solicitaba la prisión preventiva por el plazo de 90 días, destacando que las damnificadas deberán declarar en las próximas horas y solicitó las pericas sobre el celular de González que usa conjuntamente con su pareja, por lo que le comunicó a la mujer que disponga en nombramiento de un defensor.
La doctora Occhi, intenta obtener información de los llamados y mensajes realizados desde ese aparato los días previos y posteriores del hecho, para sumar evidencias en el caso, resaltando que se está ante un hecho muy grave, como es el tratar de intimidar a funcionarios judiciales para impedir que hagan su trabajo.
A su turno la defensora oficial, doctora Romina Pino, se opuso a la medida, considerando que su representado no cuenta con antecedentes penales y que este tipo de delito, llegado a juicio contempla pena mínima de 3 años, por lo que puede ser una condena condicional.
Por esta razón, es que la doctora Pino sostuvo que había otras medidas alternativas menos gravosas y lo que resta en la IPP no se afectaría con la soltura de González.
Escuchadas las partes, el juez interviniente dispuso aceptar la medida peticionada por la Fiscal, pero por un plazo menor al presentado, por lo que ordenó la prisión preventiva por 45 días.
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