El pasado lunes 17 de diciembre la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la remisión a juicio de tres causas unificadas en la que está imputado el exgobernador y actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y otras siete personas, entre las que están su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez.
Son los tres expedientes que se acumularon para elevar a juicio, tal como anticipó Entre Ríos Ahora en septiembre. Se trata de los legajos en los que la Fiscalía acusa al exmandatario por el supuesto uso de fondos públicos para el sostenimiento de parte de su campaña como precandidato a presidente entre 2014 y 2015. Los delitos que se le endilgan al actual titular de la Cámara de Diputados van desde peculado, a negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
Los tres legajos unificados son: la causa por la instalación del parador playero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23. La suma de todas estas investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones.
El requerimiento de remisión a juicio elevado al juez de Garantías fue firmado por la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche; y los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.
En el texto se adelanta un pedido de pena para Urribarri de 9 años de cárcel más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; mientras que para Báez y Aguilera solicitan 8 años de prisión más la inhabilitación. Además, requieren que se les aplique una multa leve: 90 mil pesos.
Los demás imputados en las diferentes causas, son: Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
Solicitada millonaria
En el primer legajo acumulados, el N° 61.211, la fiscalía le imputa a Urribarri y Báez que siendo gobernador y ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos respectivamente, habrían sustraído de la partida presupuestara DA 984, cuya custodia tenían a cargo, la suma de $4.308.500,23 para difundir la solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina.
El texto fue publicado en junio de 2014 en diferentes medios, como los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Buenos Aires Herald, Tiempo Argentino, El Argentino, Crónica, Página 12, El Litoral de Santa Fe, El Diario de Paraná, Uno de Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, La Capital de Rosario, El Sol de Concordia, El Día de Gualeguaychú, La Calle de Concepción del Uruguay.
Para los acusadores, esa publicación tuvo como único fin promocionar, con fondos públicos, la precandidatura a presidente de Urribarri. Sostienen que la solicitada se tramitó bajo el expediente N° 1603731, y que Báez la justificó “ficticiamente” con el argumento de que era necesaria la difusión de actos de gobierno.
Así, ambos firmaron la orden de publicidad y luego el decreto N° 2940/14 del 5 de septiembre de 2014. En ese sentido, remarcan que esa resolución fue rubricada “a sabiendas del velado propósito de la publicación en cuestión”.
Nelly/Mercosur
Por otra parte, en el marco del legajo N° 29885, se solicitó remitir a juicio, además de Urribarri y Báez, al coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y al coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul.
En esta causa la Fiscalía reprocha la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28.400 millones para la difusión de cuatro spots publicitario de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Para los acusadores los videos tuvieron otro fin: difundir la imagen de Urribarri como precandidato a presidente.
Recientemente, en este expediente logro una probation Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, quien estaba acusado de haber sido partícipe en la contratación de Nelly Entertainmet SA, firma que preside. Pagará una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hará a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.
En la imputación, los fiscales consideran que para dicha contratación fue “imprescindible” la participación de Báez, Céspedes y Tortul.
Parador
En tercer lugar se encuentra la causa del Parador playero instalado en enero de 2015 en Mar del Plata. La acusación fiscal señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador playero empleando la contratación para promocionar su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015.
En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador, y que a su vez es ex director de Contenidos del Fútbol para Todos; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Aguilera, que también va a juicio en la causa por la distribución millonaria de publicidad en la que están acusados Urribarri, Báez, Aguilera.
Para los fiscales, Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacía el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, por $2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas Tep SRL y Next SRL –que se le vinculan-, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
En la imputación se afirma que para concretar la “sustracción”, el entonces ministro de Turismo, Marsó, inició un expediente el 5 de diciembre de 2014 justificándolo con un argumento falso en el que sostuvo que se iba a “promover, difundir e instalar la marca Provincia de Entre Ríos como destino turístico”.
Así, se solicitó el espacio público –la playa- al Municipio del Partido de General Pueyrredón -Mar del Plata-, y se “direccionó” la contratación a la firma “El Juego en que andamos SRL”, de Caruso. Para los fiscales, además, el empresario “contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma, para lo cual y en connivencia con los funcionarios públicos nombrados, y también con el Sr. Juan Pablo Aguilera, simuló la intervención en la licitación pública de la firma Castromil S.R.L., cuya propuesta fuera desestimada, pero que sirviera a los fines de acreditar una ficticia concurrencia y competencia de participantes en la licitación referida”.
En cuanto a la empresa de Caruso, remarcaron que no tenía domicilio en la provincia y que para poder ser contratada se dio uno ficticio, que se encontraba en la casa del entonces Secretario de Justicia de Ente Ríos, Rubén Virué, en calle Las Heras 207, en Larroque, departamento Gualeguaychú.
En diciembre de 2017, al ser consultado por Entre Ríos Ahora, el exfuncionario explicó que su domicilio aparecía en el expediente porque su hijo Fernando, que es periodista deportivo, trabajaba como asistente de producción en Fútbol para Todos, donde ‘Foia’ Caruso era su jefe.
Penas
Finalmente, la Fiscalía adelantó el monto de la pena, aunque se aclaró que ello podría variar durante el juicio.
Para Urribarri piden 9 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; para Báez, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, en tanto que para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; Corina ElizabethCargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.
Además, para cada uno pidieron una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Los abogados de los imputados, son: Marcos Rodríguez Allende, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez por Sergio Daniel Urribarri; Ignacio Esteban Díaz y José Raúl Velázquez por Pedro Ángel Báez; Miguel Angel Cullen y Guillermo Vartorelli por Hugo Félix Céspedes y Gustavo Javier Tortul; Emilio Fouces por Hugo José María Marsó y Gerardo Daniel Caruso; Marcos Rodríguez Allende por Juan Pablo Aguilera y Cullen por Corina Elizabeth Cargnel.
Fuente: Entre Ríos Ahora
