La discusión por la reforma del sistema previsional entrerriano abrió uno de los debates institucionales y económicos más trascendentes de los últimos años. Sin embargo, para el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, esa discusión no puede analizarse de manera aislada: forma parte de un escenario mucho más amplio, atravesado por el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones, la necesidad de redefinir la relación financiera con la Nación, la obligación de recuperar recursos públicos afectados por hechos de corrupción y la urgencia de modernizar los mecanismos de control del Estado provincial.
En una extensa entrevista concedida al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), conducido por Daniel Enz, el funcionario repasó esos desafíos, defendió el proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y sostuvo que Entre Ríos debe avanzar hacia un esquema institucional que fortalezca la legalidad de los actos administrativos y la protección del patrimonio público.
Para Rodríguez Signes, el debate previsional resultó inevitable. Recordó que la Caja de Jubilaciones reúne a unos 66.000 afiliados y arrastra un déficit mensual cercano a los 43.000 millones de pesos, una situación que -según explicó- terminó condicionando las decisiones del gobierno provincial. “No estamos hablando de distribuir más plata; estamos hablando de distribuir menos recursos, de achicar el déficit”, afirmó al describir el escenario financiero que enfrenta la provincia.
El fiscal de Estado contextualizó ese proceso con una reconstrucción de las distintas administraciones provinciales. Recordó que durante los gobiernos de Jorge Busti y Sergio Urribarri el sistema pudo sostenerse gracias a una relación distinta con el gobierno nacional, mediante adelantos de coparticipación, endeudamiento de corto plazo y asistencia financiera. Más tarde -explicó- el gobernador Gustavo Bordet encontró un contexto diferente tras la restitución del 15% de la coparticipación y el acceso al crédito internacional. El escenario actual, en cambio, aparece condicionado por una relación distinta entre la Nación y las provincias. “Hoy se tiene un presidente con características que nadie imaginaba y evidentemente hay una necesidad de reordenar algunas cosas, entre ellas el sistema previsional”, sostuvo.
Consultado por Daniel Enz sobre los futuros cuestionamientos judiciales a la reforma, Rodríguez Signes consideró que la conflictividad será inevitable. Recordó que todas las modificaciones previsionales anteriores terminaron judicializadas y aseguró que este caso no constituirá una excepción. Aun así, defendió la constitucionalidad de los principales cambios incorporados al proyecto, entre ellos la actualización de la edad jubilatoria, la modificación del cálculo del haber inicial y la unificación del mecanismo de movilidad. “Siempre los hubo. No veo por qué no va a haber conflictividad”, resumió.
Rodríguez Signes también relativizó el impacto económico que podría tener una eventual normalización de la deuda que mantiene la Nación con Entre Ríos por el financiamiento del sistema previsional. Reconoció en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que el reclamo iniciado contra la ANSES resulta necesario, pero advirtió que aun en el escenario más favorable apenas permitiría reducir una parte del desequilibrio estructural. “No podemos decir nada más que la verdad: ser auténticos en esto”, expresó. Y añadió que ese aporte representaría aproximadamente el 15% del déficit de la Caja, porcentaje insuficiente para resolver el problema de fondo.
La entrevista también abordó otros expedientes de alto impacto institucional. Respecto de la investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de seguridad privada de ENERSA con la empresa Securitas, Rodríguez Signes confirmó que recibió instrucciones del Directorio para impulsar una investigación administrativa destinada a determinar responsabilidades y evaluar la eventual existencia de un perjuicio patrimonial para la empresa estatal. No obstante, evitó adelantar conclusiones. Explicó que el informe preliminar conocido públicamente todavía debe ser verificado y remarcó que corresponde actuar con prudencia antes de atribuir responsabilidades. “Responsablemente, tengo que verlo muy bien al tema como para decir si acá hay un perjuicio y la responsabilidad de fulano o mengano”, afirmó.
