Días pasados, el Jurado Popular de Concepción del Uruguay, declaró que Alcides Rubén Rodríguez era culpable de “Abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados por la convivencia preexistente, privación ilegal de la libertad agravada, amenazas reiteradas, desobediencias reiteradas a una orden judicial todos en concurso real en contexto de violencia de género”.
Tras el juicio, se debía realizar la audiencia de cesura, donde las partes tratarían de hacer valer los sus posturas y de esa manera lograr en el caso de la Fiscalía, una condena mayor y en el caso de la Defensa, encontrar la manera de bajar el tiempo y forma de la misma, fallo que deberá ser dado finalmente por el juez técnico, doctor Nicolás Gazalli.
Como se recordará, el juicio por Jurados duró casi una semana, donde no solo se escucharon testimonios ofrecidos por las partes, sino que se presentaron pruebas y pericias, pero tuvo como condimento, las amenazas a testigos y autoridades judiciales, vertidas en redes sociales por el acusado, quien cumplía un arresto domiciliario, lo que llevó al reclamo de la fiscal, que terminó con el traslado y encierro de Rodríguez en dependencias de la Comisaría Primera.
La audiencia de cesura
Hoy fue el turno de la fiscal, doctora Gabriela Seró y de las Defensoras, doctoras Alejandrina Herrero y Valeria Irel, para exponer sobre lo visto en el debate y hacer pesar sus posturas.
La Fiscalía fue contundente en su alegato, apoyado en todos los testimonios escuchados a lo largo del juicio y las evidencias que confirmaban la personalidad del sujeto llevado a juicio, y tuvo como agregado el accionar intimidatorio en pleno debate, lo que lo dejó en evidencia.
La doctora Seró terminó su contundente alegato de cierre solicitando una pena de 35 años de prisión y que se mantenga la detención preventiva en sede policial, hasta tanto la sentencia quede firme.
La Defensa por su parte, dijo que esa condena era excesiva y que no se podía solicitar más de 30 años, agregando que no está acreditado el daño a la víctima y que “con una condena tan larga, le estarían decretando la muerte civil al acusado, ya que cuando pudiera salir le sería imposible trabajar”, reclamando que se aplique una pena acorde al fin resocializador que debe tener.
La resocialización, en definitiva, es el proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad. Aquellos que fueron condenados por un delito y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, deben atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente en el sistema.
Tras los alegatos, el juez Técnico, doctor Nicolás Gazalli, dispuso dar a conocer la condena la semana próxima, fijando como fecha, el miércoles 6 de abril.
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