Está grave y su familia pide ayuda para cuando pueda ser trasladado a un centro sanitario especializado. «El Estado se borró, ni siquiera para preguntar», denunció el hermano del interno Francisco Coronel.
Francisco Coronel es uno de los dos sobrevivientes de la masacre perpetrada el jueves 7 en la cárcel de Victoria. El joven de 19 años sigue internado en el hospital de Gualeguay y su familia quiere trasladarlo a un centro especializado en quemados pero no cuentan con los recursos para hacerlo. Hasta ahora solo reciben asistencia de personas de una iglesia de la localidad del sur entrerriano, ya que según denunciaron, ninguna autoridad provincial se ha acercado para ofrecerles ayuda.
«Está la posibilidad del traslado, según pudimos averiguar en ningún lado había cama cuando estuvo bien para trasladarlo. El único lugar que ofrecieron fue el hospital Cullen, en Santa Fe, en el área de los quemados, pero esa no era la idea porque es lo mismo», contó Jesús Coronel, hermano de la víctima.
Había tres opciones en el país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero al parecer no había camas, además de ser muy cara la internación para un joven que no tiene obra social ni mutual: «Nosotros lo que queríamos es que el Estado se haga cargo y pague eso, un estimativo de 30.000 pesos por día. Cuando mi hermano estuvo estable para poder moverlo, que fueron tres días, nos cansamos de llamar», dijo el joven a Uno.
«No hemos tenido ayuda de nadie, hemos conseguido gente que nos ha ayudado de acá, de la iglesia, pero nada más. El Estado se borró, ni siquiera para preguntar. Los únicos que vienen son del Servicio Penitenciario para cuidarlo», agregó.
Francisco sigue en coma farmacológico desde la mañana en que ingresó al hospital San Antonio. El joven y su familia son de Paraná, y se turnan entre hermanos, padres, novia y tía para estar allí, con los gastos que esto conlleva, como los pasajes de colectivos.
Sobre la investigación para esclarecer el fatal incendio
Por otro lado, en relación a la investigación del hecho que lleva adelante el fiscal Eduardo Guaita continuó estos días con más testimoniales, y todo sigue confirmando la hipótesis principal: que los internos Kevin Paniagua, de 19 años, Ramón Framulari, de 20, y Maximiliano Chamorro, de 19, prendieron fuego un colchón, lo arrojaron dentro de la celda donde había siete presos, cerraron y trabaron la puerta. En dos minutos llegaron los carceleros a rescatarlos, pero para cinco de las víctimas fue demasiado tarde. Tres fallecieron en el acto: Justo Silva, de 53 años, Marcelo Beber, de 31, y Marcelo Rodríguez, de 30; entre 18 y 24 horas después murieron Brian Alarcón, de 21, y Vladimir Casco.
Se aguarda por las pruebas científicas, que establecerán, principalmente, si fue utilizado en el hecho algún elemento combustible que haya acelerado el fuego, pero los resultados de las pericias estarán más adelante.
Mientras, se analiza el rol cumplido en el hecho por parte del personal del Servicio Penitenciario. Si bien por ahora no hay ninguna evidencia que incrimine a uniformados, se está estudiando el protocolo de actuación ante eventualidades como la sucedida, y si el mismo se cumplió. Sobre los rumores de falta de matafuegos en la Unidad Penal N° 5, los mismos fueron desmentidos oficialmente ya que se estableció que había varios y todos funcionaban. Además, por más que haya habido 100 matafuegos, no habrían sido de utilidad para evitar o atenuar las consecuencias del ataque incendiario.
Por último, y según publicó Uno, ya hay familiares de víctimas que se van presentando en la causa para accionar contra los responsables. Se cree que habrá no solo querellas penales, sino también siete demandas civiles contra el Estado provincial. (El Once)