Esa cautela no modificó, sin embargo, su posición respecto de las causas de corrupción que afectaron al Estado provincial. Al referirse al expediente conocido como “Contratos Truchos”, defendió la solidez de la investigación penal y consideró que la Legislatura debe recuperar legitimidad institucional después del impacto político que produjo el caso. “La investigación está bien hecha, no es un invento”, aseguró. Recordó además que, apenas se conocieron los primeros procedimientos judiciales en 2018, decidió constituir a la Fiscalía de Estado como actor civil para procurar el recupero del dinero público. “Mi función es intentar recuperar la mayor cantidad de dinero posible”, indicó y aclaró que la tarea no será fácil.
Con la misma lógica se refirió a la causa denominada “Jóvenes Emprendedores”, donde estimó que el daño patrimonial actualmente en discusión podría oscilar entre 700 millones y 1.000 millones de pesos según el criterio de actualización que finalmente adopte la Justicia.
Hacia el final de la entrevista, Rodríguez Signes planteó que los casos de corrupción y las dificultades administrativas revelan una necesidad más profunda: modernizar el sistema de controles del Estado entrerriano. Sostuvo que la reforma constitucional de 2008 “se quedó a mitad de camino”, reclamó fortalecer las atribuciones de la Contaduría General, ampliar las herramientas preventivas del Tribunal de Cuentas y actualizar la ley orgánica de la propia Fiscalía de Estado para reforzar el control de legalidad previo a los actos administrativos. También propuso unificar los regímenes disciplinarios dispersos en la administración pública para evitar criterios dispares y fortalecer la capacidad sancionatoria del Estado. Para el fiscal, esos temas constituyen verdaderos desafíos institucionales que enfrenta Entre Ríos: construir organismos de control más modernos, coordinados y eficaces para prevenir irregularidades antes de que el patrimonio público vuelva a sufrir daños.
-Venimos de unas semanas muy intensas con el tema de la reforma previsional. Ya está bastante avanzado el tema. Nos pareció como absurdo o un error político cometido por algunos representantes del bloque de senadores del peronismo. En principio, recordamos la iniciativa del senador Marcelo Fabián Berthet -lo mismo el senador del oficialismo, Rubén Alberto Dal Molín- de buscar jubilarse sin tener la edad suficiente, en medio del debate, o esto que planteó el senador Juan Pablo Cosso, de un proyecto alternativo, cuando faltaban 2 minutos para que termine el partido de la selección Argentina contra Egipto. Y con el error político también de incluir, los docentes 5 años más, que después los terminan retirando. No pueden pasar este tipo de cosas a esta altura de un debate con tanta sensibilidad social…
-Y de tanta importancia económica, sensibilidad social. Estamos hablando de un sistema que tiene hoy 66.000 afiliados, aproximadamente, que es mucho decir, para la economía de la provincia. Y para el Estado de la provincia también. La Caja tiene hoy un déficit de 43.000 millones de pesos por mes, que es importante. Es un debate significativo. Tal vez sea el debate más importante, políticamente hablando.
-Sí, creemos que lo ha superado al de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
-Sí, sí.
-En debate lo superó, pero fue más rápido.
-Sí, sí. Hay que hacerlo, y va a seguir el debate. Creo que el debate va a seguir. Yo doy por hecho que la ley va a salir, y después va a haber cuestionamientos y demás, donde todavía no termina este tema. Pero, bueno, era un debate que había que darlos.
-Usted que ha estado en anteriores gestiones de Sergio Urribarri, de Gustavo Bordet, en lo que va de Rogelio Frigerio. Imaginamos que la misma consulta que le hizo Frigerio ahora cuando arrancó el debate o la misma consulta que le hicieron los legisladores cuando fue al Senado, le tuvieron que haber hecho antes, y fundamentalmente en tiempos de Bordet. Porque él estaba decidido o quería hacer la reforma y no tuvo consenso.
-Ustedes me dicen, sálgase del rol de fiscal, y yo me salgo del rol de fiscal. Y digo, ¿cómo se manejó Urribarri? (Jorge Pedro) Busti, primero. Año 2003-2007.
