La titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal de esa ciudad, Pablo Seró, la elevación a juicio de la investigación seguida contra cuatro personas acusadas por facilitar el comercio de drogas en dos boliches de Concepción del Uruguay. También, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que sean enjuiciados otro hombre y una mujer a quienes se les imputa la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
De este modo, Minatta solicitó que Leila Manuela Pais y Mariano Roberto Carballo, quienes explotaban comercialmente el boliche “Barlovento”, y Paulo Andrés González y Juan Carlos Meillard, quienes hacían lo propio con el predio “Club Cervecero”, vayan a juicio como autores del delito de facilitación de tráfico de estupefacientes o lugares para posibilitarlo. Los cuatro habían sido sobreseídos, en diciembre de 2023, por el juez Seró, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná anuló la decisión, en línea con el planteo de la fiscalía.
Según consignó el sitio de la Procuración, por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal también requirió que el organizador de las fiestas electrónicas Christian Gonzalo Brem y María Sol Folgueira, en cuyo poder se secuestraron 15 pastillas de éxtasis durante el allanamiento de Club Cervecero, vayan a juicio como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El caso
La investigación se inició tras una información brindada por la Prefectura Naval Argentina que daba cuenta de que en los dos locales nocturnos de la Ciudad de Concepción del Uruguay se realizaban fiestas electrónicas a las que asistían gran cantidad de jóvenes y donde se consumiría y comercializarían estupefacientes, especialmente drogas sintéticas como éxtasis y LSD.
En virtud de las tareas de investigación, se logró identificar a los dueños de los establecimientos y a Brem, quien sería el encargado de organizar las fiestas electrónicas donde también comercializaba las drogas. Así, por orden del juez Seró, el 20 y 21 de abril de 2019 se allanaron los boliches, en los que se secuestraron -dispersos en rincones y detrás de puertas, donde habían sido descartados- 110 pastillas de éxtasis, 8 troqueles de LSD, 6 gramos de cocaína en diversos envoltorios y otra cantidad que no pudo pesarse, 7 picadores, 76 gramos de hojillas de cannabis sativa y 32 cigarrillos de la misma sustancia, al tiempo que se detuvo a Folgueira y a Brem, en cuya vivienda se incautó 76,9 gramos de marihuana, un picador, una balanza digital, una pipa metálica y otros elementos de fraccionamiento.
A los pocos días, el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay procesó a Brem por tenencia simple de estupefacientes. En junio de 2019, a pedido de la fiscalía, el magistrado indagó a los responsables de los boliches y, en diciembre de 2020, los sobreseyó. La decisión fue recurrida por la fiscal Minatta y, en mayo de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó los sobreseimientos e instó a “profundizar la investigación a fin de esclarecer los aspectos fácticos de la misma”.
No obstante, el 28 de diciembre de 2023, el juez Seró reiteró los sobreseimientos de los cuatro acusados por lo que, en febrero de 2024, la fiscal Minatta apeló nuevamente la resolución, que fue revocada -en mayo pasado- por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las juezas Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez y su colega Mateo José Busaniche.
Es funcionario provincial uno de los sospechosos de facilitar la comercialización de drogas en boliches uruguayenses
En efecto, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal de esa jurisdicción, Pablo Seró, la elevación a juicio de cuatro personas acusadas por facilitar el comercio de drogas en dos boliches de la ciudad.
También, pidió que sean enjuiciados otro hombre y una mujer a quienes se les imputa la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Leila Manuela Pais y Mariano Roberto Carballo, quienes explotaban comercialmente el boliche “Barlovento”; y Paulo Andrés González y Juan Carlos Meillard, quienes hacían lo propio con el predio “Club Cervecero”, deberían ir a juicio luego de un proceso inquietante. La fiscal los acusa de ser autores del delito de facilitación de tráfico de estupefacientes o lugares para posibilitarlo.
Meillard, funcionario en Cultura
Los que quedaron a un paso del juicio son personalidades de la política y la vida pública. Juan Carlos Meillard es director general de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura. Fue nombrado a través del decreto 3006. Ese decreto reubica la Secretaría de Cultura en la órbita del Ministerio de Gobierno a partir del 1 de septiembre del año que se acaba de ir.
En el artículo 4° se vuelve a designar a Meillard con un cambio en el nombre del cargo. Según confirmó el sitio “Página Política”, el dirigente del Partido Socialista sigue siendo funcionario. Un mensaje para quienes promueven la ficha limpia.
Paulo González, el otro involucrado en la causa, fue candidato a concejal precisamente en la lista Ruiz Orrico, que encabezó como candidato a intendente de Concepción del Uruguay. González es también del Partido Socialista. Meillard y González eran socios en el “Club Cervecero”.
Paréntesis: Minatta también requirió que el organizador de las fiestas electrónicas Christian Gonzalo Brem y María Sol Folgueira, en cuyo poder se secuestraron 15 pastillas de éxtasis durante el allanamiento de “Club Cervecero”, vayan a juicio como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación se inició tras una información brindada por la Prefectura Naval Argentina que daba cuenta de que en los dos locales nocturnos de Concepción del Uruguay se realizaban fiestas electrónicas a las que asistían gran cantidad de jóvenes y donde se consumiría y comercializarían estupefacientes, especialmente drogas sintéticas como éxtasis y LSD.
El juez Seró procesó a Brem por tenencia simple de estupefacientes. En junio de ese año, a pedido de la fiscalía, el magistrado indagó a los responsables de los boliches y, en diciembre del año siguiente, los sobreseyó. La decisión fue recurrida por la fiscal Minatta y, en mayo de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó los sobreseimientos e instó a “profundizar la investigación a fin de esclarecer los aspectos fácticos de la misma”.
Pero Seró insistió. El 28 de diciembre de 2023 reiteró los sobreseimientos de los cuatro acusados. Minatta también insistió: apeló nuevamente la resolución y la misma fue revocada -en mayo pasado- por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná integrada por las juezas Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez y su colega Mateo José Busaniche.
