La Cámara de Casación Penal de Paraná fijó fecha para discutir las sentencias en el marco del “megajuicio por corrupción”, que condenó al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez, entre otros. Las audiencias serán el 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre.
Las vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo deberán resolver los planteos de las partes en ese orden, tras las audiencias que se desarrollarán durante cinco días, desde las 9. La decisión se comunicó este martes, publicó Análisis Digital
En abril pasado, los jueces José María Chemez –se jubiló–; Carolina Castagno y Elvio Garzón condenaron a Urribarri y varios exfuncionarios de su gobierno, empresarios y familiares por delitos de corrupción cometidos durante las dos administraciones provinciales a su cargo. Los jueces ordenaron 8 años de cárcel para el exmandatario; 6 años y medio para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; 6 años y medio para Juan Pablo Aguilera –cuñado de Urribarri–. Los tres fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los jueces, además, dieron penas condicionales a otros imputados en el proceso: 2 años para el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi; 1 año y 2 meses para Germán Buffa; 3 años para el empresario Gerardo Caruso; 3 años para la contadora Corina Cargnel; 3 años para Gustavo Tamay; 2 años y medio para Luciana Almada –esposa de Aguilera–.
En su momento se investigaron delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio en la función pública, peculado y fraude a la administración pública en cinco causas acumuladas que llegaron juntas a debate oral. En efecto, se trató de la “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, pesquisa a partir de la cual quedó en evidencia la sistemática contratación de firmas adjudicadas a Aguilera –Tep y Next SRL– por parte del Gobierno de Entre Ríos, lo cual permitió el crecimiento y desarrollo empresarial. Asimismo se investigó la adjudicación de publicidad estatal a una empresa a cargo de Buffa, que ni siquiera estaba inscripta en el Registro de Proveedores de la provincia. Se investigó también la adjudicación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la publicación de una solicitada contra los Fondos Buitres en 18 medios gráficos del país; y la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná. Estos últimos tres expedientes fueron considerados actos de campaña, disfrazados de actividades de Gobierno y, por lo tanto, financiados con dinero público.
La sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná absolvió, en tanto, a cuatro personas: el exministro de Turismo Hugo Marsó; el contador y empleado del Gobierno provincial Gustavo Tórtul; el diseñador gráfico Maximiliano Sena y Alejandro Almada, hermano de Luciana Almada. Además, los jueces absolvieron a Hugo Céspedes, que falleció después de iniciado el debate. Pese a la extinción de la acción penal por su muerte durante el debate, el tribunal consideró justo absolverlo de culpa y cargo y decidió que el proceso no afectó su buen nombre y honor.
La sentencia judicial de repercusión nacional que recayó en el “megajuicio por corrupción” en Entre Ríos, tuvo una consecuencia política ya que derivó en la salida de Urribarri de las embajadas de Israel y Chipre, cargos a los que había accedido durante los primeros meses del Gobierno de Alberto Fernández.
