La concesionaria que administra las “rutas del Mercosur” compartió una información respecto de la situación que vive la empresa, notificada de que termina su contrato el 9 de abril.
Caminos del Río Uruguay participó de una audiencia judicial este lunes, pero sin resultados concretos que lleven alivio a los trabajadores de la empresa.
A continuación, el comunicado de la concesionaria:
«El día 17 de marzo pasado, se llevó a cabo una audiencia en el marco del concurso preventivo de Caminos del Río Uruguay, ante el Juzgado Comercial N° 9. La misma fue solicitada por la concursada a efectos de tratar de lograr una extensión del plazo de la concesión del corredor vial hasta que se designe y asuma un nuevo operador, adjudicatario de la licitación dispuesta por el Decreto 28/2025. Ello, con el objeto de preservar la fuente de trabajo de los más de 500 trabajadores directos que trabajan hoy en el corredor y de las distintas contrataciones indirectas que afectan a varias de las ciudades del interior de nuestro país, por donde pasa el corredor vial.
La reunión fue dirigida por la jueza Dra. Paula Hualde y participaron representantes de Caminos del Río Uruguay S.A., de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Secretaría de Transporte, la Sindicatura del concurso preventivo de acreedores y los Sindicatos del sector vial, SUTPA y SUTRACOVI.
Durante la audiencia, los distintos sectores expusieron ante la magistrada y los funcionarios de la DNV y la Secretaría de Transporte sus posturas respecto a la problemática que conllevaría que el 9 de abril próximo CRUSA deje de operar el corredor y que el mismo pase a manos del Estado, y se expusieron posibles soluciones a los representantes del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, evitando un perjuicio innecesario a la fuente de trabajo. Se manifestó también que, además de la preocupación por la pérdida de los empleos directos de más de 500 trabajadores, se producirá la afectación a las contrataciones indirectas y la disminución del movimiento comercial que hoy genera la actual concesionaria.
Asimismo, se expresó que existe una gran preocupación por la seguridad vial para los usuarios y por el mantenimiento de la ruta a partir del próximo 9 abril, cuando el contrato concluya, y se levanten las barreras y no exista un nuevo concesionario para operar el corredor hasta dentro de varios meses o años, ya que aún no hay siquiera un pliego definitivo de licitación y ésta llevará mucho tiempo hasta su adjudicación definitiva.
En esto, se remarcó en la audiencia la contradicción de esta medida por parte de las autoridades del actual Gobierno toda vez que, mientras se proclama públicamente por las autoridades una reducción del Estado en sus diversas áreas y una vocación infranqueable de reducir el gasto público, la decisión de terminar el contrato de concesión pública a CRUSA el próximo 9 de abril sin haber completado un proceso de licitación pública y sin haber designado un nuevo concesionario privado, ello conllevará necesariamente que el Estado deba afrontar los costos del mantenimiento del Corredor Vial N°18 durante todo el período que conlleve el proceso licitatorio hasta que se designe y asuma un nuevo Adjudicatario, lo cual resulta de plazo incierto por las vicisitudes que pueden ocurrir, implicando ello incurrir por parte del Gobierno y del Estado Nacional en un mayor gasto público siendo que ello podría evitarse extendiendo la concesión actual a CRUSA, que resulta una empresa privada, hasta que se designe un nuevo concesionario, y se evitaría con ello también los perjuicios que se le ocasionarán a sus empleados por la pérdida de los puestos de trabajo que el Poder Ejecutivo no contempla traspasar al nuevo adjudicatario en el Pliego Licitatorio en contradicción a sus actos anteriores.
El encuentro convocado en el marco del proceso concursal de Caminos del Río Uruguay, dentro de las facultades que le otorga al juez el artículo 274 de la LCQ, tenía como finalidad abordar la problemática de los trabajadores afectados, evaluar medidas para su protección y garantizar la seguridad de las rutas para los usuarios. La Sindicatura concursal también adhirió a la preocupación que le genera la suerte de los empleos, la conservación de la fuente de trabajo y la seguridad de las rutas hasta que exista un nuevo operador vial.
Ante la falta de una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, que tenga en cuenta evitar los daños innecesarios que se ocasionarán a las más de las 500 familias que dependen del corredor vial, se dio por concluida la audiencia, instando la magistrada a que el Estado Nacional analice el procedimiento licitatorio a seguir, el que seguramente se verá afectado por acciones judiciales y medidas cautelares, que los distintos perjudicados inicien y que incluso puede generar riesgos a los futuros interesados en la explotación del corredor vial del Mercosur.»
Prensa Caminos del Río Uruguay
