El juez Pablo Andrés Seró, a lo largo de 12 años a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, llevó adelante resonantes investigaciones contra el crimen organizado. La última de gran impacto fue un caso de secuestro extorsivo a un empresario del Puerto de Concepción del Uruguay, que impulsó la fiscal Josefina Minatta. Procesó a otro empresario, a un cómplice y destapó una trama de narcotráfico en la que se reveló la participación de integrantes de la banda rosarina Los Monos.
Por las características de ser un Juzgado que, hasta no hace mucho tiempo, era el único en la costa del Uruguay, Seró tuvo cientos de casos por transporte de drogas por la ruta nacional 14, en su mayoría con mulas del narco. Pero esto no le impidió avanzar contra bandas narcocriminales de desarrollo no solo local y regional, sino nacional e internacional. Pese a los escasos recursos con los que cuenta la Justicia Federal para abordar una problemática que siempre va por delante, se observaban en distintas sentencias cuestionamientos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná acerca de los tiempos de las investigaciones y valoraciones de pruebas en general.
Seró supo tejer vínculos de confianza con los sectores de las fuerzas de seguridad que tenían sus mismos propósitos de golpear a los peces gordos, como lo fue en su momento la División Toxicología de la Policía del Departamento Uruguay; así como avanzó contra los uniformados corruptos que trabajaban para diferentes narcos, como por ejemplo, el caso de la banda de narcopolicías, que incluyó un jefe de Toxicología, dos policías federales y un gendarme, implicados junto a un jefe narco fallecido, Mario “el Gordo” González, y Javier Caire.
El avance del narco en las cárceles y la complicidad de los penitenciarios es una realidad que se reflejó en investigaciones en el Juzgado Federal de Concepción. Uno de los casos más emblemáticos fue el del jefe narco misionero “Pity” Arrúa, quien corrompió a agentes de diferentes unidades penales para la distribución de drogas en Entre Ríos y dentro de las cárceles.
El juez federal tenía, tanto en su cabeza como en los expedientes, un panorama de la realidad del narcotráfico en la costa del río Uruguay, que en los últimos años pasó a ser un territorio de privilegio para el accionar de las organizaciones internacionales que buscan llevar los cargamentos de cocaína desde Perú y Bolivia hacia el puerto de Montevideo. Allí la pérdida de Seró se sentirá, más allá de la probidad de quien lo reemplace y de que la fiscal Minatta es quien impulsó esas investigaciones desde el Ministerio Público, junto a la PROCUNAR.
En este sentido, dio golpes importantes, trabajando en conjunto con jueces federales de Misiones y también en coordinación con la Justicia uruguaya. Por ejemplo, en 2021 se realizaron múltiples procedimientos que desbarataron a un grupo criminal que transportó 409 kilos de cocaína base a bordo de una aeronave. Habían adquirido un hangar en un campo de Concordia. La avioneta partió desde esta localidad entrerriana, llegó a Perú, donde se cargaron la droga, realizó escalas en Paraguay y Bolivia. Luego retornó, descargó los 400 ladrillos de cocaína en un predio rural del vecino país y regresó a Concordia.
También cabe recordar los casos de los campos del Departamento Uruguay donde llovían bultos con cocaína. Una de estas investigaciones terminó con la detención del “Señor de los Cielos” Raúl “Loro” Ferreyra, un salteño que trasladaba cargamentos en avionetas, y otros cómplices. Asimismo, cuando había pruebas que lo permitieran, avanzó hacia los eslabones superiores de las personas que eran detenidas en el transporte de grandes cargamentos de droga. En Entre Ríos están detenidos eslabones del Primer Comando Capital brasileño, así como de bandas uruguayas que contrabandean droga a Europa.
Como cualquier persona, sobre todo aquellas en lugares de toma de decisiones importantes, tuvo sus malas y hay quienes marcaron errores o excesos en medidas de prisión preventiva, como el caso de dos policías que fueron procesados por complicidad con narcos, que estuvieron más de dos años detenidos y antes del juicio los sobreseyeron.
Seró fue amenazado por narcos, por lo cual vivió con custodia de policías federales durante varios años.
Algo que personalmente lo venía afectando mucho es lo sucedido en marzo del año pasado, cuando su hijo, a bordo de una camioneta de la Corte Suprema de Justicia que estaba asignada a Seró, chocó contra un auto. El joven iba alcoholizado y causó daños importantes en un Fiat Palio. La dueña del vehículo denunció al juez y periódicamente venía publicando en las redes sociales algo sobre este suceso acusando a Seró. Llevaron la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se estaba tramitando este expediente. Unas 12 horas antes del suicidio del juez, la mujer publicó, sin mencionar prueba alguna, que en la camioneta judicial llevaban droga y que esto fue ocultado. Luego del trágico hecho, borró la publicación.
En 2024, la última gran causa que Seró llevó adelante fue el secuestro del empresario Gastón Tallone. En realidad, el juez (y la fiscal Minatta) venía investigando el lavado de activos de personas que actuaban en el Puerto de Concepción del Uruguay. En las escuchas telefónicas surgió la trama del secuestro, por el cual detuvo y procesó al empresario José Uriburu, el mismo que en abril de 2024 denunció el pago de coimas a exfuncionarios del ámbito portuario de Entre Ríos. También procesó a un cómplice y dictó el pedido de captura de Gustavo Juliá, condenado por el caso del Narcojet que traficó 944 kilos de cocaína a España, hijo del brigadier argentino José Juliá. En esta causa se expuso el robo de un cargamento de cocaína valuado en 800.000 dólares; y que quienes actuaron en el secuestro eran integrantes de la barra de Newell’s y de la banda Los Monos, liderada por “Guille” Cantero. Finalmente, esta causa pasó a la Justicia Federal de Buenos Aires, porque allí se produjo el secuestro.
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