-Cuando lo nombra a Daniel Elías como presidente de la Caja…
-Claro. Busti tenía a Néstor Kirchner como presidente. Era un momento en que la economía del país estaba con viento a favor. La Provincia de Entre Ríos, aún con el pacto fiscal que nos retraía el 15% de la coparticipación, igual había recaudación nacional y había una buena relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que le permitía a Entre Ríos pedir y de la Nación venía. En el gobierno de Urribarri, que empieza a discutirse este tema -los 2 gobiernos de Urribarri-, Urribarri se manejó con el ministro (de Economía, Diego) Valiero, que Valiero dijo que el problema de la provincia era el pacto fiscal que estaba ejecutándose -el del ´95- y el problema de la Caja de Jubilaciones. Urribarri, ¿cómo se manejaba? Se manejaba con adelanto de coparticipación que le pedía a la presidenta, que era Cristina Kirchner. Se manejaba con endeudamiento a corto plazo, emisión de Letras del Tesoro a través del agente financiero, y se manejaba con una prórroga de los calendarios de pago. Igual, aun así, a pesar de todos esos elementos políticos que él tenía, en el año 2013, cuando se produce en Concordia el conflicto con la Policía, tuvo que sancionar una Ley de Emergencia. Pero, en vez de restringir remuneraciones de pasivos, lo que hizo fue aumentarles impuestos. Hasta hace poco tuvieron esos impuestos vigentes. Después viene Bordet. Y Bordet es muy consciente de que tenían que modificar el sistema. Pero, tuvo “la suerte”, que el presidente de entonces, (Mauricio) Macri, hace un pacto fiscal. algo muy raro, ponerse de acuerdo gobernadores y el gobierno nacional.
-Con Frigerio como ministro del Interior.
-Frigerio de ministro. La corte había dictado una sentencia en noviembre de 2015 a favor de las provincias: hace caer el Acuerdo Fiscal que se venía prorrogando. Entre Ríos recupera el 15% de coparticipación. Entonces, Bordet se encuentra con que él tenía el 15% de coparticipación que lo empieza a recaudar. Va a Estados Unidos, toma el crédito de 500.000.000 de dólares. Y, aun así, en la pandemia -en el 2020-, saca una Ley de Emergencia, la 10.860, que tiene repercusión sobre las jubilaciones y los sueldos de los activos. Y así transita sus 8 años. Y no tuvo esa necesidad imperiosa que hoy tiene este gobierno de hacer la reforma. O sea, hoy…
-Es otro escenario…
Es otro escenario. Yo creo que hoy tiene un presidente que, bueno, no estaba en los cálculos del gobierno provincial, creo yo, o de la política en general, un escenario con un presidente con estas características. Entonces, ¿qué pasa? El gobernador, en el 2024, nos instruye para hacer el juicio a la Nación por la Anses. Y, evidentemente, hay una relación Nación-Provincia en donde hay una necesidad de reordenar algunas cosas, y entre ellas está el sistema previsional. Yo creo que por eso el gobernador toma esta decisión, por las circunstancias de la relación Nación-Provincia, y porque, además, por supuesto, creo que él tiene la decisión de modificar el sistema. ¡Porque el sistema no nada más! Partamos de la base, de que 43.000 millones de pesos por mes, que termina pagando todo el contribuyente que viva en esta provincia -sea público o privado- no se tolera, y hay que ordenarlo, hay que apuntar los ingresos y los gastos de la Caja a un sistema que, evidentemente, implica restricciones. Porque no estamos hablando de distribuir más plata, estamos hablando de distribuir menos recursos, de achicar el déficit.
-Cuando usted estuvo hablando con los senadores, hicieron algunas modificaciones en función de lo que usted le sugirió. No obstante, ¿usted entiende que igualmente se producirá una catarata de reclamos judiciales?
