La Cámara de Senadores de la provincia aprobó un proyecto de ley, con dictamen de mayoría y minoría, que declara que los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial.
La iniciativa también declara que por razones históricas, jurídicas y económicas se encuentra comprendido el Complejo hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay y demás legislación pertinente.
A su vez, se encomienda al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial y a las representaciones legislativas de la Provincia en la Nación la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
El Poder Ejecutivo deberá acordar, convenir y concertar con las restantes jurisdicciones provinciales o nacional; lo relativo en cuanto al uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Al fundamentar el proyecto, uno de los autores del texto, el senador Angel Giano (FplV Concordia), dijo que “se trata de un proyecto que declara, por un lado, la propiedad originaria de nuestros recursos naturales, principios claramente constitucionales, y también y como consecuencia la soberanía energética provincial” aclaró.
Y recordó, entre otras cosas, que “partir del año 1994, en la nueva Constitución Nacional, se estableció que corresponde a las provincia el dominio de los recursos naturales de su territorio. Creemos que Entre Ríos tiene dos recursos naturales, los hídricos y la energía natural que se genera”.
Por su parte, Raimundo Kisser (Cambiemos Paraná) destacó que “si bien compartimos muchos argumentos, nosotros decimos que la metodología para reclamar lo que es nuestro no es en el marco de una ley provincial. No estamos en contra de que este complejo hidroeléctrico no sea de los entrerrianos sino que en cuanto a que no lo podemos reclamar por una ley provincial”, remarcó.
Seguidamente el senador leyó el dictamen de minoría que sostiene que “debemos partir que nadie puede estar en contra de la provincialización de la represa de Salto Grande. El hecho está que esa soberanía surge de las propias constituciones provincial y nacional por lo cual dictar una ley termina siendo inocuo”, expresó.
Recordó que hay acuerdos internacionales y leyes nacionales que ameritan actuar con prudencia. La sanción de una ley no es la vía adecuada sino una comunicación instando al Poder Ejecutivo de Entre Ríos para que gestione ante el gobierno nacional el traspaso de la represa.