Luego de 8 meses, los magistrados se reunieron y expusieron sus razones para dar inicio o no al juicio contra el juez que liberó a Sebastián Wagner, quien luego violó y asesinó a Micaela García. ¿Cuáles son sus argumentos?
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, el 7 de diciembre, abrir causa contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi. La resolución implicó, además, correrle traslado al Procurador Jorge Amilcar García para que en 15 días formule la acusación; y la suspensión del magistrado en su cargo, más la retención del 30% de su sueldo.
El magistrado tiene siete denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de una decisión polémica: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. Si Wagner seguía en prisión recién iba a salir a las calles el 16 de julio de 2018.
Nueve meses después de la resolución del juez Rossi, el 1° de abril de este año, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. El caso conmocionó al país, y sobre todo al movimiento de mujeres que se movilizó bajo la consigna #NiUnaMenos. En Entre Ríos, el rostro del juez fue parte de las pancartas que se exhibieron en el Poder Judicial, junto al rótulo de «cómplice».
El 17 de octubre, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por «abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio». Su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.
Los votos y argumentos del jurado
El primer voto del Jurado de Enjuiciamiento fue formulado por Omar Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien opinó que el juez Rossi no debía ser sometido al jury. El supremo fundamentó su postura en el hecho de que las denuncias pretendieron atribuirle al juez la responsabilidad por el femicidio de Micaela García.
En sus fundamentos, Carubia consideró que la decisión de Rossi fue coherente y fundamentada. «Ese resolutorio se constata seria y calificadamente fundamentado y la decisión adoptada deriva coherentemente de las razones invocadas por el juzgador, las cuales responden a las concretas constancias comprobadas de la causa y a una interpretación de los hechos y el derecho aplicable que no se revela irrazonable sino, por el contrario, conteste con criterios jurisprudenciales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y otros», escribió.
En cuanto a los informes desfavorables a Wagner, Carubia recordó que los mismos no son vinculantes y entendió que Rossi «se ha apartado de ellos con sólidos fundamentos, destacando la incongruencia de unos y la naturaleza subjetiva, puramente conjetural y científicamente incomprobable de otros». Por otra parte, Carubia coincidió con Rossi, quien en su defensa había hecho notar que el fiscal General de Coordinación, Lisandro Beheran, no apeló su decisión.
En defensa de Rossi, Carubia señaló que el mismo criterio utilizado por los denunciantes debería haberse utilizado para transferir responsabilidades del crimen a otros funcionarios del sistema judicial.
Escribió el vocal del STJ: «Ese mismo criterio de interpretación debería llevarnos por carácter transitivo a estimar mal desempeño del Fiscal Coordinador que consintió la resolución de Rossi y no impugnó la libertad condicional de Wagner, a cuyo otorgamiento se había previamente opuesto, e incluso nos llevaría al mismo enjuiciamiento de quienes convinieron y sentenciaron el juicio abreviado contra Wagner en Concepción del Uruguay por los dos hechos acaecidos en 2010, acordando una pena de solo 9 años de prisión, más accesorias legales, cuando cada uno de los hechos imputados configuraban delitos que tienen prevista una pena cuyo máximo es de 15 años de prisión o reclusión y su concurso real componía una pena aplicable de hasta 30 años de reclusión o prisión, pudiendo, en todo caso, radicar aquí el error que permite encontrar a Wagner en libertad a la fecha de la desaparición y muerte de Micaela García, y no nos olvidemos del Patronato de Liberados que debía ejercer el control de la libertad de Wagner y, en especial, del tratamiento psicoterapéutico que, por su problemática de violencia sexual y adicciones, expresamente ordenó el Juez Rossi al otorgarle la libertad condicional».
El segundo voto fue de Jorge Campos, uno de los representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos en el Jurado. El exFiscal de Estado votó a favor de iniciar el proceso de jury al juez y entre los puntos que destacó fue que no haya tenido en cuenta los dictámenes de los organismos técnicos, que aconsejaban no otorgarle la libertad condicional a Wagner.
