Los abogados defensores de un grupo de imputados en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en el período 2008 – 2018 presentaron un escrito en el cual plantean su pretensión de que la investigación pase a la Justicia Federal. El documento, al que accedió ANÁLISIS DIGITAL, lleva las firmas de los letrados Guillermo Vartorelli, Leopoldo Cappa, José Velázquez, Emilio Fouces y Miguel Ángel Cullen y adjunta elementos intentar mostrar que los hechos investigados se vinculan con el financiamiento de las campañas proselitistas llevadas adelante en los últimos años.
Puntualmente, los letrados promueven “formal inhibitoria” para que el juez federal de Paraná, con competencia electoral, “se declare competente” respecto del legajo enel cual se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, entre otros.
En el escrito, los abogados plantean que quien debe entender en la investigación no es la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, ni los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, sino la Justicia Federal “por hallarse amenazado el normal proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y la limpieza del mismo”. Aluden a una “clara violación a las infracciones” de las leyes 26.215 y 26.571.
“Todo imputado o sindicado tiene derecho a que intervenga un juez natural a los efectos de garantizar el debido proceso”, argumentan los letrados.
Tras repasar los hechos mencionados en el escrito de apertura de la causa, donde se describen los mecanismos instrumentados por Flavia Beckman; Hugo, Jazmín y Viviana Mena; Hugo Luna, Esteban Scialocomo, María Victoria y Macarena Álvarez; Jorge Balladares, Fernando Sarnaglia, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez y Juan Domingo Orabona, más “otras personas con funciones públicas no identificadas”, los letrados aportan una serie de elementos, consistentes en su mayoría en declaraciones periodísticas y publicaciones en relación a distintos actores.
Entre otros dichos, mencionan una entrevista en la cual el diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) manifestó que presentó “un proyecto de ley de financiación de los partidos políticos porque tienen que tener un aporte del Estado ya que no puede ser que desde la Legislatura se financie en forma poco clara a los partidos políticos”.
“Conforme a las declaraciones del diputado sospechamos racionalmente que está en juego la finalidad que encierra” el legajo de investigación “que es nada más ni nada menos que el financiamiento de campañas políticas desde 2008 a la fecha”, apuntan.
En el mismo sentido, mencionan la publicación de “una planilla de aportes que remite a la sospecha de financiamiento de campaña a través de la Legilsatura”. Más adelante, citan más publicaciones en medios que, a su entender, “avalan a la Legislatura de Entre Ríos financiando campañas políticas”.
Luego los abogados exponen un marco legal para la presentación en relación al funcionamiento de los partidos políticos en Argentina y exponen su “grado de sospecha” respecto a elementos provenientes de distintos allanamientos realizados a principios de este mes, en los cuales “se encontró una planilla de aportes de campaña que, en este contexto, avala las sospechas de estas defensas”.
“Estamos ante una posible extracción de fondos de la Legislatura provincial para las campañas nacionales políticas de los períodos 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019”, precisan los letrados. “Por consiguiente, para estas defensa este es un tema que compete pura y exclusivamente al Juzgado Federal con comptencia electoral”, acotan.
“Es necesario que el juez natural tome vista de las actuaciones y del legajo para verificar si hay previamente una infracción o delito electoral”, exponen más adelante, antes de describir la competencia del fuero. También hacen “reserva del caso federal” ante la posibilidad de que no se haga lugar al planteo.
“Una decisión en tal sentido importaría la violación del debido proceso y el derecho de estas defensas”, marcan los letrados y señalan la habilitación en ese sentido para “ocurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por último, piden los abogados que se tenga “por interpuesto este formal planteo de inhibitoria”, solicitan que se realice “una auditoría del origen y los gastos efectuados por la alianza Frente para la Victoria (FpV) “durante las campañas de 2007 a la fecha” y piden que se remitan las actuaciones a la Justicia Federal. (Análisis)