-Siempre los hubo. Con la ley 8918, que fue de (Mario) Moine, los hubo… los hubo. Con la Ley 10860, de Bordet, los hubo. No veo por qué no va a haber conflictividad. Porque es natural que la haya en esta situación, donde digo, lo que va a pasar es que va a haber restricciones respecto al escenario que tenemos hoy. Pero, bueno, yo vi el proyecto, creo que hay 3 temas centrales. Uno es el de la edad jubilatoria: pero, ahí todos estamos de acuerdo en que había que aumentarla. Otra cuestión es la cantidad de años que se toman para determinar el haber inicial. Creo que quedó en 15, el proyecto estaba en 20 años. Eso va a provocar un impacto en la determinación del haber. Y, sobre todo, el tema de la tasa de movilidad, que hoy es un verdadero desorden, porque hoy hay más de 90 formas de actualizar los haberes de los jubilados, y el proyecto propone una sola, que es incrementarlo de acuerdo a la paritaria del escalafón general. Esos son los tres temas. Después está el tema de la emergencia en sí. Pero, bueno… la emergencia ya la Corte Suprema y el mismo Superior Tribunal de Justicia tiene convalidado otras emergencias. Lo que se discute ahora es si puede la emergencia puede estar focalizada en el sistema previsional o debiera ser general. Yo creo que no hay inconveniente en parcializarla. Se puede declarar emergencia general, porque no especial.
-Usted mismo reconoció que la deuda de la Nación no cubre ni el 15% del déficit de la Caja. ¿El ajuste sobre los activos y los jubilados es entonces inevitable más allá de lo que se recupere de la Nación?
-Sí, sí, exactamente. No podemos decir nada más que la verdad: ser auténtico en esto. El tema del reclamo a Nación es sobre la base que la Nación demora las auditorías. Pero, lo que he hablado con el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, es que, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de un achicamiento de un 15%. Hay que hilarlo más fino. Pero, está bien que hay un retroactivo. Pero, si estuviera medianamente normalizado. El Pacto Fiscal que se hizo en el 2017 está hecho sobre la base de lo que se llama la simulación de amortización. “Hagamos como que si el sistema entrerriano fuera igual al nacional”. ¡No es igual al nacional! Simulémoslo, y la Nación aporta bajo esa manera de concebirlo, y eso representa un 15%.
-Lo corremos un poco de este tema. Recientemente, se conoció que desde Enersa se informó al Juzgado Federal de San Isidro que el Directorio le otorgó a usted poder especial para promover acciones legales contra Securitas para obtener una reparación patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por la empresa. ¿Qué instrucciones tiene en ese sentido y qué cálculo hay?
-No… lo que lo que sostengo y lo que se me instruye a mí, el Directorio de la empresa dice: bueno, nosotros queremos activar dentro de la jurisdicción de Entre Ríos los medios de control que tiene la provincia, queremos tener claro de quiénes son las responsabilidades, de qué directorio, si hay responsabilidades o si no las hay, etcétera. Entonces, me instruyen para que haga una investigación sumaria, cosa que estamos haciendo por estos días. Por ahora no tenemos ningún cálculo ni nada. Pero, sí estamos recabando información.
-Estábamos viendo que en la investigación periodística se documentaron sobreprecios de casi 900% y más de 1.300 millones de pesos en 2 años.
-Sí, ese es el informe preliminar que hace un grupo de gente que el gerente general le dio instrucciones para hacerlo. Ese informe no fue tratado por el Directorio. ¡Existe el informe! Fue solicitado por el fiscal (Federal Fernando) Domínguez, pero hay que verificar ese informe que hizo el directorio.
– ¿Cuánto de autocrítica hicieron? O sea, No sabemos si en algún momento ustedes o los que integraban el Directorio se juntaron y se preguntaron “qué pasó”, “cómo pasó”.
-Yo lo he mirado de muchas maneras al tema. Es más, acá yo he venido y he dado explicaciones. Y desde el punto de vista de la regularidad del procedimiento, del procedimiento de contratación, me refiero, desde la Comisión Fiscalizadora, todos los informes que nosotros hicimos; en la manera en que se elabora la licitación y en la que se firma el contrato, no observamos irregularidades. Si después de la ejecución las hubo, es otra cosa. Pero, no en la manera en que se licitó, porque no es que sean dos personas que se juntan a hacer un contrato. Eso no existe en ENERSA. Es un procedimiento que emerge de distintas gerencias y demás, se hacen los pliegos, se determinan una serie de…
-Sí, está bien. Pero, si por ahí se veía que, porque es una pregunta básica: ¿por qué Securitas hacía el mejor negocio del país con Enersa?
