Si bien desde el gobierno de Rogelio Frigerio se apunta a las tarifas bajas, en relación con Santa Fe y Córdoba, lo cierto es que –según la UBA- Entre Ríos se encuentra entre los distritos que más cara pagan su energía en todo el país.
El gobierno de Entre Ríos ha tomado ciertas medidas para que el aumento de las tarifas, tras la liberación dispuesta por la nación, no impacte tan fuertemente en las economías, principalmente, del sector de menores ingresos. Esto ha llevado a que, como el discurso oficial viene remarcando hace semanas, Entre Ríos tenga una tarifa de luz más barata que sus pares de la Región Centro, Córdoba y Santa Fe.
Pero lo que no se dice es que, aun así, las tarifas entrerrianas están en el grupo de las más caras de todo el país. En este sentido, EL ARGENTINO accedió al “Reporte de tarifas y subsidios #28”, elaborado por la UBA y el Conicet. Según este informe, que contiene valores de julio del 2025, la provincia de Entre Ríos se encuentra entre las que más caras pagan su energía.
En el segmento N1, que representa al sector de altos ingresos, Entre Ríos está entre los ocho distritos, de 28 evaluados, que más cara paga la energía, con un promedio de $74.028. En el segmento N2, en tanto, -bajos ingresos- la provincia se encuentra en el puesto décimo segundo y en el segmento N3 -ingresos medios- en la octava posición de 28 distritos tomados como referencia.
Las provincias y localidades del sur del país, como Río Negro, Neuquén o Mendoza, son las que tienen tarifas más altas, mientras que las tarifas más bajas las tienen las provincias del norte, como Formosa, La Rioja, Chaco e, inclusive parte del AMBA.
Endeudarse para pagar servicios
Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos dialogó con EL ARGENTINO sobre el impacto de los servicios en las familias de las y los trabajadores del sector público.
Según explicó el secretario general de ATE, el pago de tarifas es de las mayores preocupaciones de los trabajadores del sector. En este sentido, apuntó a los bajos salarios y a que los mimos no aumentan en relación a lo que aumentan los servicios y el costo de vida en general.
Por otro lado, Muntes hizo referencia a la relación entre la canasta básica para una familia y el salario inicial. “Esa relación era mucho más cercana y estrecha en septiembre, octubre del 2023 de lo que es en la actualidad”, aseguró. Y apuntó a la devaluación del 120% de diciembre del 2023 decidida por el gobierno de Javier Milei. En este sentido, dijo que “el discurso del gobierno de Rogelio Frigerio es la equiparación de los salarios respecto a los índices inflacionarios, pero nunca se tuvo en cuenta la gran pérdida salarial y del poder adquisitivo salarial de diciembre del 2023”, como ocurre con otros sectores, como el de los docentes entrerrianos.
Por otro lado, el dirigente de ATE se refirió a una práctica que cada vez es más generalizada entre los trabajadores: “comprar comida con tarjeta de crédito, en tres, cuatro, cinco cuotas”. En este sentido, dijo que “el valor de los servicios, de la factura de luz, de la factura de gas, cada vez fue ocupando mayor porcentaje de los ingresos salariales y hoy es un peso muy significativo en la familia trabajadora”. En este sentido, “el trabajador se endeuda para comer y se endeuda para pagar los servicios, porque son cosas indispensables para vivir”.
El mes pasado, UPCN y ATE cerraron la paritaria por tres meses al aceptar una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de $50.000 mensuales para los activos y 25.000 pesos para los pasivos, a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre. Mientras que el salario inicial quedó en $864.000.
La deuda con las distribuidoras
Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, se refirió al impacto que la quita de subsidios generó en los índices de morosidad. “Esa decisión provocó un cimbronazo en las economías familiares y todas las distribuidoras del país vimos que nuestros índices de incobrabilidad se fueron por las nubes. En general, una buena gestión de cobranzas de una distribuidora ronda un 5%, es lo esperable, pero en 2024 esos índices superaron el 10%, superando el 12% en noviembre”.
“Ante esta situación, empezamos a hacer una gestión de cobranzas más proactiva. El vecino también cambió su cabeza, cambió su chip y empezó a priorizar el pago de la factura para tenerla al día, porque es imposible pensar que un jubilado que cobra $370.000 y deja acumular dos facturas de electricidad pueda pagarlas”, dijo.
“Entonces los índices de incobrabilidad empezaron a volver a sus a sus causas normales y actualmente estamos en una situación muy buena. Lo habitual es un 5%, y estamos en un 3,2% de incobrables, aproximadamente”, aseguró Otero.
Planes de refinanciación y deuda provincial
“Hoy, a un jubilado con una jubilación de $370.000, que le llega una factura de $80.000 le lleva gran parte de sus ingresos. Los sueldos no han acompañado el incremento tarifario y eso es un problema. Porque si bien los índices mejoran, si los índices de cobrabilidad aumentan, ahora también aumenta el lamento de la gente y también aumenta el número de planes que vos estás haciendo”, indicó el presidente de la Cooperativa Eléctrica.
