La ciudad de Chajarí se vio sorprendida en la media mañana de este martes por un importante despliegue de móviles de Gendarmería Nacional en pleno centro, donde se llevó adelante un procedimiento en la escribanía de la diputada provincial Gabriela Lena, actual legisladora por Juntos por Entre Ríos.
Según pudo confirmar el fiscal federal Francisco Bernhardt, el operativo no fue técnicamente un allanamiento, sino una “orden de presentación de protocolo”, medida que en la práctica posee el mismo alcance que un allanamiento. La diligencia se enmarca en una causa penal federal que investiga el presunto accionar de la diputada —en su rol de escribana— en un hecho vinculado a dos niñas dominicanas de 11 y 13 años, quienes habrían ingresado de manera irregular al país junto a su padre.
De acuerdo a la investigación, el hombre habría tenido la intención de “dar en guarda” a sus hijas a una familia de Villa del Rosario, sin contar con el consentimiento de la madre de las menores, situación que encuadra en un presunto delito grave vinculado a la apropiación indebida de personas.
Qué buscaba la Fiscalía
El objetivo central del procedimiento fue obtener el Libro de Protocolos correspondiente al año 2023, período en el que habrían ocurrido los hechos que están bajo investigación. Sin embargo, dicha documentación no fue hallada en la escribanía, ubicada sobre calle Alberdi, entre Urquiza y San Martín.
Según explicó el fiscal Bernhardt, tanto la diputada como sus abogados manifestaron que el libro requerido se encuentra en la ciudad de Concordia y que sería presentado en las próximas horas, específicamente durante la jornada de este jueves, ante el Juzgado Federal con asiento en esa ciudad.
La imputación
De acuerdo a los expedientes, a los que tuvo acceso la Justicia, la diputada Lena habría confeccionado dos escrituras mediante las cuales el padre de las niñas “ofrecía en guarda” a sus hijas, intentando darle un marco legal a una situación completamente prohibida por la normativa vigente.
La acusación sostiene que se intentó consolidar una guarda de hecho por fuera del sistema legal de adopciones, aprovechándose de la vulnerabilidad de la familia dominicana, en un acto expresamente vedado por el Código Civil y Comercial. Además, se investiga el presunto incumplimiento del deber de informar a Migraciones sobre el ingreso ilegal al país de un adulto y dos menores.
Una causa con ribetes sensibles
A este delicado escenario se sumó un hecho que generó aún más controversia: la causa recayó inicialmente en el juzgado a cargo de José María Lena, hermano de la diputada, situación que derivó en su inmediata recusación por razones evidentes de imparcialidad.
Diario Junio / 7Paginas
