El 9 de enero de 2015 se produjo en Concepción del Uruguay un sangriento hecho delictivo perpetrado por dos menores. Crimen que se llevó la vida de una mamá, una mujer todavía joven y trabajadora, que cada mañana salía a barrer calles para contribuir al sostenimiento económico de su familia. El menor de sus hijos tenía, entonces, entre 10 y 11 años de edad.
Ese amanecer de verano, Susana Urán de 46 años cumplía con sus tareas de barrendera en la calle San Martín. Pasó frente a la sede de Policía Federal y le dio los buenos días al guardia, como acostumbraba a hacer esa mujer educada y respetuosa; y siguió barriendo con dirección a la Escuela Normal, ubicada en calle Jordana. Iba absorta en su trabajo, tal vez pensando en su familia, en algún trámite, una tarea doméstica… ¿cómo iba a imaginar que a pocos metros la aguardaba la muerte vestida de adolescente, tan cerca de una sede policial?
Un chico la abordó de repente e intentó quitarle sus pertenencias. Ella forcejeó, pero él le asestó un puntazo en la cabeza con un objeto punzo cortante que portaba. Susana cayó al piso herida. El joven escapó llevándose el celular de su indefensa víctima. En la esquina lo esperaba su cómplice en una bicicleta, en la cual se encaramó él también y ambos huyeron.
El efectivo de la Federal dio la alarma y desde la dependencia se socorrió a la víctima mientras se alertaba a la policía de la provincia, cuya jefatura distaba también escasas cuadras.
Mientras Susana era trasladada en grave estado al Hospital Justo José de Urquiza, los jóvenes fueron detenidos en cercanías del radio céntrico.
Como se trataba de menores de edad ambos fueron trasladados a un instituto del Copnaf, mientras la mujer agonizaba en el hospital. Fueron ocho días de dolor inenarrable para su familia, que debía abocarse a lidiar con su propia angustia y a la vez contener al hijo más pequeño. Cuando toda esperanza se esfumó y ya solo restaba esperar el óbito de esa mujer valiente y trabajadora, que atinó a defenderse de una agresión criminal, su familia decidió cumplir con su voluntad de donar sus órganos. Así como fue generosa para dar vida siendo madre, lo fue para dar vida con su muerte.
Los asaltantes
Los atacantes no eran personas que vivieran desprotegidas o abandonadas: eran dos jóvenes de 17 años que contaban con un soporte familiar estable a quienes (quién sabe por qué oscura y retorcida idea) se les ocurrió robarle a esta mujer que se ganaba la vida barriendo calles.
En primera instancia la justicia penal dictó la responsabilidad de ambos en el hecho que, a la postre resultó un homicidio, ya que la víctima murió a raíz de la herida inferida que dañó partes vitales en su cabeza.
Por tratarse de dos personas menores, aunque mayores de 16 años, se protegió su identidad y solo trascendieron las iniciales de sus nombres: S.D.G y J.J.S., domiciliados el primero en barrio Santa Teresita, y el segundo en barrio General Mosconi.
Llegada la audiencia, a la que el periodismo no tuvo acceso por tratarse de menores de edad -aunque al filo de la mayoría de edad-, los jóvenes se declararon imputables.
S.D.G. fue declarado responsable del delito de “Homicidio en ocasión de robo”, en tanto que a J.J. S., se lo acusó de “Robo agravado por el uso de arma”, actuando en complicidad con el primero. Como no se los podía condenar como adultos, le tocó al juez de Menores y Familia de nuestra ciudad imponer las penas correspondientes. El resultado fue: de tres años y cuatro meses de prisión al joven de apellido G, y de un año y siete meses de prisión en suspenso, al de apellido S. Además, a ambos se les iban a descontar los 10 meses y 18 días de internación en sendos institutos del Copnaf, ya que se encontraban alojados en lugares separados desde su detención. Con este fallo, S no iría a prisión y G solo cursaría poco más de dos años de encierro. Pero, tal vez, ni siquiera eso, pensaron quienes siguieron el caso con estupor, porque eventualmente podrían descontarles meses o hasta años por buena conducta, o por el monto de la pena…
Allegados de Susana y buena parte de la ciudadanía tuvieron que soportar incluso que, tras el fallo y hasta tanto no quedó firme la sentencia, los atacantes circularan libremente por las calles de la ciudad como cualquier chico de su edad. Una irreverencia casi intolerable para quienes sabían que habían arrebatado una vida con indolente crueldad.
