Desde diciembre Entre Ríos no autoriza la práctica de incendios en las islas del Delta. Es por eso que el gobierno entrerriano se constituyó como querellante en la causa penal.
Además, impulsa un proyecto de ley para regular el uso de las tierras fiscales y la modificación del régimen de multas.
La quema de pastizales impulsada por productores ganaderos en las islas del Delta es una práctica que lleva años y se agudizó en el último tiempo debido a la bajante histórica del río Paraná, escasez de lluvias y altas temperaturas. Ante este panorama la provincia no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona desde diciembre.
El gobierno entrerriano avanza con acciones ante la Justicia contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.
Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del Artículo 186° del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.
Además, en ese marco, Bordet decidió que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.
“La constitución como querellante implica ya que tomamos parte del ejercicio de la acción penal, con lo cual podemos producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante”, explicó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.
“Patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño del inmueble”, expresó el funcionario entrerriano, y agregó: “entonces nuestra idea es concientizar a los propietarios que acá no solamente hay una cuestión de sanción penal, sino también civil, de daño ambiental que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.
El objetivo es que los arrendatarios y los propietarios “colaboren con el Estado en el control, porque la provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas. Entonces ninguna jurisdicción tiene capacidad de prevención sobre toda esa superficie”.
Por otra parte, Rodríguez Signes adelantó que la provincia modificará el régimen de multas hacia los propietarios. “Se creará un mecanismo que permita ejecutar las multas administrativamente, desde un principio, para que sean efectivamente cobradas, y no como puede suceder actualmente que se pierde en el proceso judicial”, detalló el funcionario.
Quemas prohibidas
“La Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación de la Ley provincial 9868 de Manejo del Fuego, prohibió desde diciembre pasado la realización de cualquier tipo de incendios en las islas del Delta”, indicó el titular de la cartera ambiental provincial, Martín Barbieri.
Al mismo tiempo los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas, especialmente los registrados en cercanías a viviendas rurales. Este trabajo se realiza junto con Protección Civil de Santa Fe y la Policía entrerriana.
“En los operativos de monitoreo y combate, se labran actas de infracción y se aplican multas a los responsables de las quemas, tarea que no es sencilla de realizar teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la zona y la extensión”, indicó Barbieri.
Uso de tierras fiscales
El mandatario decidió también impulsar una ley que establece un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica.
A través de este proyecto se permite el uso productivo sustentable de los bienes sirviendo de marco jurídico para una reglamentación acorde que compatibilice aspectos productivos y ambientales.
