Dos funcionarios policiales con prestación de servicios en la Departamental Villaguay, están siendo sometidos a juicio oral, acusados de haber robado una billetera con dinero a un vecino de esa ciudad, cuando lo hallaran tirado en la vía pública en estado de ebriedad.
Se trata del subcomisario Daniel Sava (jefe de Comando) y el cabo Juan Manuel García, representados por los doctores Cardona y Federik, respectivamente.
Recordando el hecho
El delito que se les endilga ocurrió en la madrugada del 24 de mayo de 2015, en la ciudad de Vilaguay, cuando ambos funcionarios, junto al cabo Juan Domingo Cepeda, recorrían las calles en prevención y encontraron a Jorge Ojeda, tirado en la vereda en evidente estado de ebriedad.
En ese momento, los policías bajaron del móvil para ver lo que pasaba e identificaron al joven, por lo que García llamó a una casa, de donde salió un hombre que reconoció al muchacho que resultó ser su sobrino, al que ayudó a entrar a la vivienda.
Una vez en el patrullero, los uniformados continuaron la recorrida, pero en un momento dado, Salva sacó de entre sus ropas una billetera y le dijo a Cepeda (quien iba en el asiento trasero), que contara la plata y la repartiera, a lo que el cabo se negó y señaló que en esas cosas no se prendía.
Ante la negativa, el subcomisario dividió el dinero (suma que rondaría los 2000 pesos) y le dio a García su parte, que oficiaba de conductor del móvil.
Tras recorrer varias cuadras, Salva habría arrojado la billetera en un terreno baldío que muchas veces es usado por vecinos para tirar sus residuos, en tanto que el chofer del patrullero bajó y en el terreno del frente, prendió fuego la documentación, para luego seguir su recorrida de “prevención”.
Los hechos fueron relatados por los fiscales del caso, los doctores Nadia Benedetti y Juan Manuel Pereyra, quienes señalaron que Cepeda fue quien contó lo sucedido a su hermano, oficial principal que trabajaba en Investigaciones y que este a su vez, le comentó al suboficial mayor Díaz, quien notificó lo sucedido al jefe Departamental de ese momento, comisario mayor Carlos Pérez.
Fue el mismo jefe quien ordenó iniciar la investigación y localizar al damnificado, logrando Cepeda y un camarada, encontrar la billetera y la documentación quemada a medias.
Ante el Tribunal integrado por los vocales, Mariano Martínez, Fabián López Moras y Alberto Seró, se tomó juramente a los testigos y se dio inicio a las diferentes declaraciones.
El primer testimonio fue el del cabo Cepeda, que contó lo sucedido con lujo de detalles, y aclaró que él se negó a participar de ese accionar, porque está para servir a la comunidad y no para servirse de la misma y tiene esos valores inculcados por sus padres.
El testigo contó que le dijo a su hermano lo ocurrido porque se sentía angustiado por este proceder de sus camaradas, pero no se animó a denunciarlo porque era su palabra contra su superior directo y era muy difícil que le creyeran.
Su hermano, oficial principal Cepeda, contó lo que pasó cuando este le contó, coincidiendo en los dichos, situación similar a la que se dio al momento de declarar el suboficial mayor Díaz.
Lo propio hizo el comisario mayor Pérez, quien aseguró que no dudó un momento en proceder y dar inicio a las averiguaciones del caso, iniciándose sumarios internos para llegar a la verdad, señalando que en su paso por Villaguay, ya había tenido un caso en el cual se vio involucrado otro funcionario y no dudó en actuar, destacando que más allá de la jerarquías, ante un hecho de estas características, el funcionario deba denunciarlo de inmediato.
Tras la declaración de los testigos, se pasó a un cuarto intermedio para este martes, donde habrá otros testimonios y se espera el turno de los alegatos, donde al parecer, los defensores buscarán desvirtuar los dichos del cabo Cepeda, único y principal testigo de lo sucedido.
Según se pudo saber, la Fiscalía buscará la condena del subcomisario Salva por el delito de “Hurto doblemente agravado, por ser calamitoso y cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones”, en tanto que a García se tratará de probarle el delito de “Encubrimiento agravado por ser cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones”, por lo que si bien las condenas no serían de cumplimiento efectivo, pedirán la inhabilitación para ejercer cargos públicos y de hacerse lugar al pedido fiscal, una vez que la condena quede firme, ambos serán dados de baja, de la Institución, ya que mientras duró la IPP y el juicio, continuaron prestando funciones en otros cargos.
Fuente: 03442
