La Justicia provincial ordenó embargar las cuentas de la productora Think Grupo de Comunicación SRL por un monto de $234.675, a raíz de una demanda iniciada por la Asociación Mutual 10 de Abril, una de las financieras de mayor crecimiento y desarrollo en los últimos tiempos.
La medida fue dispuesta por la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 10, Adriana Acevedo, en la causa “Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Think Grupo de Comunicación SRL. s/ Monitorio ejecutivo”.
La jueza ordenó mandar llevar adelante la acción ejecutiva “hasta tanto a la parte actora Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná se le haga íntegro pago de la suma reclamada de $234.675, con más sus accesorios conforme los considerandos precedentes, hasta su efectivo pago”.
“Decrétase embargo sobre los fondos que a cualquier título tenga depositados el demandado Think Grupo de Comunicación SRL , sea en cuentas de caja de ahorro en pesos o dólares, cuenta corriente, plazo fijos en la orden indistinta, conjunta y/o personal”, dice la resolución.
La Mutual 10 de Abril fue representada en la demanda por el abogado Emilio Flavio Torrealday.
Think Grupo de Comunicación SRL fue la usina de propaganda preferida del gobierno de Sergio Urribarri. Fue comandada por Sergio Gómez e Ignacio La Barba, pero luego cambió de manos: la compró Sebastián Lorenzo, quien fuera director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer) bajo el ala protectora del exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez.
Claro que cuando Lorenzo puso pie en la empresa lo primero que hizo fue cambiarle de nombre: ahora se llama Grupo Net SRL.
Think Grupo de Comunicación SRL, según el periodista Daniel Enz, director de la revista “Análisis”, fue regenteada por el experiodista Sergio Fabián Gómez y el publicista Ignacio La Barba. Pero en los papeles, sólo figuró la mujer de La Barba, Amalia del Carmen Heinitz.
Lorenzo supo estar al amparo del exjefe de gabinete y actual senador nacional Aníbal Fernández. En 2012, Lorenzo, oriundo de Concepción del Uruguay, se sumó al gabinete de Urribarri: Báez lo nombró director del Ceicer, adonde estuvo hasta agosto de 2015.
Luego, el extitular del Ceicer, en un brusco cambio de timón en su carrera, se transformó en empresario: pasó a controlar la productora de contenidos propagandísticos preferida de Urribarri: Think Grupo de Comunicación SRL. El dato lo reveló un edicto de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas publicado el 25 de noviembre de 2015 en el Boletín Oficial.
El acto de traspaso accionario se produjo el 12 de mayo de 2015.
La “nueva” sociedad surge con un capital social de $ 300.000, y designó en la “gerencia, representación legal y uso de firma social” a Sebastián Manuel Lorenzo.
Como funcionario del gobierno de Urribarri, la tarea más trascendente que hizo Lorenzo fue la contratación, en 2013, del Jardinero K Ricardo Barreiro, a quien en marzo le espera un juicio en Entre Ríos. El empresario tendrá que comparecer ante la Justicia entrerriana en la causa que lo tiene como procesado del delito de falsificación ideológica de documento público. La fecha de debate de juicio para el lunes 15 y martes 16 de mayo de 2017.
A Barreiro se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial. Y es que el empresario también ostentaba el cargo ad honorem como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación. En marzo de 2017, Barreiro, apodado el Jardinero K, fue condenado por la Justicia a la pena de un año y medio de prisión condicional, más el doble del tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y por ese mismo último plazo le ordenó realizar trabajos comunitarios, al hallarlo culpable del delito de falsificación de instrumento público.
El fallo, sin embargo, fue apelado en Casación, instancia que todavía no ha resuelto el incidente.
La que fuera productora preferida de Urribarri fue embargada, la misma suerte del exgobernador, a quien la Justicia le dictó un embargo de $26 millones en una causa que investiga la distribución irregular de publicidad oficial.
La Mutual 10 de Abril es una financiera que ha sonado bastante en dos causas judiciales: una por estafa, que tiene en la mira al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y otra por enriquecimiento, que involucra al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa. (Entre Ríos Ahora)
