Una denuncia que sacude la causa
La denuncia presentada ante la fiscalía acusa a Laiño de usurpación de autoridad, títulos y honores en concurso ideal con falso testimonio, conforme a los artículos 247, 54 y 275 del Código Penal. Según los abogados de Galarza, Laiño, en su rol de funcionaria civil en la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, habría realizado tareas de informática forense que excedían su competencia, tales como desbloqueo de teléfonos, desgravación de dispositivos digitales y toma de muestras fotográficas.
Lo que agrava aún más la situación es que estas pericias fueron determinantes en la reconstrucción de los hechos que llevaron a la condena de Galarza. Según se desprende de una demanda laboral que la propia Laiño presentó contra el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), ella misma admitió haber sido presionada por fiscales y autoridades policiales para realizar tareas fuera de su formación profesional.
El impacto en la condena de Nahir Galarza
El eje de la denuncia radica en que las pericias informáticas sobre el celular de Pastorizzo, que resultaron claves para la condena de Galarza, habrían sido realizadas por una persona sin acreditación en informática forense. Para la defensa, esto significa que los resultados de esas pruebas deberían ser invalidados, lo que podría derivar en la revisión de la condena.
Durante el juicio por homicidio, Laiño respondió ante el tribunal que su profesión era «Licenciada en Bromatología», pero, según trascendió, los jueces no profundizaron en sus capacidades técnicas en informática forense, lo que ahora genera serias dudas sobre la validez de su testimonio.
Pruebas cuestionadas y procedimientos irregulares
En la denuncia laboral presentada por Laiño, la exfuncionaria relató que, en diciembre de 2017, por orden del fiscal Sergio Rondoni Caffa, fue trasladada a la morgue junto con un oficial de policía para intentar desbloquear el teléfono de Pastorizzo usando su huella digital. Esta situación resulta particularmente controvertida, ya que sugiere que la obtención de pruebas pudo haberse realizado de manera irregular.
Además, en la sentencia de la Cámara del Trabajo de Entre Ríos en la causa contra el IAPSER, se determinó que Laiño no poseía formación en informática forense y que las tareas encomendadas le provocaron secuelas psicológicas, lo que le valió una indemnización por incapacidad del 24,3%.
Un posible giro en el caso
Si la justicia comprueba que Laiño no estaba habilitada para realizar las pericias que fundamentaron la condena de Nahir Galarza, se abriría la posibilidad de cuestionar las pruebas utilizadas en el juicio. Esto implicaría la revisión de la sentencia y podría cambiar el destino de la joven entrerriana, quien cumple prisión perpetua desde 2018.
El caso, que conmocionó al país y generó un extenso debate social y judicial, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez con serios cuestionamientos sobre la transparencia y validez de los procedimientos periciales.
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