Mauro Vazón dio pistas de que el Gobierno trabaja en un proyecto para instrumentar “algunas modificaciones” en la ley que rige el funcionamiento del organismo asesor en la designación de jueces, fiscales y defensores. Dicen que se intenta agilizar los concursos. Se habla de más de un centenar de cargos vacantes.
El anuncio pasó casi desapercibido en medio de la jura de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. El presidente del organismo, Héctor Mauro Vazón, anunció una reforma en ciernes.
Objetivo: dinamizar el organismo
“Hace muy poco participamos en un curso sobre inteligencia artificial, control de constitucionalidad e interpretación constitucional donde pudimos ver las características de sistemas diferentes en el proceso de selección de magistrados, que creo que en la dinámica de estos tiempos es muy importante también tener la posibilidad de revisarlo. De la misma manera que se hizo en 2022, posiblemente demos un debate para analizar algunas modificaciones que creo que van a ser positivas”, dijo el funcionario.
Un funcionario que integra la escudería judicial de Rogelio Frigerio confirmó que existe un borrador en el que vienen trabajando desde el inicio de la gestión y plantea hacer algunos “ajustes” para dinamizar el organismo. El proyecto estaría listo para ser remitido a la Legislatura en algunos días y, según indicó un vocero del oficialismo, habría puntos de acuerdo con la oposición.
La idea no es nueva. La última reforma del Consejo de la Magistratura, en 2022, fue severamente cuestionada por quienes entonces eran oposición y hoy integran las huestes oficialistas. El portavoz de aquellas críticas era Esteban Vitor, ex diputado provincial y actualmente a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. “Si llegamos al gobierno, vamos a derogar esta ley”, había dicho Vitor el día que se aprobó la reforma. Eso no ocurrió ni va a ocurrir. Será una reforma parcial.
“Algunas reformas no anduvieron”, resumió un funcionario. “Cuando nos queremos hacer los daneses, generalmente no suele salir bien”, ironizó otro miembro del gabinete.
Los cambios que pretenden hacer
El ruido más fuerte que hubo en la última reforma estuvo en el banco de casos que se incorporó como plataforma orientadora de los concursos. La ley vigente determina que haya un banco de casos conformado “con aporte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, titulares de los Ministerios Públicos, las universidades de la región y a las asociaciones integrantes” del Consejo de la Magistratura.
En primer lugar, retacea facultades de los jurados técnicos, que eran antes los encargados de presentar el caso a los postulantes teniendo en cuenta el cargo que se sometía a concurso y la relevancia institucional.
Pero más allá de una alegada intromisión del STJ en un organismo en el que deliberadamente no tiene ninguna representación, hay una razón de orden práctico para la eliminación del banco de casos: según la normativa vigente, el banco de casos debería tener “no menos de cien teniendo en cuenta materia, cargo y especialidad” y en la práctica ha resultado imposible conseguir esa cantidad, lo que ha generado demoras, a tal punto que no se ha llamado a un solo concurso en los diez meses de gestión. La última tanda corresponde a agosto de 2023 y no ha pasado de las inscripciones.
También se plantearía dar marcha atrás con la revisión judicial directa, es decir, la posibilidad de los postulantes de apelar una resolución mediante un per saltum ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En el Poder Ejecutivo advierten que supone una intromisión del alto cuerpo que, además, retrasa el proceso de designación, a pesar de que indefectiblemente si un concurso se judicializa termina ahí arriba.
Se habla también de volver a establecer un orden de mérito en la terna que el organismo debe remitir al Poder Ejecutivo –actualmente se remiten los tres primeros sin indicar prevalencia ni el puntaje que obtuvieron–; la posibilidad de instrumentar un examen psicofísico para quienes aspiren a ocupar cargos en el Poder Judicial; y la reincorporación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), aunque sin afectar la participación de las universidades con sede y domicilio en la provincia.
Uso de IA y una acción de inconstitucionalidad
En otro orden, la novedad estaría dada en la posibilidad de experimentar con la Inteligencia Artificial en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como lo sugirió Vazón en el discurso de asunción de los nuevos integrantes. Es algo que está en debate, pero no hay un modelo para hacerlo.
Mientras tanto, algunos en el Poder Ejecutivo miran de reojo hacia el palacio de tribunales, donde el STJ tiene pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad que interpuso el abogado Juan Carlos Arralde, ex convencional constituyente de extracción radical, poniendo en crisis distintos artículos de la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Lo que concita la atención es que detrás de la firma de Arralde hay ciudadanos enrolados en la agrupación “Entre Ríos sin corrupción”, que tuvo una importante participación en redes sociales en defensa de la destituida procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.
Juan Cruz Varela – Página Judicial
