La aplicación de ese nuevo esquema de aranceles fue de forma obligatoria y los profesionales que no lo acataran se exponían a sanciones por parte del Colegio.
En el conflicto intervino el Gobierno.
El Colegio dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además, impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones, a través de la resolución N° 404.
El Círculo Odontológico de Paraná accionó contra el Colegio por cuanto esta segunda entidad no es firmante de los convenios prestaciones con obras sociales, como Iosper, sino que esa facultad está en manos de los círculos.
El Círculo sostuvo que las disposiciones del Colegio implicaron “que ningún profesional podría trabajar sobre otras condiciones arancelarias que no sean las dispuestas por éste, interviniendo entonces en acuerdos legítimamente celebrados y provocando incertidumbre en los destinatarios de los servicios específicos”. Y señalaron que la posición intransigente del Colegio se transformó en una “persecución institucional”.
El Círculo Odontológico de Paraná pidió la intervención del Ministerio de Gobierno por cuanto la situación derivó en la “afectación de convenios, pérdida de contratos, transgresión de la libertad de elección de profesional, sanciones pecuniarias y suspensiones de matrículoas”.
Antecedentes
En realidad, el decreto es consecuencia de varias intervenciones en el conflicto odontológico.
A finales de octubre de 2021, un dictamen que emitió el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo, puso en dudas las facultades del Colegio de Odontólogos para avanzar con una normativa de ese tipo.
Fue a partir de una presentación del Círculo Odontológico de Paraná que reprochó las “actitudes persecutorias” de parte del Colegio de Odontólogos hacia profesionales que intentan firmar acuerdos con obras sociales lo que redunda en “perjuicio directo en el ejercicio profesional que han llevado a una crisis en el ámbito prestacional que afecta a toda la Provincia”.
Al analizar la cuestión, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno opinó que las resoluciones del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos adolece de “recaudo legal”, y califican el accionar de sus autoridades como “injustificado y excesivo, trascendiendo a la esfera de los matriculados y produciendo una afectación a los beneficiarios del sistema en general
En ese marco, sostuvo que las normas arancelarias que pretende imponer el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos a sus asociados y que impactan en la seguridad social en forma negativa “justifican –a nuestro entender- la intervención estatal (específicamente del Poder Ejecutivo) por existir un interés fundado de orden administrativo suficiente. Se encuentra involucrada la subsistencia armónica del sistema provincial de Salud como uno de los fines que sustentan a la Administración y permiten derivar el deber inexcusable de preservarlo atento su carácter de derecho humano fundamental”.
El dictamen de Gobierno fue luego a la Fiscalía de Estado, que ya había opinado sobre el tema y había planteado su posición contraria a la tesitura del Colegio de Odontólogos. El texto, que lleva la firma del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y está fechado el 6 de enero de 2023, señala que “atento a que en el dictamen elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio competente (Gobierno y Justicia) se ha efectuado una suficiente reseña de los antecedentes y un correcto, profundo y acertado análisis jurídico del planteo, esta Fiscalía de estado comparte y adhiere a dicho dictamen y considera que existen elementos de juicio para que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión en sede administrativa de las resoluciones” del Colegio de Odontólogos sobre aranceles y sanciones.
A pedido del Iosper, la Fiscalía de Estado ya había emitido dictamen sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impone el Colegio resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Cïrculos Odontológicos, con los que el Iosper pretende rubricar convenios prestaciones.
En opinión de la Fiscalía de Estado, por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.
El dictamen y la intervención de la Fiscalía de Estado no modificó el estado de situación. El Círculo Odontológico de Paraná busca romper el equema que impuso el Colegio, pero el margen de maniobra es mínimo.
Fue entonces que el 1° de diciembre la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sentó en una mesa de diálogo a las autoridades del Colegio de Odontólogos en procura de destrabar el conflicto.
“Celebro que tengamos esta instancia para poder contribuir, como máximo órgano rector de la salud de las y los entrerrianos, en función de trabajar en pos de la accesibilidad a la salud integral, en este caso odontológica”, dijo la titular de la cartera sanitaria Y agregó: “Esta ha sido una instancia necesaria, respetuosa, donde se analizó la situación en profundidad” y, en ese sentido, señaló que el Ministerio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por el Colegio de Odontólogos y representantes de la seguridad social con el fin de promover un entendimiento entre las partes y arribar a objetivos para garantizar la accesibilidad prestacional odontológica para la población.
Ahora, sobrevino una resolución judicial que saldó la disputa.
Entre Ríos Ahora