-Eso es lo que dice el informe de Securitas. Hay que ver que sea así… Hay que ver que sea así, realmente. Lo que veo es que, desde el punto de vista del procedimiento -les reitero-, de contratación está bien. Y, es más, he observado el precio horas-hombre de los primeros años de ese contrato y de los últimos años de ese contrato, y la ecuación económica-financiera del contrato se mantiene más o menos la misma. Yo no estoy negando ni estoy tomando posición respecto a lo que hace el Juzgado de San Isidro. Pero, responsablemente, tengo que verlo muy bien al tema como para decir o responderle si acá hay un perjuicio y la responsabilidad de Fulano de Mengano.
-Otro tema. Estamos a 8 años del inicio de la causa “contratos truchos”. Recordamos que en este programa le preguntamos qué opinaba sobre una causa “contratos 2”, y usted tenía muchas dudas.
-Sí, sí.
-Usted nos dijo que no estaba convencido. ¿Lo convencieron en estos últimos tiempos para cambiar esa postura? Porque la causa se abrió.
-La causa se abrió.
-Pero, usted consideraba que no iba a pasar eso.
-Es que yo pensaba que, después del tiempo transcurrido, no iba a haber otra causa sobre los mismos hechos. Porque, en definitiva, los hechos son los mismos. No obstante, se abrió. ¡Y está bien que se haya abierto! En esto sí opino como fiscal de Estado. Les voy a dar mis dos opiniones.
-Sí, nos interesa porque usted fue presidente de la Cámara de Diputados y sabe cómo funcionar todo eso.
-Como opinión política, les digo, que creo que la Legislatura tiene que legitimarse. Yo era presidente de la Cámara de Diputados y cuando nosotros le hicimos juicio político al gobernador de la provincia, y se inició un juicio político.
-Claro, fueron en los dos últimos años de Sergio Montiel.
– ¡Claro! En el 2001 lo reemplazo a (Adolfo Aníbal) Lafourcade, y fui presidente hasta el 2003. En esa época se sustanciaron juicios políticos. Me acuerdo que Montiel mismo manda a hacer un juicio político a los vocales del Superior Tribunal de Justicia al principio. Después se le hace varios juicios políticos a Montiel. Se vivieron momentos tremendamente difíciles.
-Y terminaron sesionando en la Biblioteca Popular…
-Terminamos sesionando en la Biblioteca Popular. La Cámara era un ámbito político legitimado, por lo menos en esa época…. legitimado para llevar adelante semejantes decisiones. Después, ha perdido legitimación política como consecuencia de estos hechos de irregularidad o delitos contra la administración pública.
-Lo ubicamos en septiembre de 2018. Usted es fiscal de Estado, gobernaba Bordet.
-Sí.
-Se entera cómo nos enteramos todos del operativo policial, que termina con la incautación de tarjetas de débito, una acción decidida del suboficial Ricardo García en el Banco de Entre Ríos, allí, en la sucursal cerca de 5 esquinas. ¿Qué fue lo primero que hizo?
-Inmediatamente hablé con el vicegobernador, que era el contador (Adán) Bahl en aquel momento. Y le digo: inicien un sumario administrativo. Así como en el Poder Judicial se había iniciado la acción penal, correspondía que en el ámbito de las Cámaras se iniciara una investigación sumaria. En las dos Cámaras, que creo que estuvo a cargo de Lucila Haidar en su momento. Y lo primero que hice… decidí yo, en ese momento, constituirnos como actor civil. No le pregunté al gobernador ni a nadie. Me constituí como actor civil. ¡Tomé esa decisión! Lo mismo pasó en la causa de Jóvenes Emprendedores. Tomamos la decisión de presentarnos como actores civiles y acompañar el proceso penal. La investigación es muy complicada.
-Pero, usted como un avezado dirigente político, con historia política. ¿Cuándo se enteró que este mecanismo funcionaba de manera muy “aceitada”?
