Las cosechadoras se presentaron con bombos y platillos en la Presidencia de Cristina Fernández.
La empresa Grandes Máquinas S.A. prometió fabricar cosechadoras de última generación en Concepción del Uruguay. Para eso, tomó créditos por 5,5 millones de pesos del Estado entrerriano durante los dos gobiernos de Sergio Urribarri, que nunca devolvió. Los capitales se fueron de la provincia luego de cobrar el dinero, dejaron un galpón desmantelado, obreros sin trabajo y la certeza de una fábrica fantasma. Por ello, desde hace seis años tramita en la justicia provincial una causa por estafa a la administración pública y el expediente N° 64.002 tiene ocho imputados: los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl; la ex coordinadora Ejecutiva del Finver, Mabel López de Solanas; el coordinador de Gestión del Ministerio de la Producción, Leandro Rodríguez; el ex ministro de Producción y ex primer vocal del Finver, Roberto Schunk y el ex ministro de Economía y ex presidente del Finver, Diego Valiero. Sin embargo, poco se avanzó en todo este tiempo.
La empresa Grandes Máquinas S.A., prometió fabricar cosechadoras de última generación en Concepción del Uruguay. Por eso hizo un acuerdo con el Estado entrerriano y cobró créditos a través del Fondo de Inversión de Entre Ríos (Finver), entre los años 2009 y 2012.
Los empresarios aseguraban ser una rama de los históricos fabricantes de cosechadoras de Argentina y Latinoamérica, la familia Senor, quienes en realidad continúan fabricando pequeñas máquinas agrícolas en Santa Fe, pero en su momento estos desmintieron públicamente cualquier relación con quienes fueron integrantes de Grandes Máquinas SA.
A Entre Ríos llegaron entonces Ricardo Vicente Senor (padre) y Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl, ellos cuatro que aparecían como integrantes del grupo inversor. Desde 2009 a 2012, recibieron del Estado entrerriano unos 5,5 millones de pesos para instalar la fábrica en un galpón cedido del puerto de Concepción del Uruguay, donde estuvieron trabajando unos 30 obreros.
Grandes Máquinas S.A. prometió construir 18 herramientas que viajarían a cosechar granos en Angola (África), luego de la firma de un acuerdo de intención con una empresa angoleña, tras la gira comercial a ese país.
Los inversores apenas realizaron un solo prototipo que, cuando fue probado en un campo entrerriano, se rompió al recorrer pocos metros. Ese mismo prototipo fue expuesto el 12 de marzo de 2012 en la explanada de la Casa Rosada. Fue un acto del que participó la ex Presidenta Cristina Fernández, el ex gobernador Sergio Urribarri, la ex ministra de Industria Débora Giorgi, y los integrantes de Grandes Máquinas S.A.
Sin embargo, el acuerdo de intención entre los empresarios entrerrianos y angoleños, nunca se concretó. Y ese incumplimiento, en realidad, era algo esperable.
Grandes Máquinas S.A. – “Maag Mitos”
Según reveló el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el denominado “Grupo Senor” no existía más que como marca, sin antecedentes productivos. La firma que se instaló en Concepción del Uruguay, nació a fines de 2010, pero los Senor que en 1920 (Juan y Emilio) fabricaban carros y luego crearon la primera cosechadora nacional de remolque para tiro animal, no tienen más relación con estos Senor que el apellido en común.
El carrocero que había fabricado la carcasa plástica para el único prototipo, el cordobés Daniel Osvaldo Huarte, denunció públicamente que le pagaron con cheques sin fondos, y en 2007, el mismo “Grupo Senor” realizó una maniobra similar en la provincia de Formosa.
El 31 de marzo de 2014, con la publicación en el Boletín Oficial, se formalizó la quiebra de Grandes Máquinas S.A. Concepción del Uruguay.
El periodista Martín Barral de la cooperativa El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, venía alertando en una serie de notas una posible estafa al Estado provincial. Esa información fue tomada por medios nacionales, y amplificada por el programa que conduce Jorge Lanata, y se transformó en un hito vergonzoso para la historia entrerriana y nacional.
