NODIO: Fiscal pidió la indagatoria de Miriam Lewin por el «observatorio oficial de medios»

En ese contexto, el fiscal le pidió a la jueza María Capuchetti que dicte una “medida cautelar” para prohibirle a la funcionaria “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte» de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual «y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio y que pudieran provocar “posibles o mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.

De acuerdo al dictamen al que accedió Infobae, “considera esta Fiscalía que se encuentra debidamente conformado el estado de sospecha” sobre Lewin par iniciar la investigación, “extremo que llevará a solicitar su llamado a prestar declaración indagatoria”.

Pero además el fiscal planteó una serie de consideraciones generales ante la jueza en donde advirtió: “Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?” Y hasta se preguntó si lo que se busca es imponer una “cuarentena mental”.

Y añadió: “Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”.

Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron este martes a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por el proyecto NODIO, “un observatorio contra la desinfinformación y la violencia simbólica”. A la periodista la acusaron de abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionario público.

Los legisladores opositores sostienen que la información disponible sobre NODIO “es escasa y difusa”, pero “ha sido suficiente para advertir los riesgos que esa comisaría del pensamiento lleva en germen, y en pocas horas han sobrado voces de reserva y repudio a esa creación oficial, no de la iniciativa ciudadanía”. En sus palabras, “la sola creación de NODIO por parte de una agencia del Estado importa dictar órdenes o resoluciones contrarias a la Constitución Nacional”.

Apenas se recibió la denuncia, la jueza corrió vista al fiscal para que decida si se abre una investigación. En su dictamen, Stornelli afirmó que “nadie podrá discutir lo dañino que suelen ser muchas veces la propalación intencionada de noticias falsas o maliciosas tanto a nivel institucional como a nivel personal para quién directamente el azufre el tema aquí es que el aparato estatal se estaría rogando vía este famoso observatorio la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso y más cuestionable aún sea rogaría la todopoderosa potestades desarticular las conforme el propio comunicado oficial o en otras palabras aplicarles censura”.

El fiscal sostuvo que “no es posible fijar al menos sin que constituya delito una política estatal que pisotee sin miramientos las garantías de rango constitucional que asisten a todos quienes desean habitar el suelo argentino”, máxime cuando “los objetivos perseguidos se muestran tan poco transparentes como peligrosos”.

A criterio de Stornelli, “el comportamiento aquí denunciado en cabeza de la titular del organismo en cuestión resulta sospechoso de haber incurrido por un lado en el tipo penal reprimido y contemplado en el artículo 248 del Código Penal en tanto con la creación del llamado no dio habría dictado resolución de sus órdenes contrarias a aquellas normas citadas algunas de rango constitucional otras receptadas por nuestra carta magna en jerarquía superior a las leyes y otras de orden local”.

Según sostuvo, “más lejos de transcurrir hecho por un simple y ya no abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público no puede esa sospecha que dar escindida de la posible ultra intención o finalidad que porque habría podido perseguirse posiblemente incursa además en el delito previsto y contemplado en el artículo 161 del Código Penal expresamente concebido como atentado a la libertad de prensa”, como así también «la existencia de una posible maniobra alentadora o incitadora de persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

Hubo una serie de consideraciones finales del fiscal que planteó en su dictamen, encuadradas en interrogantes. Stornelli se preguntó: ¿será que algún o algunos trasnochados nostálgicos del medioevo quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero la de expresión después y finalmente la de pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana? ¿Se castigará la prensa especialmente libre otorgándosele la esclava patente del Corso? ¿No ha muerto la Mazorca?»

“Pareciera que en una persistente regresión estamos obligados a discutir una y otra vez cuestiones obvias y derechos fundamentales ideas que expiraron a los grandes pensadores y padres de esta Patria y tantas otras naciones libres será porque hay nostalgia del despotismo será porque la libertad es peligrosa”, afirmó. Y añadió que el mismo había sido víctima de “la mentira calumniosa”.

Y siguió: ¿Ha mutado el virus del fascismo y en realidad no ha muerto? ¿Cuántas veces habrá de chocar contra la misma pared, permitir que se reedite la vergüenza en un círculo interminable que nos coloque siempre en en el cuadro de honor del atraso? ¿Se dictará una cuarentena mental». Con alusiones a los periodistas que investigaron el Watergate, Stornelli aseguró que “discutir la libertad en cualquiera de sus legítimas formas es un crimen”, al igual que “la censura previa”, la persecución ideológica», “el combate a la libertad y la verdad”

“¿En alguna recóndita madriguera del aparato estatal estará incubando cuestiones similares, o incluso peores? Impedir que esta y cualesquiera otras de semejante osadía se naturalice, es en este momento responsabilidad suya y nuestra”, le dijo Stornelli a la jueza, y promovió el impulso del acción penal y el pedido de cumplimiento del punto tres de su dictamen, en donde reclamaba la indagatoria y la cautelar. (Infobae)