-Sí, sí.
-Con tanta gente, con tanta impunidad.
-Sí, sí. ¡Una barbaridad!
-Es increíble…
-Sí, sí. Por eso le digo, le contesté al principio la opinión política. Creo que deslegitimó completamente la cuestión política.
-Y nadie la reconoció que ese sistema impune estaba funcionando y desde hacía mucho tiempo.
-Acá yo me juego en darle una opinión. Vi la investigación preliminar, y la investigación está bien hecha, no es un invento. Entonces, más allá de lo que pasó con la fiscal (Cecilia) Goyeneche y demás… pero ¡la investigación es correcta! Está bien encaminada, está bien hecha, hay mucha testimonial. Y hay gente, incluso, que no se sabe mucho, pero ha ido a juicios abreviados, de manera que hay una especie de consentimiento, de reconocimiento en la responsabilidad penal. No lo digo yo: está en los abreviados. Entonces, yo creo que eso, desde el punto de vista jurídico, mi objetivo es intentar, que no es fácil… pero intentar recuperar la mayor cantidad de dinero posible de este sistema. Esa es mi función.
-La pregunta doctor, e imaginamos que usted se la habrá hecho quizás al propio Adán Bahl. Esto existió, se desviaron más de 50 millones de dólares. ¿Y las responsabilidades políticas?
-Bueno, eso es lo que, teóricamente, se va a sustanciar en la “causa 2”.
-Pero, ¿hizo esa pregunta para arriba?
-No. En ese momento…
-O capaz que le dijeron, que no se meta.
-No, no. Es que no me correspondía a mí. Yo no tengo competencia sobre las Cámaras Legislativas. La Fiscalía no interviene en la actividad administrativa de las Cámaras. Lo que sí es que hubo una lesión al patrimonio de la Provincia de Entre Ríos. Esto es evidente. Y como consecuencia de esa lesión al patrimonio, me presento como actor civil. Pero no he tenido ese debate con ninguno porque, bueno, cada uno que se haga responsable de lo que pasó.
-Ya calcularon a cuánto ascenderá el reclamo civil en la causa Jóvenes Emprendedores?
-Hay un hay una estimación… hay una estimación, porque en esa causa se revisaron 314 operaciones. No quiere decir que sean 314, quiere decir que en esa investigación se revisaron 314. Y hay una estimación que la que, a valor histórico, es lo que se comprometieron los imputados a resarcir, que son 100 millones. Pero, eso es lo que hay que actualizar. Y depende de la manera que uno lo actualice. Hay varias, da entre 700 millones y 1.000 millones.
–¿O sea que no coincide con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, que entendió que se desviaron cerca de dos millones de dólares y que eso se debe reclamar?
-Bernaudo quiere otra información. Porque yo estoy hablando de lo que vi. Y lo vi, esto no es un comentario. Es documentación que está en el proceso y que la tiene fiscal (Gonzalo) Badano, y que dice: el perjuicio son 100 millones. Y hay distintas maneras de actualizarlo. La manera más conservadora es con la tasa activa del Banco Nación que da 700 millones. Y hay otras maneras de actualizar, Índice de Precio del Consumidor, valor dólar, etcétera, etcétera, podemos llegar a los 1.000 millones de pesos. Esos 314 juicios. No estoy hablando del total. A lo mejor el ministro está hablando de otros expedientes administrativos que no están en la causa penal. Y que, si uno se pone a sumar, puede llegar a esa cifra. Yo no lo tengo, yo tengo esa otra, que es la del proceso penal. Pero, puede pasar de que, desde el Ministerio de Desarrollo Económico, aparezcan otros contratos, otros créditos que no estaban en la causa penal y que no se devolvieron. Y eso incrementa el valor a recuperar.
-Viendo la “causa contratos truchos”, viendo esta situación de los emprendedores, el Estado ¿hasta dónde tiene los mecanismos tan finos y determinados para que estas cosas no sucedan?