Asimismo, Otero se refirió a la decisión del gobierno provincial de absorber parte de la quita de subsidios que hizo el gobierno nacional: “Es una decisión política, respetable, aunque yo prefiero las tarifas técnicas, que los servicios se paguen lo que valen y no con tarifas políticas. Pero bueno, detrás de las decisiones políticas hay gente, lo mismo que detrás de las tarifas técnicas”.
“La tarifa energética se compone del valor monómico de la energía, que es lo que cuesta producir y transportarla; los impuestos y el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la ganancia que el gobierno nos permite obtener a las distribuidoras. Esa quita de subsidios se viene financiando con el VAD de las cooperativas. De hecho, nosotros pagamos la energía a lo que vale, pero el gobierno la subsidia a los usuarios y después es el gobierno, mediante un reintegro, quien te devuelve el dinero”.
“Lo que sucede es que el gobierno provincial se ha visto empantanado en sus finanzas para devolver ese valor agregado de distribución. ¿Qué te genera esto? No tener los ingresos como distribuidora que vos necesitas para el mantenimiento, obras, compra de vehículos, etcétera”. En este sentido, las finanzas de la Provincia han llevado a que el gobierno provincial se haya atrasado en el pago de esos subsidios a las distribuidoras. Entonces, por hoy, la provincia tenga una deuda con las distribuidoras de tres o cuatro meses de atraso”.
“Recordemos que el tratado con el Fondo Monetario Internacional está sujeto a que se simplifiquen los subsidios. Hoy por hoy seguimos con las tres categorías, pero vamos a un esquema de personas subsidiadas y no subsidiadas. Entonces va a haber un montón de familias, sobre todo los N3, los ingresos medios de la ciudad, que tienden a desaparecer por este esquema que aprobó el gobierno nacional con el guiño del FMI. Ese esquema de desaparición de los N3 en Gualeguaychú impactará en unas 8.000 familias”, concluyó Otero.
A pesar de los esfuerzos que dice hacer el gobierno de Entre Ríos por mitigar el impacto de las tarifas energéticas, la realidad estaría evidenciando una crisis que trasciende el discurso oficial. La provincia se ubica entre las ocho jurisdicciones con energía más cara del país en julio de 2025, incluso para sectores de bajos ingresos, según datos de la UBA y el Conicet.
Este escenario ha forzado a las familias trabajadoras a endeudarse para cubrir servicios básicos, con salarios erosionados por la inflación y la devaluación. La deuda provincial con las distribuidoras —que ronda los tres o cuatro meses de subsidios impagos— no solo compromete la operatividad del sistema, sino que refleja una gestión financiera insostenible. El resultado es un doble ahogo: para la población, que destina porcentajes crecientes de sus ingresos a pagar servicios; y para las prestadoras –como las cooperativas-, que enfrentan desafíos para mantener la infraestructura. La anunciada desaparición de subsidios para el segmento de ingresos medios agravará aún más esta situación, confirmando que, lejos de resolverse, la crisis energética en Entre Ríos se podría convertir en un factor estructural más de desigualdad social.
Más ajustes para el año que viene
Según el último Staff Report del Fondo Monetaria Internacional (FMI), a partir del acuerdo alcanzado con Argentina establece, entre sus principales condicionamientos, una reducción de los subsidios a la energía eléctrica equivalente al 0,6% del PBI, pasando del actual 1,1% del PBI al 0,5%.
Para cumplir con este objetivo, se propone la eliminación del actual régimen de segmentación tarifaria, avanzando hacia un esquema de recuperación de costos para los hogares de mayores ingresos y medianos ingresos, además de los usuarios comerciales.
Solo se mantendría el acompañamiento estatal mediante un subsidio único focalizado en los sectores más vulnerables y de bajos ingresos.
En este contexto, es esperable que el diferencial existente entre el Precio Monómico y el Precio Estacional para los usuarios residenciales del segmento N1, N3 así como para los usuarios comerciales, tienda a desaparecer, siendo los más afectados los usuarios N3, los cuales perciben a día de hoy un beneficio que ronda el 45% – 50%.
¿Cómo está constituida la tarifa del servicio público de distribución de energía eléctrica?
Costo de Adquisición de la energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista: Incluye el costo de generación, potencia y transporte de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que vincula las distintas instalaciones de generación del país con los centros de consumo.
Valor Agregado de Distribución (VAD): constituido por el costo marginal o económico de las redes puestas a disposición del usuario más los costos de operación y mantenimiento de las redes, más los gastos de comercialización.
Tributos: Componente impositivo asociado al consumo de energía eléctrica. Este se compone por impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% para consumidor final y del 27% para responsables inscriptos. En el caso de los tributos provinciales y municipales varían en cada jurisdicción, en Entre Ríos existe la contribución Municipal (8,7%) y la tasa municipal (15%).
Diario El Argentino