Sin dudar de la honorabilidad del señor juez de Menores y Familia de nuestra ciudad, ni de su estricto apego a la ley, la condena no dejó conforme a la opinión pública, por “tan poca pena para tan grande pecado”, como dice el refrán.
Consistente con esto, la querella apeló. Recurso va, recursos viene desde ambas partes, a fines de 2023 quedó firme el nuevo fallo, impuesto por el juez de Menores y Familia de la ciudad de Colón: 8 años de prisión de cumplimiento efectivo para el atacante Sergio García, quien fue alojado en la UP N°1 de la ciudad de Paraná y 4 años para Joaquín Sánchez en la UP N°5 de Victoria.
A ambos se les descontarán los 10 meses y 18 días de internación en los institutos del Copnaf.
¿Por qué se defendió?
A fines de 2023 ya faltaba poco para que se cumplieran 8 años desde el cruel hecho que privó de una madre amada a sus hijos, de la mujer querida a su pareja, de una hija, hermana, amiga entrañable a otros familiares y allegados.
Como periodista de policiales por esos días escuchaba comentarios acerca de la conducta de Susana cuando le robaron. “¿Por qué se resistió? Si no lo hubiese hecho, estaría viva” era uno de los más escuchados, como si cualquiera tuviera derecho a abordarte para robarte lo poco o mucho que tengas, como si su condición de menores al momento del hecho lo justificara.
Pues no, no lo es
Hay países en los que se juzga como mayores a chicos de 12 años y no sé si de menos edad. Y yo creo que así debe ser. He visto en una ocasión como tres nenes que no pasaban de los 13 años asaltaban a un hombre a punta de arma de fuego, por suerte y a contramano apareció un patrullero en el que se conducían dos policías que los seguían, porque sospechaban que algo estaban por hacer. El grito del policía, “¡párense ahí!”, cuando intentaron huir dispersándose, me hizo comprender por qué un hombre de edad estaba contra la pared y los tres chicos a su alrededor como arracimados: lo revisaban bajo amenaza para quitarle lo poco que traería. Como pasaba por ahí, salí de testigo de lo encontrado por los servidores de la ley: un arma que lucía oscura y ominosa a la luz baja del foco de calles Ituzaingó y 14 de Julio. Era de noche y yo regresaba a pie a mi casa, luego de cerrar mis páginas en LA CALLE.
Yo misma fui dos veces víctima de intentos de robo, por suerte, o por la gracia de Dios, en las dos oportunidades personas de bien salieron en mi defensa. En la segunda oportunidad, la calle 14 de julio estaba desierta y me defendí huyendo y demandando auxilio a gritos. Afortunadamente, el ladrón, que no se esperaba la aparición de un vecino del lugar, optó por escapar.
Comprendo a los familiares, amigos y vecinos de Susana. Las dos veces que intentaron asaltarme, experimenté una impotencia, una indignación y una furia tales, que si hubiese tenido un arma, otro hubiera sido el resultado. También las mujeres nos indignamos, también las mujeres nos defendemos y defendemos lo poco que tenemos. La ley es la que tiene que velar por los ciudadanos de cualquier sexo y cualquier edad, no importa si el ofensor es menor o mayor. En todos los casos, debe sentir su peso, porque, en definitiva “Lex dura, sed lex” (La ley es dura, pero es la ley).
Por Clelia Vallejo – Profesora – Periodista
La Calle
