Finalmente, este lunes concluyó la paritaria salarial entre los sindicatos entrerrianos y el Ejecutivo, con lo que quedó firme la propuesta del 23 por ciento de incremento cuyo pago se completará en los meses de agosto y octubre, más la elevación del salario mínimo garantizado a 12 mil pesos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) firmó el acuerdo aunque declarándolo «insuficiente», en tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) si bien aceptó lo ofrecido se negó a firmar el acta como una forma de rechazar la «detención injusta y política» de los otros dirigentes gremiales paritarios en el marco de lo que el secretario general, José Ángel Allende, consideró un «reclamo gremial». El gobierno informó que el incremento se oficializará una vez que lo formalicen ambos gremios.
Se cerró este lunes la paritaria salarial de los estatales entrerrianos, con el acuerdo de los dos gremios ATE y UPCN para aceptar la última propuesta presentada por el gobierno provincial del 23 por ciento de incremento total que sumarán a lo ya otorgado, dos cuotas: una en agosto y otro en octubre.
Según detalló el gobierno, la propuesta superadora que contempla lo ya otorgado del seis por ciento en el mes de marzo, más el tres por ciento en mayo, y suma un 10 por ciento para el mes de agosto y un 4 por ciento para octubre. Asimismo, establece elevar el salario mínimo de 9.600 a 12.000 pesos desde el mes de agosto, lo cual supone un incremento superior al 30 por ciento, fue declarada insuficiente pero finalmente aceptada.
El secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, destacó el resultado del proceso que “garantiza un incremento salarial para los trabajadores, que en el año, no será menor que la inflación marcada por el Indec”.
Asimismo, el secretario de Gobierno, Germán Grané, subrayó «la vocación de diálogo de las partes y la escucha mutua», y añadió que “se dio cumplimiento al pedido del gobernador de cuidar a los trabajadores”.
En el marco del diálogo abierto entre el gobierno y los gremios en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, para mejorar la situación de los sectores medios del escalafón, las autoridades provinciales aumentaron algunos adicionales. También se acordó dar inicio durante el mes de julio al debate sobre régimen jurídico básico y al instructivo que regula las recategorizaciones.
Postura de los gremios
“El salario familiar va a ir acompañando los aumentos y a partir de agosto se aplica el mínimo garantizado de 12 mil pesos y los cambios en los códigos”, puntualizó el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, quien manifestó que el porcentaje es “insuficiente” respecto a las expectativas que tenía el sector.
La reunión que comenzó pasadas las 17 en la Secretaría de Trabajo en Paraná y que según se pensaba sería breve, terminó cerca de las 19, ya que en medio de las deliberaciones hubo un cuarto intermedio para que el gobierno brinde una respuesta a los planteos que ATE expuso en la mesa paritaria. Esos puntos quedaron en estudio.
Por qué UPCN no firmó el acta de acuerdo
A diferencia del sindicato conducido por Oscar Muntes, UPCN no firmó el acta paritaria y Allende así lo explicó: “Si bien hicimos todas las reuniones y había una insatisfacción aunque se entendía que esta propuesta se podía apoyar mientras siguiéramos charlando con el Gobierno, planteamos que no vamos a firmar ningún acta mientras tengamos compañeros paritarios detenidos injustamente, políticamente, por un reclamo gremial”.
Tras calificar de “antecedente grave” la detención de los dirigentes de UPCN, el también diputado consideró que lo ocurrido en el Hospital Colonia de Diamante “directamente elimina la protesta gremial”.
Y se preguntó: “¿Dónde está la coacción cuando un grupo de compañeros va a un lugar a hacer la conferencia y donde la misma directora dice que no hubo ningún contacto físico?”
A lo que agregó: “Eso quiere decir que no hay ninguna otra posibilidad que entender que se fue a hacer un reclamo y se tomó por coacción y se judicializó. Ir a hacer una protesta o una movilización reclamando salario o hacer una movilización por condiciones laborales, va a ser coacción porque va a ser exactamente lo mismo”.
En esa línea, Allende señaló que en el acta paritaria “le pedimos a los funcionarios de gobierno que cesen con la hostigación y judicialización de la protesta gremial”.
“Y para que no quede ninguna duda – continuó Allende – no estamos diciendo si la compañera cesanteada es buena o es mala, sino que tiene tutela sindical y para eso primero hay que sacarle la tutela sindical y luego hacerle el sumario que corresponda, y no directamente alguien que no es el agente de nombramiento, que es un director que no tiene facultades, manda a cesantear y a sacarle el reloj para que deje de fichar una trabajadora. Es lo que reclamamos, y es un reclamo gremial no es ninguna coacción ni ninguna presión”, insistió.
“Ahora si quieren que se termine la actividad sindical no sólo para el Estado, sino para todos que nos digan y vamos a ver que si ponemos un kiosco o qué otra actividad desarrollamos”, ironizó.
“Se quiso tapar un hecho más grave”
Cuando Apf le preguntó al secretario general de UPCN por que llevó el planteo judicial a la paritaria salarial con el Ejecutivo provincial, el dirigente indicó que “la causa se inicia en una denuncia de una funcionaria provincial, entonces la justicia tiene que actuar en consecuencia”.
“Confiamos en la justicia y sabemos dónde termina esto, pero la iniciación de esta judicialización, es la denuncia injustificada de una funcionaria que lo que quiso tapar es un hecho más grave que la justicia seguramente lo va a investigar”, agregó. (APF)
