En estos momentos, manifestantes llevan a cabo un cacerolazo frente al anexo del Congreso contra el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. La protesta se da en el marco del plenario de comisiones en el que el kirchnerismo pretende obtener dictamen para tratar la iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los presentes se hacen notar con cacerolas, silbatos, aplausos, bocinazos o cualquier otro elemento que sirva para manifestar el malestar con respecto a este proyecto. Casi todos los mensajes que se pueden leer en las pancartas apuntan contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Algunos dirigentes opositores, como es el caso de Mario Negri, se sumaron al reclamo. “La sociedad se ha movilizado para expresar su rechazo a la ley de impunidad que hoy el kirchnerismo quiere dictaminar. Detrás de la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal existe el objetivo de controlar la Justicia. Es muy evidente!”, tuiteó al respecto el diputado nacional.

La mayor parte de los reclamos están relacionados a los cambios que la iniciativa plantea para elegir y remover al Procurador General de la Nación. Ese puesto es ocupado interinamente por Eduardo Casal, a quien el oficialismo quiere reemplazar. En esa dirección, Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas, que este lunes ratificó que se bajará de la postulación si el kirchnerismo cambia la mayoría para su aprobación en el Senado.

El proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado (FOTO: CELESTE SALGUERO/Comunicación Senado)

El proyecto de ley modifica el art. 11 de la ley 27.418, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Esto significa que la mayoría simple le alcanzará y no será necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.

Asimismo, modifica el art. 76 que regula el procedimiento para remover al jefe de los fiscales. Actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado de la Nación, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. A su vez, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados. Esto significaría que el Ejecutivo le saca a los diputados la potestad exclusiva y se arroga una facultad que no es propia.

Otra novedad del proyecto oficial es que una vez que la Cámara de Diputados comience el juicio político y se haya acusado formalmente, los diputados con la mitad más uno de la Cámara podrían pedir la suspensión del Procurador en su cargo por hasta 180 días y, en ese período, nombrar un fiscal de manera provisoria en el cargo. Esa designación le corresponde al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, elegir al Procurador Interino que tendrá que ser un fiscal con más de 10 años en el cargo.

Además, el artículo 15, que incorpora un nuevo artículo 62 bis, señala que el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

Aunque todavía no tiene los votos necesarios para sancionar la reforma tan esperada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el kirchnerismo intentará aprobar esta tarde en comisión la modificación de la ley Ministerio Público Fiscal, que cambia la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación. Desde las 19:25, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados debate la reforma, con una mayoría de diputados presentes y algunos de manera remota.

La diputada K Vanesa Siley inauguró la lista de oradores haciendo un repaso de los puntos centrales del proyecto que tiene media sanción del Senado y aseguró que la reforma “responde a una serie de planteos que han hecho todos los bloques”. “Queremos seguir mejorando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, no nos neguemos a presentar y dar discusiones que fortalecen a nuestro sistema democrático”, dijo.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna respondió que la reforma “pone en juego el derecho de las personas”. “Por alguna razón que vaya a saber cuál es, se propone relajar la mayoría necesaria para elegir al Procurador, y le damos a la comisión Bicameral la posibilidad de elegir al procurador interino”, se lamentó. Efectivamente, el proyecto le otorga a la Bicameral del Ministerio Público la facultad de elegir al próximo procurador Interino entre todos los fiscales generales que tengan más de 10 años en el cargo. En ese listado aparecen varios representantes de Justicia Legítima.

Luis Petri (UCR-Mendoza) lamentó que Casal no haya sido invitado a participar de los debates en el Congreso. “¿Por qué tampoco convocaron a Rafecas, que es el candidato elegido por ustedes, para que diga si está de acuerdo con las reformas?”, se preguntó.

La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado y estuvo en la lista inicial de temas para las sesiones extraordinarias pero las diferencias dentro del propio oficialismo hicieron que recién esta semana pueda tener despacho de comisión.

La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Así, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.

El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, Daniel Rafecas, reiteró ayer que esa modificación es un límite para seguir en carrera. “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó en su cuenta de Instagram.

Su pliego está en el Senado desde diciembre de 2019, sin que el kirchnerismo lo haya impulsado.

La reforma también cambia el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. Asimismo, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados.

Otro de los puntos centrales de la reforma es el plazo de mandato: el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

(Nicolás Stulberg)

En realidad, el principal objetivo del oficialismo es remover al procurador interino Eduardo Casal, quien sigue repitiendo que no piensa renunciar porque “hay que defender a las instituciones”. “Otra vez se está legislando en función de las personas, esta reforma avanzó porque no pueden llegar a los dos tercios para elegir al Procurador”, lamentó Casal en la intimidad.

Durante los últimos meses, Casal fue blanco de críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo, que intentó avanzar con su juicio político, lo amenazó con denuncias penales, y últimamente puso en duda su patrimonio personal.

Hoy mismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al procurador interno en una carta pública. “Eduardo Casal, un Procurador interino sin el acuerdo del Senado que prevé la ley vigente. Eduardo Casal, fiscal designado sin concurso en el año 1992, durante el menemismo. Eduardo Casal, el mismo que protege al Fiscal Stornelli -fiscal macrista si los hay-, en la también inédita situación de tener procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función y seguir ejerciendo el cargo de fiscal. Y pensar que son ellos, los y las de Juntos por el Cambio, quienes dicen que queremos poner un procurador sin respetar las instituciones y que somos nosotros los que ‘buscamos la impunidad’!”, se quejó.

Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó, tan hostigada por el macrismo para que se vaya como ahora Casal por el kirchnerismo. Casal, de 63 años, llegó allí porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación más antiguo en el cargo. Casal lo era.

Para reemplazar a Gils Carbó con una nueva titular en la Procuración General Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero el peronismo la rechazó y Macri terminó su presidencia con Casal como interino.

Infobae