César Pérez trabajaba en el puerto de Buenos Aires y se vinculó a una banda colombiana que traficaba droga y lavaba activos en Entre Ríos.
La investigación de una organización que se dedicaba al contrabando de cocaína a Europa reveló la triangulación de narcos colombianos vía Argentina, quienes además invertían en campos en Entre Ríos. La causa que se tramitó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay desbarató el intento de exportación de 114 kilos de droga desde el puerto de Buenos Aires. Y determinó que una pieza clave para la operación era César Oscar Pérez, un fletero de Federal, que entonces trabajaba como supervisor de buques en la empresa Terminales Río de la Plata. El hombre de 57 años estaba prófugo cuando juzgaron a otros tres responsables, hasta que lo detuvieron en la casa de su mamá en el norte entrerriano. El miércoles lo condenaron a ocho años de prisión.
El origen de la investigación se remonta a abril de 2012, cuando asesinaron en Buenos Aires al colombiano Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, alias El Mojarro, con pasado en las FARC y quien había sido jefe de sicarios del narcotraficante Daniel El Loco Barrera Barrera. Saldarriaga se identificaba con el nombre falso de Carlos Brausin García, y había comprado campos en el Uruguay y una propiedad de 18 hectáreas en Arrollo Molino, cerca de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
El Mojarro se había peleado con Barrera y huyendo de sus intentos de asesinato fijó residencia en Argentina, donde organizó una banda delictiva con el fin de transportar estupefacientes a Europa.
El juez federal de Concepción, Pablo Seró, tuvo a su cargo la causa en la que se determinó que el campo de Arroyo Molino estaba a nombre de Gerardo Ruidíaz, mano derecha de Saldarriaga, organizador de distintas células que trabajaban para el contrabando de la droga. Uno de los grupos a su cargo estaba liderado por Pérez.
Todo esto se fue estableciendo a partir de las escuchas telefónicas que comenzaron con Ruidíaz, un fabricante de productos químicos que vivía en Buenos Aires donde tenía un galpón. Siguieron con Fabio Montañana, un profesor de Órgano porteño que se domicilió en Colonia Elía y fue el nexo para la compra del campo de Arroyo Molino. Hablaban siempre de asados y partidos de fútbol, para encriptar sus conversaciones, hasta que se refirieron a remolcadores, por lo que concluyeron que algunos de los partícipes trabajaban en el puerto.
Ruidíaz respondía al colombiano Javier Duque Salazar, y se comunicaba con el entrerriano César Pérez. Este se vinculaba a un compañero de trabajo en la empresa Terminales Río de la Plata en el puerto de Buenos Aires, Ariel Lértora. Entre ambos tenían un conocimiento fino de los movimientos en el lugar de embarque de contenedores, los horarios, las vigilancias y los puntos ciegos de las cámaras.
El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó el 25 de junio de 2013 el allanamiento en la Terminal Portuaria con efectivos de Prefectura Naval Argentina. Hallaron 114,7 kilogramos de cocaína acondicionados en 120 panes distribuidos en seis bolsos, que estaban ocultos en un contenedor que figuraba declarado como vacío por el organismo aduanero, a bordo de un buque de bandera liberiana, próximo a partir.
En ese procedimiento detuvieron a los mencionados Ruidíaz, Lértora, Montañana y a otro empleado de Terminales Ríos de la Plata, Florencio Bogarin. Pero no fue ubicado Pérez y estuvo prófugo más de tres años.
Los primeros cuatro fueron juzgados y condenados en agosto de 2015 a penas de hasta 12 años de prisión por contrabando de estupefacientes y lavado de activos. En noviembre de ese mismo año, luego de extensas tareas de inteligencia, hallaron a Pérez en la casa de su madre en Federal. Según declaró, estaba trabajando de fletero y tramitando la jubilación en Anses. De este modo, lo llevaron a juicio que se desarrolló en agosto ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico y el miércoles recibió la sentencia.
Pérez nunca renegó de haber participado en la operación, pero dio a entender que tuvo un rol menor, y además dijo que nunca eludió la Justicia sino que no sabía que lo buscaban.
El fiscal Marcelo Agüero Vera afirmó: «Pérez no es un intermediario, era quien coordinaba y unía a las partes. Fue organizador principal, nexo entre ambas facciones, logró el ingreso a la Terminal, no todos los integrantes se comunicaban entre sí, sino que era Pérez quien se encargaba de coordinar. Era supervisor de buques, pudo realizar toda la maniobra gracias a su rol dentro de la Terminal. Definitivamente las intervenciones telefónicas demuestran que Pérez fue indispensable, fue un conector entre las partes involucradas».
Los jueces Jorge Pisarenco, Karina Perilli y Luis Imas coincidieron con la acusación en que «Pérez fue organizador principal» de la operación de contrabando y por esto lo condenaron a ocho años de prisión, que cumple en la cárcel de Marcos Paz.
Lavaban la plata sucia en campos de Entre Ríos
Gerardo Ruidíaz fue condenado por la compra y la administración de un campo de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cerca de Concepción del Uruguay, con dinero que provino de un grupo de colombianos vinculados al exjefe de las FARC, Jairo Saldarriaga Perdomo, fruto del comercio de cocaína.
Fabio Montañana, porteño domiciliado en Colonia Elía, Departamento Uruguay, fue el nexo entre los colombianos para realizar la adquisición del campo y darle una apariencia lícita.
Al campo entrerriano la Justicia llegó luego del asesinato de Saldarriaga, más conocido como Mojarro, quien había huido de Colombia tras un intento de homicidio. Es que hacía poco que se había separado de su expatrón, el poderoso traficante Daniel Barrera Barrera, considerado un sucesor de Pablo Escobar, para el cual había actuado como jefe de sicarios. Acompañado de su mujer, vivió en Argentina bajo el pseudónimo de Carlos Brausín García.
Las zona entrerriana de la costa del río Uruguay le pareció apropiada para descansar, alejarse un poco de las balas con su nombre, mientras organizaba su banda para el contrabando de droga a Europa. (UNO)
