El entrerriano Fabián Tomasi trabajó, durante años, cargando aviones fumigadores y bombeando productos químicos, para la sucursal de una empresa agrícola, en Basavilbaso. Hoy sufre una neuropatía tóxica severa y atrofia muscular general.
Las poblaciones cercanas a los campos de cultivo argentinos tienen una tasa de tumores mayor que la media, según un estudio de la Universidad de Rosario. El uso del herbicida «probablemente cancerígeno», según la OMS, se ha disparado en el país. En las provincias de Chaco, Misiones y Entre Ríos, se encuentra la significada «catástrofe sanitaria»: casos de cáncer, trastornos, malformaciones y abortos espontáneos. Cientos de localidades de esas provincias, así como de Santa Fe o Córdoba, tienen dos denominadores comunes: unas tasas de enfermedad desorbitadas y la proximidad a las zonas de cultivo intensivo que se extienden a lo largo de unos 30 millones de hectáreas por todo el país.
El terror a la vuelta de la esquina
«Llegábamos a casa y la cara nos ardía. Estar vivo es un milagro», confesó Tomasi. Durante años, el vecino de la localidad de Basavilbaso trabajó para una compañía de fumigación aérea, cargando y bombeando productos químicos. Hoy sufre una neuropatía tóxica severa y actualmente está en tratamiento por atrofia muscular general, lo que le obliga a guardar cama.
La enfermedad ataca a su sistema nervioso periférico. Sus brazos cuelgan sin fuerza de un torso enclenque, desvencijado, privado de carne y nervio. Desde joven, se había dedicado al mantenimiento de aviones fumigadores en una sucursal de la empresa agrícola Molina y Compañía S.L.R. en la localidad de Basavilbaso, en Entre Ríos.
Cada día llenaba los tanques de herbicida de las aeronaves, que luego fumigaban los campos de la zona, desde el aire. «Cargábamos los aviones con veneno. Abríamos los tanques de 20 litros y al sacar las tapas se te pegaba todo el veneno en las manos. Comíamos debajo de las alas de los aviones, donde el veneno goteaba. Llegábamos a casa y la cara nos ardía. Si me pongo a pensar, estar vivo es un milagro», relató.
A Tomasi su empresa nunca le proporcionó esa protección. Aun así, rechaza la idea: «No hay manera de esparcir bien 300 millones de litros de veneno». Los estudios de la Universidad de Rosario le dan la razón: ni siquiera es necesario tener un contacto directo con el material. Las partículas quedan en suspensión, tras ser rociadas desde el avión y el aire las transporta. De hecho, la fumigación aérea está prohibida en la Unión Europea por una directiva de 2009, salvo en situaciones excepcionales que requieren solicitud y aprobación expresas.
«¿Cuánto crecimiento de PIB de un país justifica la leucemia de un niño? Que me respondan eso. ¿Cuánto crecimiento justifica un niño nacido con malformación, el desarrollo de cáncer, de hipotiroidismo en una persona? ¿Cuánto cuesta nuestra salud? ¿Quién y cuándo decidió que la vida se puede medir en términos económicos?». Las preguntas se quedan en el aire, sin respuesta.
Antes de colgar el teléfono, Tomasi llama a su madre para que lo ayude a acostarse. «Sé que es discutible, pero yo te puedo asegurar que, en países como el nuestro, siendo pobres se muere más fácil: esa es mi experiencia», lamenta.
La realidad que duele
En Argentina, el uso del glifosato y de otros pesticidas no paró de crecer. Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) aseguran que sus estudios demuestran que el glifosato no es perjudicial para la salud humana, basándose en lo que llaman » abrumadora evidencia científica».
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud introdujo el pasado año ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como «probablemente cancerígenas». Meses más tarde, una reunión conjunta de la OMS y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) emitió un comunicado que decía que «no es probable [que este herbicida]suponga un riesgo para la salud humana mediante la dieta».
En tanto, el principal cambio en el modelo productivo de la Argentina rural se dio en 1996, cuando el Gobierno aprobó la utilización de cultivos transgénicos capaces de sobrevivir a potentes agroquímicos, especialmente la soja Roundup Ready (RR) –del inglés ‘lista para el roundup’, un herbicida cuyo principal activo es el glifosato. Así, todas las localidades del interior del país fueron quedando rodeadas de campos extensivos de soja, aunque también de maíz y trigo, con semillas transgénicas.
Lo curioso, es que en los años 80 la OMS había calificado el glifosato como elemento de riesgo 2A –»probablemente cancerígeno» – y a principios de los 90 rebajó su peligrosidad hasta un nivel 4 –»inocuo para la salud humana» –, poco antes de que la multinacional Monsanto lanzase la patente de la soja RR y comercializase el roundup como el herbicida más eficaz.
Fuente: Diario La Calle
