Dos ex funcionarias del área Administrativa del Servicio Penitenciario de Entre Ríos fueron condenados en el marco de un juicio abreviado por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública. Admitieron graves irregularidades en la compra de insumos y materiales entre 2017 y 2018. En algunos casos, simularon convocatorias a licitación para direccionar la compra hacia ciertos proveedores.
La exfuncionarias condenadas fueron la ex Oficial Inspector General Claudia María Angeramo, de 57 años; y la ex Suboficial Mayor Patricia Aurelia Villagra Acevedo, de 59. Ambas fueron noticia el año pasado cuando el Poder Ejecutivo dio por finalizado un sumario administrativo iniciado en 2020 y se le aplicó la sanción de cesantía. En aquella resolución fueron cuatro personas expulsadas del Estado.
Según el fallo al que accedió UNO, fechado el 18 de octubre, la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Gonzalo Badano y los abogados Humberto Franchi (por Acevedo) y Federico Fenés y Bernabé Batut (Angeramo).
Ambas recibieron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional (no van presas), más la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. También se les aplicó reglas de conducta por el mismo plazo. La principal medida es que deberán realizar 96 horas anuales de trabajos no remunerados en una institución que designe la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
En el acuerdo, las ex administrativas del Servicio Penitenciario reconocieron que entre agosto 2017 y mayo 2018, «ambas con funciones en la Dirección Principal de Administración de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, llevaron adelante diferentes contrataciones en violación a los dispuesto en la Ley 5.140 (T.O. Dto. 404/95), Dto. 795/96 Reglamentario de las Contrataciones del Estado y Dto. 723/17 regulador de los montos vigentes para las contrataciones. Así omitieron iniciar expediente de compra, realizaron compras directas cuando correspondía otro procedimiento (solicitud de cotización, licitación privada o pública), fraccionaron compras de bienes, omitieron dar intervención a la Contaduría General de la Provincia, efectuaron registros genéricos y escasos impidiendo su posterior control, simularon la invitación de oferentes a presentación de ofertas, de estos modos direccionaron las contrataciones en favor de determinados proveedores y obligaron abusivamente al Estado en su perjuicio».
Se especificó que llevaron adelante operaciones con una empresa textil omitiendo realizar el procedimiento de compra, contratando en forma directa y fraccionada un total de 1.140 frazadas y 196 colchones, entregados al Servicio Penitenciario entre el 19/03/18 y 20/04/18; también abonaron a unas cooperativas la suma de $884.400 en concepto de mercadería que no pudieron determinarse específicamente, entre las que se encuentran 310 camisas de uniformes manga larga y 454 bombachas base gabardina de hombre; también se realizaron expedientes para abonar sumas adeudadas a un proveedor correspondientes al 2017, respecto de los cuales no se efectuaron las reservas preventivas de gastos.
También se detalló que con una empresa de insumos informáticos «realizaron compras directas y omitieron efectuar el procedimiento relativo a la adquisición de 12 PC multimedia entregadas en fecha 14/08/17, 04/05/18, 11/05/18, en los que debieron realizar una licitación privada» y «de 8 PC realizada el 14/08/17 la llevaron adelante sin contar con partida presupuestaria».
Algo similar sucedió con un corralón, donde hicieron compras directas «omitiendo llevar a cabo una licitación privada a fin de adquirir elementos de corralón varios entregados en fecha 25/04/18 y 02/05/18 por un valor de aproximado de $110.335,41», publicó Uno.
Con una pinturería, «realizaron compras directas y fraccionadas, omitiendo realizar el procedimiento de solicitud de compra relativo a la adquisición de archiveros y estanterías metálicas entregados en fecha 25/04/18 y 09/05/18 por el total de $45.502». Y lo mismo ocurrió con otra empresa a la que le compraron materiales de corralón por un valor de $24.463, $23.998 y $92.616,98.
A una empresa de repuestos también le compraron kit de filtros, lubricantes de motor, y tren delantero completo para dos vehículos oficiales. En este caso, se indicó que «efectuaron un detalle genérico del cuarto renglón a presupuestar, simularon la invitación a presentación de ofertas de las firmas, direccionando y adjudicado en fecha 16/05/18 la contratación a la única firma realmente invitada por la suma total de $22.000, librándose la orden de pago en fecha 17/05/18».
Hubo otras compras en las que se saltearon los procedimientos legales, como en el caso de la adquisición de cubiertas para dos vehículos, direccionando la compra hacia una firma. Finalmente, también se les achacó la adquisición de vajilla y demás elementos de bazar, simulando la invitación a presentación de ofertas de dos firmas del rubro. En este caso, se determinó que se direccionó la compra a una empresa en particular que resultó adjudicataria por la suma de $8.938, en fecha 18/04/18. (APF)