Campos apuntó que «el carácter no vinculante de los dictámenes de los organismos técnicos, no desmerece ni disminuye su importancia, ni disimula su calidad ni descarta su proyección sobre el caso y sus incidencias, habida cuenta de que estamos hablando de sujetos que han incurrido en severas transgresiones legales y a la convivencia social».
Además, el letrado dijo que Rossi ignoró «tantas opiniones técnicas, concordantes y fundadas, que estaban en el expediente, producidas e incorporadas con la aquiescencia del propio magistrado, que proclamaban unánimemente la inconveniencia del otorgamiento del beneficio. A contrario sensu, el juez de la causa lo concedió y el penado por delitos sexuales salió a la calle y volvió a perpetrarlos con el agravante de la culminación en homicidio».
Por ello, manifestó que esa circunstancia no puede ser ignorada «ya que podrían teñir la sentencia de arbitrariedad, comprometiendo de ese modo el buen y normal desempeño del juez, lo que me lleva a sostener que las denuncias deben declararse admisibles, formarse causa, habilitarse el juicio oral y público, dándose intervención al Ministerio Fiscal para que formule la acusación».
El segundo representante del Colegio de Abogados en el Jurado, Roberto Béhéran, coincidió con lo expuesto por Campos. En cuarto lugar se expidió la vocal del STJ Susana Medina de Rizzo, que también resolvió a favor de formar causa contra el juez Rossi. En el mismo sentido se pronunciaron el senador Lucas Larrarte y el diputado Daniel Koch. Todos sustentaron su decisión en que el juez desoyó los informes y dictámenes en contra de la libertad condicional de Wagner.
El último en votar fue Bernardo Salduna, vocal del STJ, y lo hizo en sintonía con Carubia, es decir: pidió desestimar las denuncias. En un extenso dictamen, Salduna remarcó que para analizar el caso se debía separar la decisión de Rossi que benefició a Wagner, del hecho posterior, el crimen de Micaela García.
«Si el juez Rossi cometió una falta al conceder la libertad condicional al condenado Wagner, el acto debe juzgarse en sí mismo», afirmó Salduna y agregó que «no puede afirmarse no puede afirmarse, con certeza que tal crimen no se hubiera perpetrado en caso de haber sido diferente la decisión del juez Rossi».
En esa línea, recordó que Wagner, antes de la libertad condicional, ya contaba con salidas transitorias. «Si el juez Rossi le denegaba el beneficio de la libertad condicional, Wagner no retornaba sin más, al encierro carcelario, sino que continuaba gozando del beneficio anterior. Este sí, otorgado con la anuencia de los informes del Servicio Penitenciario y los cuerpos técnicos. Es decir, potencialmente, estaba en posibilidad de cometer ese y cualquier otro hecho delictivo similar», subrayó el vocal del STJ.
Al igual que Carubia, Salduna mencionó que la decisión de Rossi no fue apelada por la fiscalía. Luego dijo que no puede imputársele el crimen de Micaela García al juez Rossi, ya que «más allá del margen de error, propio de todo obrar humano, y todo decisorio judicial, se encuadró estrictamente dentro de las normas legales -ley 24.660- entonces en vigencia».
Más adelante, el magistrado también analizó que si se avanza contra el juez, también debería hacerse contra otros operadores judiciales, como funcionarios penitenciarios, técnicos y magistrados que «coadyuvaron, sea con su accionar u omisión, a la producción del evento criminal posterior».
En esa línea, el vocal del STJ sentenció: «Es que es todo un sistema el que falla. Y no podemos enfocar la culpa solamente en el magistrado al que le tocó resolver a menos que atribuyéramos su obrar a dolo o mala fé. O que el mismo se encontrase motivado por móviles ocultos o encuadrado en un hecho de corrupción. Aspecto que, no surge de ninguna de las denuncias formuladas. Ni se advierte en algún elemento o circunstancia de la causa».
De todos modos, el jury contra el juez Rossi se abrió con cinco votos contra dos. Ahora el expediente está en manos del procurador Jorge Amilcar García, quien deberá formular la acusación en un plazo de 15 días, que ya está corriendo. (Entre Ríos Ahora)
