El proyecto de resolución fue impulsado por el senador Martín Oliva (PJ-Uruguay). Se trata de una determinación del cuerpo legislativo que condiciona la conducta de quienes son parte del cuerpo y de quienes son objeto de esa determinación.
La Resolución 30.182 fue aprobada por unanimidad, pero quien pidió la introducción del texto sobre tablas y la votación sin lectura de fundamentación fue el senador uruguayense. La resolución no se leyó, y tampoco se puso a disposición.
La cuestión rápidamente tensionó los canales con el Ejecutivo. En danza hay proyectos políticos gravitantes para la gestión como el Presupuesto 2025, la reforma a la Caja de Jubilaciones y la reforma política.
No es la primera vez que se plantea un conflicto de poderes. Si la Legislatura no brinda la información requerida por la ONG, la vicegobernadora estaría ante una desobediencia judicial. Hay antecedentes de situaciones comparables en Entre Ríos.
El pedido de la ONG tiene que ver con reconstruir un mecanismo desde los últimos años hasta la actualidad, aplicado de manera constante en las dos cámaras legislativas, busca desnudar una forma o el mecanismo desarrollado por la Legislatura provincial. (Análisis)
