La megacausa por los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, que ya acumula una extensa y compleja tramitación judicial, sumó este lunes un nuevo capítulo con impacto directo en la audiencia de remisión a juicio, actualmente suspendida. La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, volvió a revocar decisiones adoptadas por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, generando un nuevo giro procesal en la etapa intermedia.
Con esta resolución, fechada este lunes 4, Castagno hizo lugar a múltiples recursos de queja presentados por los abogados defensores de una docena de imputados en la causa, quienes habían cuestionado la negativa de la jueza Barbagelata a conceder apelaciones sobre diversas resoluciones clave adoptadas durante la audiencia del 30 de junio. Entre ellas, el rechazo a pedidos de sobreseimiento, a planteos por inexistencia de causa probable, a solicitudes de cambio de calificación legal y la decisión de diferir el tratamiento de excepciones como la falta de legitimación y la prescripción.
“Sin avanzar sobre el fondo de las distintas cuestiones planteadas… corresponde declarar mal denegados los recursos de apelación interpuestos”, sostuvo la vocal en su resolución, y ordenó a la jueza de Garantías concederlos y aplicar el trámite correspondiente.
Los recursos admitidos fueron promovidos por un nutrido grupo de defensores: Emilio y Germán Fouces (por Sergio Cardoso, Jorge Lázaro y José Schneider), Victoria Halle (por Mariano Speroni y Diego Pagnoni, funcionarios del Tribunal de Cuentas), Tomás Vírgala (por Roberto Faure), Miguel Ángel Cullen (por Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Opromolla), Iván Vernengo y Damián Petenatti (por Alfredo Bilbao), y Pablo Hawlena Gianotti, junto a Cullen, en defensa de Jorge Enrique De Breuil.
El fallo de Castagno representa un nuevo freno a la marcha de la causa, cuya audiencia de elevación a juicio había sido suspendida el 21 de julio tras los planteos que ahora fueron formalmente admitidos.
La causa y los imputados
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
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