Algunos lo llaman tristemente “el triángulo entrerriano más caliente”. Y lo dicen con mucha preocupación. Es que una zona rural del departamento La Paz, compuesta por las localidades de Santa Elena, Bovril y Alcaráz, ocupa desde hace un tiempo el primer lugar en cantidad de hechos de abigeato en nuestra provincia. El robo de ganado y la matanza de animales se ha convertido en un problema que preocupa a productores, vecinos y autoridades policiales.
Así lo registró este miércoles el programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por la pantalla de Canal 9 Litoral.
Algunos números dan cuenta lo que viene ocurriendo estos últimos tres meses: en total, se denunciaron 35 hechos de abigeato en la zona. La policía realizó 8 procedimientos por armas ilegales (secuestrando 10 armas de fuego en los procedimientos) y del total de hechos delictivos, lograron aclararse 10.
Gabriel Berman, de Federación Agraria filial Bovril es uno de los productores que no oculta el malestar que existe entre la gente de campo a raíz de los delitos rurales.
“Vemos que son muchos los casos y durante mucho tiempo. Y los productores más afectados son los que tienen sus campos en zonas cercanas a pueblos o ciudades”, alertó al programa CdF.
“Por lo general, se trata de campos de muy pequeña superficie y si a ese productor le carnean un animal cada tres o cuatro meses, incide muchísimo en la economía familiar de ese productor”.
En relación a la respuesta que reciben por parte de la policía, Berman fue claro: “En la policía encontramos respuesta, aunque es obvio que no pueden atender todas las zonas. Lo que sucede es que cuando detienen al cuatrero, lo llevan a la departamental y a las dos horas, ese delincuente ya queda libre”.
La situación que los mismos productores advierten, es que este último tiempo, no todos los afectados realizan la denuncia correspondiente ante un hecho de abigeato.
“Generalmente, lo que sucede es que los productores no hacen la denuncia, por lo que no queda el registro de algunos hechos delictivos. El problema es que a uno le lleva medio día de viajes y trámites. Es una falta de respeto a la policía que trabajó, a los mismos productores y a la sociedad”, reclamó.
Una propuesta
Desde hace algunos meses, un grupo de productores agropecuarios y la misma Federación Agraria Argentina vienen solicitando al estado entrerriano que se creen cargos de jueces y fiscales con presupuesto, para dar respuesta a los delitos rurales específicamente.
La idea, básicamente, apunta a la creación de fiscalías especializadas (principalmente en zonas como el departamento La Paz), ante el creciente índice de abigeato y faena clandestina.
Qué dice la policía
En diciembre pasado, asumieron en la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales el Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini y como subjefe el Comisario Inspector Horacio Raúl Ludi.
En diálogo con Cuestión de Fondo (Canal 9), Ludi indicó que “es la zona caliente en la provincia en cuanto a hechos de abigeato”.
“Como primeras medidas, se realizaron reuniones con vecinos de Bovril y Santa Elena, para tomar una noción clara de la problemática que manifestaba la gente del lugar por los sucesos de abigeato”, anticipó el funcionario policial.
Posterior a las reuniones, “implementamos una serie de tareas y reforzamos la operatividad. Y en ese refuerzo en la operatividad, según nuestros números estadísticos, la cantidad de hechos ha disminuido notoriamente en relación a cómo venía, aunque siguen ocurriendo algunos hechos”.
Si bien han sucedido algunos hechos delictivos, también se han realizado una serie de respuestas por parte de la fuerza, como tres hechos en flagrancia con personas detenidas que quedaron detenidos de manera condicional hasta el juicio respectivo. Además, en una causa por un hecho de abigeato con animales en pie, se produjo el secuestro de un vehículo y una persona imputada por ese hecho que próximamente debería elevarse a juicio.
En relación al vehículo utilizado para perpetrar el hecho, y tal como lo indica el código de procedimiento, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales realizó los trámites para que el Ministerio de Seguridad se lo otorgue como vehículo policial. Será la fiscalía y el juzgado quienes decidan si el pedido es viable.
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