– Para que no sucedan o para que sucedan menos, porque convengamos que, lamentablemente, el Código Penal existe. Digo, lamentablemente, en el sentido que se supone que hay una producción de hechos y de delitos contra la administración pública, acá hay en todos lados. Pero, nosotros tenemos que mejorar muchísimo. Cuando se hace la reforma de la Constitución, se da algún paso adelante en el sentido del Ministerio Público Fiscal independiente.
-Pero, fue en el 2008 y estamos hablando de hechos del 2018.
-Falta mucho nivel de fortalecer la Contaduría General de la provincia. Por ejemplo, la Contaduría General de la provincia no audita o no controla a la Legislatura. Entonces, ahí tenemos un problema. Hay ámbitos donde la Contaduría General no tiene intervención. La intervención del Tribunal de Cuenta es externa y ex post, es decir, una vez que el gasto ya se produjo. Viene el Tribunal y dice desde afuera, y después, por decirlo de una manera, viene a investigar.
-No está bien eso…
-No, no. Yo describo el sistema cómo funciona hoy. El Tribunal de Cuentas, esa es su naturaleza, su función. Fiscalía del Estado…
-Por qué hubo excepciones a la regla en la historia. Recordamos que el Tribunal de Cuentas no permitió participar a una empresa en el Frigorífico Santa Elena.
-Claro, por ejemplo. Si puede pasar eso. Creo que la reforma de la Constitución provincial se quedó a media máquina, a medio camino y que faltó profundizar lo de la Contaduría. La Contaduría tiene que tener la posibilidad de intervenir previamente en todo el sector público, no solamente en la administración central. El Tribunal de Cuentas tiene que tener otra clase de posibilidad de control por anticipado. Y no sería Tribunal de Cuentas, porque, como su nombre lo indica, el Tribunal de Cuentas viene a ser un auditor de lo que ya pasó eso. Y en lo que a mí me incumbe, la Fiscalía de Estado tiene la reforma de la ley pendiente. Porque nosotros aparecemos en el artículo 209 de la Constitución como un órgano muy importante, defensa del patrimonio público, pero la Ley Orgánica que nos rige, la 7296 de 1983… no tenemos un delegado en cada organismo que nos permita observar la legalidad de cada procedimiento. Y la ley de Procedimiento Administrativo, lo vengo diciendo desde el Congreso de Derecho Administrativo de Concordia 2014, que el dictamen jurídico tiene que ser siempre previo y obligatorio, como en la Nación. Acá no lo es. Rige la Ley 7060, todavía del año ´82-´83. Vieja ley. Grandes temas que indudablemente forman parte de los temas de debate.
-Qué pasa con los sumarios y cesantías.
-Nosotros en sumarios estamos superando ya las 400 cesantías. Esto lo he dicho muchas veces: los cambios de gobierno Montiel-Busti, Busti-Urribarri, Urribarri-Bordet hacían que lo que hacía el gobierno anterior lo borraba el gobierno que venía. Entonces, se hacía el sumario y, a lo mejor, se indultaba o se tenía una política muy laxa con respecto a las decisiones que se habían tomado en el gobierno anterior. Este gobierno lo que está haciendo es aceptar los dictámenes, endurecer la toma de decisiones. Los sumarios se hacen igual. ¡Los sumarios se hacen igual! Pero, no es la Fiscalía de Estado la que adopta la decisión final. La decisión de cesantía o no, la adopta la autoridad de nombramiento, en este caso, el gobernador o la autoridad de nombramiento. Eso se está ejecutando por estos días. Por eso hay mayor cantidad de cesantías, no mayor cantidad de sumarios sino mayor cantidad de cesantía. Y yo creo que el paso siguiente que hay que dar es unificar la oficina que hace el sumario. Porque hoy usted tiene Educación con su sistema de sumario, Vialidad con su sistema, el IAPV con su sistema. Son grandes archipiélagos que tiene la administración. La Policía con otro… aunque creo que, salvo la Policía, que es un régimen especial, después hay que unificar todo en una gran oficina que gestione el poder disciplinario del Estado y lo unifique. Sino se corporativiza mucho.
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