En diálogo con Cuestión de Fondo, Barral recordó que “una vez conocido el libramiento del cheque sin fondos por sumas millonarias de los socios de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay y los detalles que iba haciéndonos conocer el principal proveedor de la maquinaria que supuestamente estaba fabricándose en Concepción del Uruguay permitieron confirmar las sospechas de que algo fraudulento estaba ocurriendo”.
“El disparador de la investigación fue la falta de correlato entre los anuncios del gobierno provincial y municipal acerca de la futura –y en simultáneo a los anuncios- instalación de una fábrica de cosechadoras en el puerto de Concepción del Uruguay, pero cuando uno iba al lugar donde supuestamente se estaba instalando en forma muy avanzada la fábrica de cosechadoras lo único que había en el galpón del puerto era una pintura naranja en el exterior, y adentro solo se veía un par de herramientas y gatos hidráulicos. Sin embargo en las fotos que difundía la Dirección de Prensa Municipal aparecía el entonces intendente Marcelo Bisogni y el entonces senador provincial Carlos Scheppens en supuestas líneas de montaje que no existían”, describió el periodista.
A ello, agregó que “a fines de 2009 que fue cuando apareció la primera foto de los socios de Grandes Máquinas con funcionarios provinciales, y al ir recabando información que no coincidía con la realidad de lo que difundían los gobiernos municipal y provincial, se estaba viendo un fraude en vivo y en directo, el que se terminó de consumar con el concurso de acreedores que pidió la propia firma Grandes Máquinas SA después de recibir tres créditos por más de cinco millones y medio de pesos”.
“Las promesas fueron en el marco de ese globo de humo con el cual lo que se quería era recibir la asistencia de ese dinero que después no se iba a devolver a las arcas provinciales, pero también fueron damnificados una cantidad de personas, porque en el concurso de acreedor se determinó que Grandes Maquinas debía más de 10 millones de pesos y solo siete millones correspondían al Estado provincial o nacional y el resto fue un desfalco contra particulares”, aseveró.
La causa judicial
La provincia cobró el 100 por ciento de los seguros de caución. Pero la causa ya tiene seis años de tramitación y aun no fue elevada a juicio. En primer lugar, porque se investigó por el Código Procesal Penal viejo, que lleva más tiempo y hace un año aproximadamente se están esperando que lleguen informes de Córdoba y San Luis.
También se enviaron exhortos a empresarios de esas provincias, y solo algunos ya fueron respondidos. Pero en concreto, la causa está en el mismo estado, sin movimientos, por lo menos desde hace un año. La última indagatoria se realizó en abril de 2016 y hace poco tiempo, este año, se mandaron a peritar dos computadoras viejas del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) que estaban secuestradas. Esos peritajes, aunque cueste creerlo, se pidieron de urgencia este año, para devolver las máquinas.
El expediente N° 64.002 tiene ocho imputados: los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl; la ex coordinadora Ejecutiva del Finver, Mabel López de Solanas; el coordinador de Gestión del Ministerio de la Producción, Leandro Rodríguez; el ex ministro de Producción y ex primer vocal del Finver, Roberto Schunk y el ex ministro de Economía y ex presidente del Finver, Diego Valiero.
En algún momento se pidió también la imputación del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pero se rechazó. La causa pasó por varios fiscales Sandra Terrero, Gervasio Labriola y Pablo Zoff.
Los informes que se pidieron y aún se esperan en el marco del expediente, están vinculados a supuestas referencias que dieron los Senor cuando llegaron a la provincia a pedir el crédito. Serían supuestos avalistas y por ello desde la justicia provincial quieren conocer si efectivamente existieron esos avales y si efectivamente los Senor tenían o no solvencia económica para pedir los créditos.
La imputación general es estafa a la administración pública que tiene una pena de hasta seis años de prisión, pero varía por ejemplo en el caso de los funcionarios por incumplimiento de deberes.
La provincia siguió entregando créditos a la empresa aun cuando había entrado en cesación de pagos, es decir que ni siquiera los empresarios pagaban los intereses del crédito que ya habían tomado.
El primer crédito que se entregó fue a la empresa BSV S.A. (de Ariel Bohl) – Grupo Senor, porque Grandes Máquinas ni siquiera estaba constituida. Se creó recién en diciembre de 2010, un año después de entregado el primer crédito. BSV gestionó el crédito para crear Grandes Máquinas SA. (Análisis)
