Nelson Salinas tiene 36 años y sufre el síndrome de Kniest, una deficiencia en su crecimiento. Hasta julio del 2016 contaba con una contribución no contributiva por su discapacidad de 3.300 pesos. El Gobierno Nacional se la cortó. “El argumento fue que no puedo tener bienes a mi nombre”, contó.
Nelson Salinas tiene 36 años y es diseñador gráfico, músico, canta en coro, aunque, por el momento, sólo consigue changas para realizar. Su vida, asimismo, cuenta que también tiene que convivir con el síndrome de Kniest, un problema en las hormonas de crecimiento, lo que implica que tenga una muy baja estatura, de poco más de un metro.
En este contexto, Nelson tenía hasta el 2016 una pensión no contributiva por su discapacidad. Era de 3.300 pesos. En julio del año pasado fue la última vez que la cobró. “En agosto ya no cobré nada, a partir de ahí no cobré más. Todo fue sin previo aviso”, comentó.
“Por el hecho de ser una persona con dificultades de adaptarme al medio tengo menos oportunidades, esto es una realidad en lo laboral en donde hay más discriminación. Quisiera trabajar. Además tenemos más gastos para mantenernos”, aseveró en cuanto a su realidad cotideana.
Los argumentos utilizados por el Gobierno Nacional para darle de baja la contribución fue porque tenía un automóvil a su nombre. Sucede que Nelson con lo que le ingresaba como derecho por discapacidad lo destinaba a pagar un auto. “El gobierno dice que no tengo que tener bienes y tengo que tener una discapacidad del 76 por ciento. Es injusto y no corresponde porque esto no es una ayuda asistencial, digamos, por necesidad. Debería ser un derecho como lo indican las organizaciones internacionales de derechos humanos”, señaló.
“El argumento que me dijeron desde Anses fue la incompatibilidad de bienes, porque el auto que compré estaba a mi nombre para poder tener los beneficios de la oblea de discapacidad”, explicó.
Ante este cuadro, criticó la decisión de Cambiemos de ir contra las asistencias a personas con discapacidad y para ello se puso de ejemplo, en el sentido de advertir lo incomprensible de quitarle la contribución por haber accedido a un auto. “Soy una persona independiente, así lo quiero, y no tienen porque pagarme o bancarme o llevarme a todos lados mis padres”, afirmó, en diálogo con BABEL.
La situación de Nelson se encuentra en proceso de reclamo ante la justica a través de un recurso de Amparo que promueve junto a una abogada que trabaja gratuitamente. “No tengo ingresos”, dijo.
Argentina elevó a categoría constitucional el “Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad”, lo que implica que el Estado no puede desconocer tales derechos. En este sentido, no hay decreto o ley alguna que pueda desconocer los beneficios sociales y económicos obtenidos por este universo de argentinos amparados por la Constitución en su artículo 75, inciso 23. Para desconocerlos, habría que modificar la Constitución Argentina. (Babel Digital)
